Recuperar el territorio

El pasado 14 de agosto el Gobierno central aprobó —unilateralmente— mantener abierta la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Justificó su decisión por el contexto energético de Oriente Medio y Ucrania. El ministerio no informó al socio de coalición. Esta prolongación de la actividad trastocará el calendario de cierre del conjunto del parque nuclear estatal. Almaraz debía ser la primera central en cerrar de acuerdo con el PNIEC 2021-2030.

La decisión es una respuesta a una petición expresa de las propietarias de la central —Iberdrola, Endesa y Naturgy—. Problemas tan graves como la gestión de sus residuos, su vulnerabilidad derivada de los riesgos climáticos, la magnitud que pueden alcanzar sus accidentes o que constituya un obstáculo para la implantación de las energías renovables han pesado menos que las presiones del oligopolio energético español. Es lo mismo que hubiera hecho el PP.

La central nuclear de Cofrents se diseñó contando que su vida útil sería de 40 años. Lleva ya 41 años operando. La mitad de los reactores de agua en ebullición (BWR) que han sido construidos en todo el planeta ya han sido cerrados (60 en activo y 53 cerrados). Esta tecnología es vulnerable ante sequías y otros episodios climáticos extremos como los que han obligado a detener su actividad en Francia. Cofrents tiene una concesión de hasta 34 hectómetros cúbicos de aguas del Xúquer, equivalente al consumo de una población de 727.740 personas, de acuerdo con el consumo de agua promedio que recoge el INE. Está previsto su cierre el 30 de noviembre de 2030. El PP valenciano ya ha pedido su prorroga.

Otro ejemplo de discrecionalidad es la ampliación del Puerto de València, que condena a la desaparición a l’Albufera. Pese a que su Declaración de Impacto Ambiental, que fue aprobada en 2007, ha quedado obsoleta, las obras de ampliación, cuya vigilancia corresponde al MITECO, continúan. El 14 de diciembre de 2023 se anunció que el Consejo de Ministros autorizaría la licitación de las obras por importe de 656 millones de euros. Fue celebrado por el ministro Óscar Puente brindando con cava junto a Carlos Mazón, el negacionista climático entonces aún presidente de la Generalitat Valenciana.

Si las opciones políticas que se han alternado en los gobiernos dejan de diferenciarse lo suficiente para que se perciban cambios reales, no es extraño que la ciudadanía se aleje. Las diferencias, es cierto, son aún notables en cuanto a la defensa de los derechos sociales. Pero, cuando por medio están los intereses de poderosos lobbies, de grandes fondos de inversión —sí, me estoy refiriendo a la vivienda y a la energía—, las distancias son menores. Tanto que, por ejemplo, para algunas personas que no consiguen una vivienda digna, la defensa de la democracia deja de ser una prioridad: es más perentorio encontrar dónde vivir.

Se atribuye a Margaret Thatcher haber reiterado que su mayor logro fue “Tony Blair y el Nuevo Laborismo. Hicimos cambiar de mentalidad a nuestros oponentes”. La Tercera Vía del primer ministro británico fue, además, el modelo para toda la socialdemocracia a escala global.

Hay que agradecer a Thatcher que se reivindicara a sí misma como responsable de que el New Labour asumiera el neoliberalismo. Así no queda duda de a quién corresponde la responsabilidad inicial por el caos que la aplicación política de las propuestas de la Escuela Austriaca de Economía y de la Escuela de Chicago ha dejado. La escasa diferenciación en la aplicación de la ortodoxia económica entre la socialdemocracia y la derecha está en el origen de la crisis global de las democracias.

La ficción en que se había convertido el contrato social se derrumbó tras la pandemia de la COVID-19 y la inflación sostenida que comenzó en 2020. Pero la causa era anterior. El catalizador fue la mayor quiebra del capitalismo desde 1929, iniciada por el impago de las hipotecas subprime en EE. UU. en 2008. Fue especialmente grave en los Estados que tenían sus cuentas públicas en peor situación.

En España, pese a contar entonces con unas buenas cifras macroeconómicas, las consecuencias fueron devastadoras: la deuda se multiplicó por tres, las cuentas públicas fueron controladas desde Bruselas, la austeridad desembocó en recortes sociales, se paralizaron infraestructuras y equipamientos necesarios que aún no se han recuperado. El resultado de haber convertido el territorio en un producto financiero fue la creación de una enorme burbuja especulativa.

El coste del rescate del sistema bancario español ya había superado los 74.000 millones de euros según Eurostat en 2024. La cifra se revisará en 2027. Entre sus consecuencias está haber dejado en mínimos inversiones como las viviendas públicas de alquiler tasado.

La modificación en 2011 del artículo 135 de la Constitución, que pasó a priorizar el pago de la deuda, fue votada conjuntamente por el Gobierno socialdemócrata y la derecha conservadora. Marcó un punto de inflexión que certificó cómo la ortodoxia económica liderada desde el Banco Central Europeo se imponía.

Aunque debilitados, los dos partidos continúan alternándose en el Gobierno central desde 1982 y constituyen una excepción en la Unión Europea. Lo explica, por una parte, el sistema electoral; por otra —a mi juicio, determinante—, las dimensiones de sus estructuras profesionales internas, creadas a partir de los años 80 del pasado siglo.

Ha habido alternativas en la izquierda y en la derecha: Podemos llegó a superar los setenta escaños y Ciudadanos los cincuenta. Posiblemente, con una mayor base territorial, hubieran resistido con menor coste electoral los ataques de los que fueron objeto.

En el espacio político transformador, lo más notable es la consolidación de las izquierdas arraigadas al territorio. Adelante Andalucía el pasado 17 de mayo obtuvo 8 escaños y el 9,62%, frente a 1 escaño en 2022. CHA, por su parte, este pasado febrero, alcanzó los 6 escaños y el 9,7% en Aragón. Son formaciones en ascenso. Como lo son otras más consolidadas, caso de Compromís o el BNG, a las que las encuestas sitúan por encima del 20%. Veamos el porqué.

Quedémonos con esta clave: la conexión fuerte con el territorio y con todas las personas que lo atraviesan o habitan. Una fuerza de base territorial debe responder ante sus habitantes si el territorio se degrada. En consecuencia, se han convertido en fuerzas políticas que han asumido como fundamental preservar un medioambiente sano y afrontar sin más dilaciones la emergencia climática.

Hoy, esta debería ser la principal línea de diferenciación entre los partidos: es la que en mayor medida va a determinar el futuro. Es la traslación a la política del axioma ecologista: “piensa globalmente, actúa localmente”.

El Gobierno de Tony Blair encargó uno de los primeros informes sobre los costes del cambio climático antrópico: el Informe Stern. Entre sus principales conclusiones, publicadas en 2006, destacaba el coste de las medidas de mitigación necesarias para evitar un cambio climático catastrófico: alrededor del 1% del PIB —el propio Stern tres años después revisó al alza esta cifra hasta el 2%—. También el de no aplicarlas, que estimó entre un 5% y un 20% del PIB según el rango de riesgos ponderado.

La inacción climática es, también, la peor decisión económica. Cada año que se toman decisiones que retrasan la transformación energética, territorial, industrial, económica y social perdemos un tiempo que ya no tenemos. Ya no hay margen para una errónea asignación de recursos. No pueden seguir determinando la agenda los oligopolios. Hay que aplicar con urgencia las propuestas de la comunidad científica. Las frivolidades —los terraplanismos lo son— tienen unos costes inasumibles que ya ha sufrido el pueblo valenciano.

Las fuerzas políticas que han incorporado con mayor intensidad la dimensión ecológica como dimensión material son las que hoy pueden cambiar derivas que parecen, en otros Estados, inevitables. No lo son en absoluto si la ciudadanía disputa a los oligopolios el modelo material con el que construir el futuro. Lo que es incuestionable es que, o actuamos ahora, o no habrá ocasión de hacerlo.