La gran transferencia

“Llega un punto en el que da la sensación de que más que pagando a una persona por una casa, lo que estás es pagándole un sueldo”. Hace unos días, Ainhoa Díaz y Raúl Sánchez publicaron en estas páginas un análisis sobre las transferencias de renta que todos los años los arrendatarios hacen a los arrendadores en España.

Es un trabajo extraordinario, imprescindible, por los testimonios que incorpora, por los datos que aporta —como que la cantidad que los arrendatarios pagan cada año asciende a 28.000 millones de euros—, pero sobre todo porque pone nombre a la realidad económica central de la sociedad del siglo XXI: la gran transferencia.

Y es que cada año, en todos los países de Occidente se repite la misma operación: una parte de la población entrega a otra un porcentaje creciente de sus ingresos a cambio de poder vivir en algún sitio. Como explican Díaz y Sánchez, la mayoría de los pagadores son jóvenes y más pobres, mientras que la mayoría de los receptores son personas mayores que les doblan la renta. Para centenares de millones de personas, esa transferencia es el acto central de su vida económica: la primera preocupación y la que ordena todas las demás decisiones —dónde vivirán, si estudiarán, si comerán carne esta semana, dónde irán de vacaciones o si sus hijos tendrán clases de apoyo.

Lo que el trabajo de Díaz y Sánchez no alcanza a decir es que esa gran transferencia no se agota en el alquiler; no se limita a los arrendamientos. Quien compra hoy un piso por seis, diez o veinte veces lo que pagó su anterior propietario está haciendo exactamente lo mismo que los arrendatarios: una gran transferencia al vendedor, solo que con la ayuda del banco y a pagar en treinta o cuarenta años de hipoteca.

Y alguien podría pensar que esto siempre ha sido así, que todas las generaciones tuvieron que invertir una parte de sus ingresos para pagar su casa; es normal que la gente tenga que pagar por su piso. O que quienes se esforzaron para comprar su casa tienen derecho a recibir una retribución por su inversión. Hay una historia moral que nos han contado muchas veces sobre cómo nuestros padres se esforzaron y ahorraron para comprarse un piso (y entonces, hemos de leer entre líneas, tienen derecho a que ahora alguien les pague por ese piso mucho más dinero del que les costó).

¿Pero en qué debería consistir esa retribución? Lo justo sería que cada generación pagara por una vivienda lo que costó en su día, actualizado por el IPC —como se hace con las pensiones— o, siendo más generosos, por lo que hayan crecido los salarios o el PIB per cápita.

Lo que ha ocurrido es otra cosa: el precio de la vivienda ha crecido muchísimo más deprisa que cualquiera de esas referencias. Y esa diferencia no tiene nada que ver con lo que hayan hecho sus propietarios: está provocada por un pacto político que quiso que una generación pudiera enriquecerse comprando una casa.

En esto consiste la gran transferencia: En que los adultos de hoy materialicen la promesa de progreso que el Estado le hizo a sus padres hace 40 o 50 años, aún en una economía que lleva décadas sin crecer lo suficiente para cumplirla.

Para hacer realidad esa promesa, las generaciones de trabajadores actuales llegan a pagar 8 veces más por su casa que las que compraron en el siglo XX. Y por esta razón hoy en los hogares se trabajan más horas que hace 50 años, a pesar de los incrementos de la productividad que se han producido en este tiempo.

Mucho más allá de un problema moral evidente, la gran transferencia presenta dos inmensos problemas para la sociedad. El primero, es evidente, es que es insostenible: es un gigantesco esquema ponzi. Aunque se ha vuelto un lugar común pensar que el precio de la vivienda no dejará de crecer, la realidad es que hay un límite físico al número de horas que una familia puede dedicar a pagar por su casa. Más tarde o más temprano –yo diría que más temprano– los precios dejarán de subir a esta velocidad, la ecuación se dará la vuelta y una generación no podrá vender por más de lo que compró. Algunos datos sobre el mercado inmobiliario global apuntan a que podríamos estar muy cerca de ese momento.

El segundo problema, no tan evidente, tiene que ver con el mundo que estamos haciendo. Hace 40 o 50 años, cuando se construyó el parque de vivienda actual, comprar una vivienda era un acto de futuro. Se pagaba al constructor, los salarios de los obreros que levantaban el edificio, el del arquitecto que lo firmaba, los materiales que se estaban utilizando o los muebles que llenarían las habitaciones. Nadie pagaba apenas nada por el suelo, que a menudo era público y había sido cedido, ni había un capital ocioso esperando llevarse una parte del beneficio, porque también la financiación a menudo partía de las cajas de ahorro y otras iniciativas sin ánimo de lucro. La inversión que hacían nuestros padres ponía en marcha empresas e impulsaba un país: era una transferencia que una sociedad se hacía a sí misma para seguir avanzando.

Hoy la compraventa de vivienda no pone en marcha nada. Cada vez que un joven firma una hipoteca, el dinero que pone encima de la mesa pasa a retribuir algo que ocurrió hace muchos años: o bien el capital del comprador original, o bien el del financiador de turno, o bien el del propietario del suelo.

No se explica que la economía europea esté estancada —mucho más cuando la ciencia, la comunicación, la cultura y otros ámbitos de la vida no dejan de avanzar— sin hacerse cargo de este fenómeno. La gran transferencia se ha convertido en una forma de pagar una deuda —ficticia— con el pasado. Una que nos está dejando sin recursos para invertir en lo que está por venir.