La Unió exige activar la cláusula de salvaguardia con Sudáfrica ante el aumento del 303% de las importaciones de mandarina
La Unió Llauradora ha reclamado formalmente al Gobierno de España la activación inmediata de la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 34 del Acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional. Esta exigencia se fundamenta en un informe técnico que revela un crecimiento exponencial del 303% en las importaciones de pequeños cítricos, como mandarinas y clementinas, desde que el tratado entró en vigor en 2016. La organización denuncia que este incremento masivo de fruta sudafricana no responde a un aumento del consumo en Europa, sino que se traduce en una pérdida directa de cuota de mercado para el productor local.
El sindicato agrario hace un llamamiento a la coherencia política de los principales partidos, señalando que tanto el PSOE como el PP han defendido recientemente el uso de mecanismos de protección en el futuro acuerdo con Mercosur. Por ello, instan al Ejecutivo a demostrar ese mismo compromiso con los agricultores valencianos solicitando a la Comisión Europea una investigación sobre la existencia de un daño grave al sector. La preocupación es máxima debido a que la mayor parte de estas importaciones se concentran entre los meses de septiembre y noviembre, solapándose directamente con el arranque de la campaña citrícola española y hundiendo la rentabilidad de las explotaciones desde el primer momento.
Además del impacto económico, la organización advierte sobre las graves deficiencias en materia de seguridad alimentaria y sanidad vegetal. El análisis elaborado por La Unió detalla que se han registrado un total de 640 interceptaciones de plagas o enfermedades en cargamentos procedentes de Sudáfrica durante el periodo analizado, lo que confirma que el riesgo de entrada de nuevos patógenos es una amenaza real y constante. Esta situación está provocando una desinversión estructural en las variedades extratempranas y un envejecimiento del sector, que se ve incapaz de competir con productos que no están sujetos al mismo régimen arancelario ni a las mismas exigencias que la naranja.
Finalmente, el secretario general de la entidad, Carles Peris, ha insistido en que no se solicitan privilegios, sino la aplicación estricta de los instrumentos jurídicos existentes para garantizar un equilibrio comercial justo. La organización considera imprescindible establecer un mecanismo de vigilancia reforzada y trabajar con antelación a la llegada de la cosecha, ya que en el caso de los productos frescos, cualquier medida correctora que se tome una vez iniciada la campaña llega demasiado tarde para evitar el perjuicio económico a miles de familias dedicadas a la citricultura.