Carmen Ortí, atrapada en una huelga histórica en medio año como consellera
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Carmen Ortí (Xirivella, 1966) es una mujer que conoce la Conselleria de Educación desde las entrañas. Diplomada en profesorado y licenciada en psicopedagogía, ha sido profesora, directora de un centro de formación al profesorado, inspectora de educación y subdirectora en la conselleria. Por eso resulta tan extraño que su perfil, acogido con cierto entusiasmo tras el conflictivo José Antonio Rovira, se vea atrapada con la primera huelga del profesorado en cuarenta años llevando solo seis meses en el cargo.
Ortí, de arraigo en el PP, fue de los primeros perfiles en incorporarse al Consell cuando Carlos Mazón ganó las elecciones autonómicas. Su marido fue nombrado director del Instituto Valenciano de Finanzas; su hermano fue alcalde de Xirivella. Ortí se incorporó en septiembre como subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados, en la conselleria que entonces dirigía José Antonio Rovira. La entonces subdirectora llevaba ya 12 años trabajando como inspectora de educación y conocía bien la casa, pero apenas aguantó un curso escolar en el cargo. En mayo, la alcaldesa de València, María José Catalá, la nombró directora gerente de la Universitat Popular de València, un organismo autónomo de desarrollo cultural y participación a través de educación.
En diciembre, con la dimisión de Carlos Mazón y la investidura de Juanfran Pérez Llorca, el nuevo jefe del Consell la escogió como número uno de Educación y trasladó a Rovira, íntimo amigo de Mazón, a la Conselleria de Hacienda. La decisión tiene varias lecturas, ambas en línea con el carácter pacificador que ha buscado Pérez Llorca en el PP para evitar una crisis y tratar de consolidar su mando, mantener el precario equilibrio. De un lado, sacar a uno de los consellers más polémicos de un área conflictiva y darle la llave de los presupuestos, de la caja de la Generalitat. De otro, integrar al sector de la alcaldesa de València, su mayor contrapeso en el partido. Pero tampoco con demasiado entusiasmo.
Si algo ha dejado ver la huelga general educativa es que el Consell de Pérez Llorca no tiene demasiado interés en apaciguar el conflicto ni en blindar a la consellera. Ortí, que ahora tiene el mando de la cartera, sigue rodeada por la cúpula que dejó Rovira. Y por el criterio presupuestario del ahora conseller de Hacienda, que es quien en última instancia debe autorizar las reivindicaciones de los profesores: una subida salarial, las obras en infraestructuras educativas o los cambios en las ratios. Todo pasa por los presupuestos. Este lunes, la consellera cuantificó en “más de 2.400 millones de euros al año” las reivindicaciones del profesorado para no ir a una huelga indefinida, cifra que “supera la capacidad” de una autonomía infrafinanciada.
Ortí ha asumido también al equipo de su antecesor prácticamente al completo, una decena de altos cargos que llevan tres años ejecutando las políticas educativas con la marca Rovira, y a quienes los sindicatos y los docentes conocen perfectamente. Tampoco se ha visto demasiado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, apoyar a la titular de Eduación ante la huelga de profesorado. El líder del PP valenciano apenas ha opinado sobre la cuestión en un mensaje en X en el que traslada el apoyo a los estudiantes de la EVAU.
El currículum político de la consellera
Pese a la herencia de Rovira, la consellera ha labrado un camino propio para ganarse la enemistad de parte de la comunidad educativa. Ha tratado de eliminar a los autores catalanes y de las Baleares del currículo académico, ha ofendido a los profesores al decir que estaban “de sopetes i al sol” y ha enviado una carta desde la Conselleria defenfiendo la gestión ante la huelga, un escrito que los docentes y familias consideran propagandístico. Está por ver si la Agencia de Protección de datos y otros organismos ven si vulnera las ley de publicidad institucional.
Ortí apenas aguantó un curso escolar bajo el mando del director general de centros docentes, Jorge Cabo, con quien tuvo desavenencias. Es en esa etapa cuando se inicia la renovación de los convenios con los centros del Opus Dei, que segregan al alumnado por sexo, según denunció Compromís en las Corts Valencianes. Educación negó que hubiera colegios privados que separaran al alumnado en una pregunta parlamentaria, pero la coalición, que ha tenido acceso a expedientes de renovación, señala que en los informes de prórroga de los convenios ya se advierte de que no cumplen con los requisitos exigidos en relación con experiencias de interés pedagógico.
Este martes, en la segunda jornada de huelga, la consellera se ha ausentado del acto que tenía previsto. En su lugar, ha enviado a un director general. En su nombre, negocia el secretario autonómico. Para cerrar la jornada, con los sindicatos en pleno incendio, su departamento ha decidido enviar el siguiente comunicado: “Educación reafirma su apuesta por la inclusión educativa y habilitará 36 nuevas aulas UECO para el curso 26/27”.