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Opinión - ¿Y ahora qué? Por Marco Schwartz

Segundo varapalo judicial para el PP de Torrevieja: no logra desbloquear el pleno de los presupuestos recurrido por Los Verdes

El Partido Popular de Torrevieja ha sufrido un nuevo correctivo judicial en solo cinco días a cuenta de los presupuestos. El Juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche ha decidido mantener las medidas cautelarísimas solicitadas por Los Verdes el pasado 16 de julio y que provocaron la suspensión de la convocatoria de pleno el pasado lunes, cuando el gobierno en solitario de Eduardo Dolón tenía previsto sacar adelante el presupuesto de 117 millones de euros.

El juez rechaza el recurso del alcalde Dolón contra el regidor de la oposición Israel Guijarro, al que criticó duramente en una rueda de prensa el mismo lunes por “presentar una demanda totalmente sesgada” y actuar “de mala fe”. A juicio del también diputado provincial del PP, el edil de Los Verdes “falseó, mintió y no aportó la documentación completa” para llevar al juez a adoptar la cautelarísima. “Con toda la responsabilidad que se puede generar de este procedimiento, este Ayuntamiento y este equipo de gobierno vamos a ir directamente contra este concejal”, llegó a decir el primer edil.

Ahora, la justicia falla en contra del gobierno de Dolón y da la razón a Guijarro al entender que se habían “vulnerado frontalmente” sus derechos fundamentales (y los de la ciudadanía) en el acceso a la información y participación pública sobre el documento de los presupuestos, al tramitarse durante el estado de alarma.

En el nuevo auto, el magistrado contradice los argumentos del consistorio de Torrevieja de que en la tramitación de los presupuestos municipales no resulta de aplicación la suspensión de los plazos administrativos previsto en el real decreto del estado de alarma, y añade que “un principio de seguridad jurídica y de prudencia –dadas las excepcionales circunstancias en que nos encontrábamos– aconsejaba motivar por qué se abría un plazo de tal trascendencia en plena suspensión de plazos ordenada por un real decreto del Gobierno de España y aplicable a todo el sector público”.

Por ello, el juez Augusto González Alonso establece que “no procede el levantamiento de la medida cautelarísima adoptada, debiendo el Ayuntamiento de Torrevieja proceder a abrir, una vez levantada la suspensión de todos los plazos administrativos, el trámite de exposición pública legalmente exigido”.

Este nuevo auto, contra el que el PP puede presentar recurso de apelación, va a suponer para el gobierno municipal una demora en la aprobación de las cuentas que contemplaban un gasto de 25 millones anuales para la nueva contrata de basuras que se está licitando y que está en el punto de mira de la oposición por estar tramitándose a través de una mesa de contratación a la carta confeccionada por el propio Dolón.