Claro que hay que construir, la pregunta es cómo

En la fábula de Esopo, una zorra hambrienta merodea una parra. Querría hincarle el diente a un racimo de uvas, pero están demasiado lejos; fuera de su alcance. Cansada de intentarlo, la zorra cambia de opinión: “Puagh, seguro que están avinagradas”. Y se marcha.

¿No nos pasa a las sociedades occidentales algo así como a esa zorra? A falta de un futuro que podamos imaginar a nuestro alcance, nos hemos convencido de que el que vendrá se ha puesto malo y no merece la pena ni salir a buscarlo.

De otra manera no se explica el manifiesto que ha publicado esta semana Thomas Piketty, uno de los economistas más relevantes de nuestro tiempo. En él, propone crear un impuesto global a la riqueza para nutrir un “Fondo de Justicia Global” –una especie de nuevo organismo supranacional encargado de redistribuir en torno al 10% del PIB mundial–; la convergencia de todos los países hacia una renta de unos 5.000 euros mensuales per cápita en 2100 –lo que implica poner un techo durísimo al crecimiento de los países ricos—; una reducción de la jornada laboral a la mitad; el trasvase del empleo hacia la educación, la sanidad y los servicios públicos, que absorberían el 43% de las horas trabajadas; y una serie de cambios en la dieta que permitan devolver los bosques a su extensión de 1900.

Una durísima agenda decrecentista con dos objetivos: conseguir una reducción drástica de la desigualdad –hasta el punto de que la mitad más pobre del planeta pase de poseer el 2% de la riqueza mundial al 30%, mientras los milmillonarios desaparecen– y mantener el calentamiento en 1,8 grados a final de siglo.

Dejemos incluso a un lado lo evidente: nada de esto puede hacerse sin un consenso planetario –dentro de los países y entre todos ellos– que hoy no existe ni se le espera. Lo que de verdad es extraordinario es esto otro: que 45 de las mejores cabezas de nuestro tiempo se hayan reunido a imaginar el año 2100 y que de ese ejercicio no haya salido ni una sola idea de futuro que sea mejor que el presente. Lo más parecido a una utopía que han sabido dibujar estos autores es esto mismo, pero administrado: la misma renta que hoy tiene un estadounidense, repartida con justicia y a salvo del clima. Hay quien pensará que es lo máximo a lo que cabe aspirar. Pero yo no me lo creo. Creo que no es que las uvas estén amargas, sino que simplemente nos hemos convencido de que no las podemos alcanzar.

Algo de esto viene de lejos. Los estados del bienestar que Occidente levantó tras la Segunda Guerra Mundial fueron, durante décadas, una formidable máquina de producir futuro: sanidad y educación universales, universidades llenas de hijos de trabajadores y parques de vivienda en expansión. Pero hacia los años noventa aquella máquina había alcanzado ya la mayor parte de sus objetivos y la política descubrió que con la meta cumplida se le había agotado también el mapa. Se quedó sin una teoría del cambio: sin una idea articulada sobre cómo se fabrica el porvenir.

El hueco lo ocupó otra teoría, la del Estado pequeño, que delegaba en el mercado la tarea de traer el progreso. Pero aquel mecanismo también murió, en 2008, sepultado bajo los escombros de Lehman Brothers. Y aquí estamos, casi dos décadas después de aquella crisis, sin que ni la izquierda ni la derecha hayan repuesto el instrumento perdido. Ninguna tiene hoy una teoría del cambio, ni un método para transformar la sociedad y no solo para gestionarla.

Huérfanos de ese instrumento, los partidos centrales del sistema —los que deberían liderar el progreso— ya no saben hacia dónde conducirnos. Y se han ido refugiando en la crítica de su propio funcionamiento: en la denuncia del adversario y en la promesa cada vez más modesta de que las cosas, al menos, no empeoren. De ofrecer un destino la política ha pasado a ofrecer un resguardo frente al colapso.

La paradoja de todo esto es que es exactamente esa deriva la que nos conduce al colapso. Y es que todas nuestras instituciones —las pensiones, la dependencia, la solidaridad intergeneracional, la movilidad social– necesitan para existir una idea compartida de progreso. No necesariamente de progreso material, pero indudablemente de progreso compartido: una razón última para caminar y construir juntos; una apuesta por nuestras propias capacidades; la convicción de que somos dueños de nuestro destino, y no solo víctimas en manos de grandes amenazas.

Cuando no somos capaces de parar esta tentación en su infancia, estas ideas se filtran hasta cada rincón del debate político. Estas semanas, por ejemplo, en Twitter, distintos líderes de opinión se han enzarzado a propósito de la vivienda: si es preferible construir obra nueva o limitarse a regular los usos y la fiscalidad de la que ya existe. Y en ese pleito ha ganado tracción una idea sorprendente: que construir vivienda hace subir los precios y que, por tanto, lo mejor es no construir nada. 

¿Es esto cierto? Desde luego que no. Es un espejismo que solo se sostiene si solamente prestamos atención al ciclo 1990-2008. Pero en España se construyó más que nunca en los sesenta y en los setenta sin que se produjera esa correlación y, al contrario, en los últimos diez años no se ha construido nada y el precio no ha dejado de subir. Si se amplía el foco a los últimos 75 años, la correlación se esfuma. Y se esfuma porque la vivienda no funciona como un bien de mercado corriente, como he argumentado por aquí alguna vez, sino como un stock: cada vivienda es, en el fondo, es una pequeña participación en la propiedad de una ciudad. Cuando los países hacen una ampliación de ese capital y prometen que sus acciones se revalorizarán hasta el infinito –que fue lo que pasó en la burbuja hipotecaria– los precios suben. Pero si no lo promete, no lo harán. Lo que encarece la vivienda no es construir: es la expectativa, alimentada por todos, de que sea un activo que nunca baja.

Dicho de otra manera: claro que se puede y se debe construir. No solo porque es posible, sino porque es necesario. Y no para que bajen los precios, sino para recuperar la ambición de construir el futuro.

¿Qué herramientas podemos encontrar, en el siglo XXI, cuando los estados no son lo que eran en 1970, cuando las organizaciones que construyeron el parque actual —fundaciones, cajas de ahorros, universidades, empresas, la iglesia–- ya no están en disposición de encargarse? La pregunta no es si debemos o no construir. La pregunta es cómo.