La izquierda, Ens Uneix y el PP tumban la propuesta de 'prioridad nacional' de Vox en la Diputación de València
Unidad en la Diputación de València para tumbar las medidas xenófobas de Vox. Todos los partidos de la izquierda, los municipalistas de Ens Uneix y el PP han rechazado la moción que el grupo ultra presentaba este martes en el pleno, en línea con su estrategia de “prioridad nacional” en las ayudas sociales.
Los populares de Vicent Mompó han presentado una enmienda al texto ultra, para sustituir la “prioridad nacional” por una demostración de “arraigo” para no vincularlas exclusivamente al nacimiento, pero no ha contado con ningún apoyo. Finalmente, los diputados del PP han votado en contra, junto con PSPV, Compromís y Ens Uneix.
La vicepresidenta de la institución, Reme Mazzolari, ha defendido que se está “hablando de arraigo real, de contribución” y que estas dos cuestiones “tengan peso a la hora de otorgar viviendas o ayudas estructurales a quien lo necesite”. “No es una cuestión de origen”, ha continuado, además de exponer que el PP defiende “la inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral” y dice “no a regularizaciones masivas, remigraciones masivas y a soluciones que vulneren la Constitución”.
La número 3 de la Corporacíon, Natalia Enguix, representante de Ens Uneix, ha subrayado en un comunicado que su formación “votará en contra de cualquier propuesta política que perjudico la población inmigrante”. Enguix ha defendido el acceso universal de la ciudadanía a los pilares básicos del bienestar social, argumentando que “todas las personas tenemos derecho a los servicios públicos, a los servicios sociales, a la vivienda, en la educación o a la sanidad”. La portavoz ha incidido que “nadie es más que otro. Todas las personas somos iguales y por eso defenderemos la igualdad de todas las personas que viven en nuestro país”.
Los partidos de la izquierda han sido mucho más severos. El diputado del PSPV Vicent Mascarell denunciaba: “No estamos hablando de prioridad, estamos hablando de segregación, de inhumanidad y de racismo”, mientras la diputada de Compromís Dolors Gimeno ha señalado la “xenofobia con sello institucional”, de “racismo de pulserita” y de “un discurso peligrosísimo” y ha criticado que se pretenda “engañar” a la gente no señalando “la falta de inversión en los servicios públicos” y “la mala gestión” sino apuntando a “quien es diferente y pobre”.
El texto de Vox, siguiendo su línea argumental, vinculaba la inmigración al colapso de los servicios públicos y a la delincuencia. También aseguraba que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España era una medida electoralista cuya finalidad sería obtener votos para la izquierda en las próximas elecciones. Vox planteaba en su moción que la corporación provincial instara al Gobierno central a “repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal” en España, y aseguraban sus diputados: Las políticas de “fronteras abiertas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez están provocando el colapso de los servicios públicos, el deterioro de la seguridad ciudadana y una creciente presión sobre la vivienda y los recursos sociales”. Una afirmación que nadie ha apoyado.
La ultraderecha ya trató de presentar una medida contra el burka hace unas semanas, pero se topó con el rechazo de los responsables jurídicos de la Cámara, que consideraron su planteamiento irregular. Vox quiso prohibir el acceso a las dependencias de la institución provincial de personas “con prendas que oculten total o parcialmente el rostro”, por el secretario de la Corporación apuntó en un informe que la medida supondría una “limitación del ejercicio de un derecho fundamental” disconforme con el ordenamiento jurídico español, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2013.
Tras la rectificación y una autoenmienda, el grupo ultra volvió a llevar la medida al pleno de abril, donde sí obtuvo el apoyo del PP y la abstención de Ens Uneix.