La estrategia del Gobierno valenciano de ultimátums y desprecio a los docentes fracasa y lleva la huelga a su tercera semana

¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Dos semanas de huelga sin visos de acabar, cientos de concentraciones frente a los colegios y edificios de la administración, manifestaciones multitudinarias, pérdida de miles de euros por parte de los docentes que ejercen su derecho a la huelga, más de un centenar de centros educativos con sus equipos directivos dimitidos, dos mil colegios e institutos sin funcionamiento durante dos semanas y una comunidad educativa exhausta, decepcionada y frustrada con una administración que consideran no les respeta ni les pone en valor.

La estrategia de ultimátums y mano dura del Gobierno valenciano no solo no ha acabado con una huelga que está teniendo un importante impacto, sino que ha cabreado aún más a las profesoras y maestros que el sábado reventaron València en otra manifestación histórica por la educación pública. La pasada semana, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acusaba en las Corts Valencianes a los docentes de dejar “a los niños en los patios mientras los profesores están en las aulas sin querer atenderles”. Su consellera de Educación, María Carmen Ortí, en un micro abierto por error aseguraba sin pruebas que los profesores huelguistas “maltratan” a los que no secundaban la huelga, mientras que el PP insinuaba que la comunidad docente abusa de las bajas laborales con datos totalmente sesgados.

Tres actitudes poco conciliadoras que evidencian hasta qué punto el Consell calculó mal la dimensión del conflicto y acabó convirtiendo una negociación laboral compleja en una crisis política de gran magnitud. Porque la estrategia del Gobierno valenciano durante estas dos semanas ha pivotado sobre una idea que, por ahora, no se ha cumplido: que el desgaste económico de una huelga indefinida, el cansancio y la presión social acabarían fracturando al profesorado y forzando a los sindicatos a aceptar una salida de mínimos.

Ha ocurrido lo contrario. El rechazo de más de 40.000 docentes a la “última oferta” de la Conselleria de Educación no solo mantuvo vivo el conflicto, sino que reforzó la posición de los docentes. El dato, especialmente incómodo para el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca, desmontó uno de los principales argumentos del PP valenciano: que la protesta estaba sobredimensionada por los sindicatos y no respondía al sentir mayoritario de las aulas. La votación demostró justo lo contrario. Incluso organizaciones poco sospechosas de posiciones maximalistas como ANPE o CSIF han mantenido el apoyo a la huelga y a las reivindicaciones iniciales.

El problema para el Consell es que, once días después, la protesta ya no gira únicamente alrededor de salarios, ratios o mejoras laborales. La sensación de agravio se ha instalado en buena parte de los centros educativos tras una sucesión de declaraciones públicas que el profesorado ha vivido como ataques directos.

La magnitud de la contestación también ha sorprendido a un Gobierno que lleva seis meses y que pensaba que la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana iba a bajar la temperatura en las calles. Las movilizaciones de la pasada semana, con miles de personas en las calles de València y protestas prácticamente diarias frente a centros educativos y sedes de la administración, evidencian una capacidad organizativa inusual y mucho cabreo. A ello se suma otro elemento especialmente sensible para el Ejecutivo: la dimisión de equipos directivos en más de un centenar de colegios e institutos.

Mientras tanto, el Consell ha empezado a lanzar mensajes contradictorios. Por un lado, Pérez Llorca ha insistido públicamente en que “siempre habrá negociación” y ha evitado cerrar del todo la puerta a un acuerdo. Pero, al mismo tiempo, la Conselleria de Hacienda se mantiene como principal freno a cualquier mejora sustancial de la propuesta económica. Diversas fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan a que Educación ha intentado explorar algún margen adicional, pero se ha encontrado con un bloqueo presupuestario interno que dificulta ofrecer algo suficientemente atractivo como para desactivar el conflicto.

Esa contradicción explica parte del atasco actual. La consellera Ortí pidió el viernes a los sindicatos una nueva propuesta, pero las organizaciones convocantes sostienen que sus demandas son exactamente las mismas desde el primer día: homologación salarial progresiva con otras autonomías, reducción de ratios, mejoras organizativas y retirada de determinadas medidas impulsadas unilateralmente por el departamento educativo. “No somos nosotros quienes hemos cambiado las condiciones”, repiten fuentes sindicales, que consideran que el Ejecutivo intenta reiniciar la negociación sin mover sustancialmente su posición.

La situación deja al Ejecutivo valenciano atrapado en una posición incómoda. Ceder ahora en materia salarial o de ratios podría interpretarse como una rectificación tras semanas de confrontación y desgaste político. Y aun en caso de alcanzar un acuerdo, el nivel de indignación del cuerpo docente, unos 76.000 empleados públicos, es tan grande que le podrían pasar factura en las elecciones del año que viene. Pero mantener la estrategia de firmeza también tiene costes crecientes: una huelga prolongada, un deterioro evidente del clima educativo y un relato que empieza a asentarse entre parte de la opinión pública según el cual el Consell ha perdido el control del conflicto.

Con el undécimo día de huelga en marcha, el problema ya no es únicamente educativo. Es una crisis política sobre la autoridad, la negociación y la capacidad de gestión de un Gobierno que apostó por el ultimátum y la mano dura y se encuentra ahora negociando desde una posición de debilidad. El daño a la educación pública ya está hecho.