Tres de los cinco presidentes de las Corts con el PP han tenido problemas con la justicia: condenas por corrupción y agresión sexual
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El Partido Popular de la Comunitat Valenciana no tiene suerte con las personas que nombra para la presidencia de las Corts Valencianes. Tampoco para la presidencia de la Generalitat, con la excepción de Alberto Fabra, quien salió libre de polvo y paja pese al cierre de Canal 9 y al rescate con dinero público de la empresa privada que organizó la Fórmula 1. Con la condena a un año y medio de prisión por agresión sexual a una paciente impuesta a Julio de España, presidente de la cámara valenciana entre 2003 y 2007, ya son tres de los cinco políticos conservadores que ostentaron el segundo cargo más importante de la Generalitat los que se enfrentan a serios problemas con la justicia.
La primera fue Milagrosa Martínez, presidenta de las Corts entre 2007 y 2011, quien fue condenada a nueve años de cárcel por recibir regalos de la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones cuando era consellera de Turismo. El Tribunal Supremo ratificó la condena del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho. Entró en la cárcel de Villena en mayo de 2018. Milagrosa Martínez vivió uno de los momentos más convulsos de las Corts Valencianes, cuando estalló el caso de corrupción Gürtel que salpicó al expresidente Camps y sobre el que finalmente se archivaría la causa.
Juan Cotino, el que fuera director de la Policía Nacional con José María Aznar, fue presidente de las Corts entre 2011 y 2014, cuando dimitió por motivos personales. Meses después de su salida fue imputado por los contratos con la trama Gürtel por la visita del Papa a València y, en 2018, en el caso Erial contra el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana; en concreto, por pagar mordidas al político de Benidorm en Luxemburgo coincidiendo con su cargo al frente de la policía española. Cotino falleció de covid-19 en 2020 y todas sus posibles responsabilidades penales quedaron extinguidas.
La semana pasada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante condenó a un año y medio de prisión a Julio de España. Los magistrados consideran probado que el facultativo incumplió la lex artis médica al tocar los genitales a una paciente —que además era enfermera— durante la exploración a la que la sometió en una clínica privada de Alicante el 7 de agosto de 2023. El mismo tribunal lo absolvió respecto a la denuncia de una segunda paciente.
Por esta condena, tanto el PSPV-PSOE como Compromís han solicitado a las Corts Valencianes que retiren el cuadro homenaje a Julio de España que cuelga de las paredes de la Sala Dorada de la cámara valenciana y que está justo al lado del hueco que dejó el cuadro retirado de Milagrosa Martínez, que a su vez compartía espacio junto al de Juan Cotino. Curiosamente, ninguno de los tres cometió los delitos que se le atribuyen en el ejercicio del cargo de segunda institución de la Comunitat Valenciana.
La estadística en el caso del PP de problemas con la justicia, tres de cinco presidencias, contrasta con la de los otros partidos que han representado el cargo y que no han tenido ninguno: PSPV-PSOE, Unió Valenciana, Compromís y Vox, actualmente en ejercicio.
En el caso de los presidentes de la Generalitat, el PP no ha tenido mejor suerte: dos, José Luis Olivas —ya fallecido— y Eduardo Zaplana, han sido condenados a prisión por delitos de corrupción.