Profesorado indignado
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Pulso educativo a la política del Consell que preside Pérez Llorca
La huelga de la enseñanza pública se convierte en una movilización de masas
Los profesores vaciaron las aulas e inundaron las calles. El impacto inicial de la huelga indefinida convocada en la enseñanza pública valenciana por el STEPV, CC OO, UGT y CSIF, a la que después se sumó ANPE, dejó claro que la cosa iba muy en serio, para sorpresa de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y de su equipo en un departamento que desde la época de su antecesor, José Antonio Rovira, da la impresión de no entender al sector, su estado de ánimo y sus aspiraciones.
No es solo un asunto salarial, aunque el sueldo del profesorado valenciano haya quedado en el furgón de cola de las comunidades autónomas, sino también de condiciones y de dignidad. “¿Cómo no van a pedir legítimamente profesoras y maestros una bajada de ratios o una subida de sueldos si Pérez Llorca ha disparado en un 30% los puestos de asesores en su Consell y su consellera de Educación ha incrementado el salario un 8% a su cuerpo funcionarial?”, escribía Sergi Pitarch para explicar los motivos de la huelga educativa, en alusión al hecho de que la titular de la cartera ha mejorado la retribución del cuerpo de inspectores, del que ella misma procede, pero ha racaneado una subida salarial similar al conjunto del profesorado.
Abrumado por la demostración masiva en la que se estaba encarnando la huelga docente, al Gobierno que preside Juan Francisco Pérez Llorca no se le ocurrió nada mejor que enviar una carta de la consellera de Educación a las familias de la enseñanza pública en la que defendía su gestión, apuntaba a los profesores de segundo de bachillerato con el argumento de que el paro podía perjudicar a los alumnos en las pruebas de acceso a la universidad y sostenía que “ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical”. El PSPV y Compromís anunciaron que denunciarían la carta a la Agencia de Protección de Datos y el eurodiputado valencianista y exconseller de Educación, Vicent Marzà, registró una denuncia similar ante la Comisión Europea al considerar que el envío vulnera el Reglamento General de Protección de Datos.
Pérez Llorca dijo estar dispuesto a atender las demandas de los profesores, más de 78.000 en un sistema educativo con unos 810.000 estudiantes. Y la Conselleria de Educación se sentó con los sindicatos a negociar con una propuesta insuficiente para sus reivindicaciones, consistentes en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, la derogación inmediata de la denominada Ley de Libertad Educativa, más conocida como “ley Rovira”; ratios más bajas de alumnos por aula y recursos suficientes; menos burocracia y mejora de la salud laboral del profesorado; infraestructuras educativas dignas y recuperación de los presupuestos recortados, así como apoyo decidido a la enseñanza en valenciano. Marc Candela, del STEPV, miembro del comité de huelga, ha explicado con detalle estas reivindicaciones del profesorado en el podcast Animals Polítics, que conducen Ignacio Blanco y Aurora Mora.
Atrapada en una huelga histórica, tras heredar la gestión y el equipo de José Antonio Rovira, uno de los consellers más conflictivos -a quien Pérez Llorca ha situado después en Hacienda, quién sabe si como premio a su gestión-, la consellera Ortí hizo una primera propuesta a los sindicatos que pretendía dejar de lado la subida salarial del profesorado. Los sindicatos convocantes la rechazaron. Eso ocurrió el jueves y se emplazaron las partes el lunes a una nueva reunión. Mientras tanto, como ha señalado Miguel Giménez en su información, los representantes del profesorado consideraron “insultante” el documento propuesto por la Generalitat, que indignó a los docentes a escasas horas de una gran manifestación unitaria convocada en València.
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