La contradicción de la consellera de Educación: rechaza para los docentes la subida salarial que aprobó para su gremio

La huelga de los docentes de la enseñanza pública pone a la Generalitat Valenciana, y especialmente a los responsables de Educación, ante una contradicción: negar para los demás lo que sí se concedió para los suyos.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, nombrada hace apenas cinco meses por el president Juanfran Pérez Llorca, se ha encontrado con la primera huelga general del ramo desde los años 80. Ortí, que asumió la gestión de José Antonio Rovira, heredó también un clima tenso con los docentes, que se sienten despreciados por la actitud y las acciones de su antecesor. Un ambiente que no mejoró tras aquellas palabras en las que afirmó que los profesores habían estado “de sopetes y al sol” durante la etapa de la izquierda en el Gobierno.

Pese a esta herencia, la actual titular de Educación aprobó en enero una subida salarial de entre el 4 y el 8% para los inspectores de educación, un cuerpo del que forman parte unos 150 trabajadores públicos. Entre ellos, la propia consellera y la cúpula de Educación: el secretario autonómico, Daniel McEvoy; el director general de Personal Docente, Francisco Pablo Ortega; el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo; la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia; el director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez; y el presidente del Consell Escolar, Juan Salvador Oliver. Media docena de cargos que, de salir del Gobierno, podrán regresar a su puesto de trabajo con una subida salarial.

El decreto, uno de los primeros que lleva la rúbrica de la consellera Ortí, equipara a los inspectores educativos de colegios e institutos e implica que pasarán a ganar 3.863 euros brutos al mes, entre 300 y 160 euros más, en función de su categoría. La cifra choca con la oferta que la consellera ha trasladado a los sindicatos, que es de apenas 75 euros mensuales de aumento.

En su momento, a preguntas de elDiario.es sobre el aumento salarial aprobado al cuerpo de inspectores y sobre la situación del resto del profesorado, fuentes de la Conselleria de Educación explicaron que “este decreto viene de dos años atrás aproximadamente, es decir, que la consellera no estaba”, desvinculando su aprobación de su condición de inspectora. Estas fuentes recalcaron que “el nuevo decreto de inspección que actualiza la clasificación de los puestos adscritos a ese cuerpo, homologa esa clasificación a la de otras inspecciones del Estado y fue aprobado con el acuerdo de todas las organizaciones sindicales”.

Su antecesor, José Antonio Rovira, es ahora conseller de Hacienda: la persona que ha de decidir si se autoriza o no el aumento. Y, por el momento, no parece estar muy por la labor.