La consellera de Educación defiende la gestión del Consell en una carta a las familias que los sindicatos tachan de “demagogia”
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La consellera de Educación, la popular Carmen Ortí, ha remitido una carta a las familias de los alumnos de los centros públicos a tan solo unos días de que comience la huelga indefinida convocada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF —con el respaldo de ANPE— el próximo lunes. En la misiva, explica que están trabajando para “garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado”.
En el documento, sostienen que han fijado como prioridad que los estudiantes de segundo de Bachillerato “no se vean perjudicados en sus pruebas de acceso a la universidad, lo que comprometería su futuro profesional”. Así, relatan que los servicios mínimos planteados garantizan que todo el alumnado sea evaluado: “Ningún estudiante ni familia puede ser cautivo de un conflicto sindical”, una frase que, a juicio de los sindicatos, supone una “apelación emocional y demagógica”.
Ortí relata que, con el objetivo de “construir un sistema público educativo de calidad”, la Generalitat destina “8.000 millones de euros anuales a educación”. Esta es una cifra que los sindicatos consideran “global” y que “no prueba mejoras concretas para los profesores”. Además, la Conselleria insiste en que han aumentado en 8.000 los docentes desde el comienzo del curso 2023-2024 hasta alcanzar los 78.000 maestros y profesores, “la plantilla más numerosa de la historia”; una cantidad sobre la que los sindicatos se preguntan si incluye a la escuela concertada y si se refiere a la plantilla estructural o añade los refuerzos.
La titular de Educación presume de que hay “más colegios”, ya que “solo en 2025” se han ejecutado 160 millones de euros en obras del Plan Edificant. También afirma que se han reducido en un 60% los casos de violencia y acoso escolar gracias a la política de “tolerancia cero”, la autoridad otorgada a los profesores y los protocolos contra el ciberacoso; un dato que la parte sindical critica por carecer de “metodología o período comparado”.
Otro aspecto al que se refiere es la apuesta por la salud mental del Gobierno valenciano, con la creación de 22 unidades de detección precoz con 56 psicólogos clínicos en exclusividad para los centros educativos. Asimismo, destaca la contratación de 700 docentes de apoyo y 82 nuevas unidades específicas en centros ordinarios para que “ningún alumno se quede atrás”. Sostiene que se han simplificado los procesos administrativos y la burocracia para que los profesores “tengan más tiempo para enseñar”, una afirmación que los representantes de los docentes consideran “discutible”,
La consellera de Educación subraya que su manera de gobernar se centra en “el diálogo para llegar a acuerdos”. “Llevamos toda la legislatura demostrándolo con hechos y con inversiones reales”, afirma, y se muestra dispuesta a negociar “de manera leal, transparente y con voluntad de acuerdo”. Al mismo tiempo, reseña que la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato “no es negociable, porque los estudiantes no pueden ver dificultado su acceso a la universidad por un conflicto que no han generado”. Para los docentes, esto supone una contradicción, pues consideran que “se habla de diálogo, pero se cierra la puerta a negociar”.
Los representantes de los profesores advierten también que la Generalitat no puede utilizar canales y cargos públicos para hacer propaganda de gestión, desacreditar un conflicto o presionar contra el ejercicio del derecho de huelga, “y encima utilizando datos faltos o tergiversados”
Por último, insiste en que el Consell continuará “escuchando, cumpliendo y negociando”. Por su parte, el Sindicat d'Estudiants califica la carta de “auténtico despropósito” y muestra su “absoluto rechazo” a este tipo de comunicación que, afirman, tiene como “único objetivo” enfrentar al profesorado con el alumnado y las familias: “Es una clara acción de boicot a una huelga convocada por la falta de voluntad de este gobierno”.