Compromís propone un cambio legal en València que permita fiscalizar las actividades privadas de los concejales
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El Ayuntamiento que preside la alcaldesa de València, María José Catalá, no fiscaliza si los concejales con dedicación exclusiva y con compatibilidad aprobada por el Pleno para ejercer una segunda actividad privada cumplen las condiciones de ese permiso, que establece que, en todo caso, debe tratarse de una dedicación o servicio “marginal”.
Para tratar de corregir esta anomalía, Compromís llevará una moción a la comisión de Hacienda de este miércoles por medio de la cual propone una serie de cambios normativos a fin de que el Ayuntamiento cuente con mecanismos legales que permitan contrastar que los ediles cumplen con las condiciones establecidas en las mencionadas compatibilidades.
La propuesta viene a colación de una resolución del Síndic de Greuges en la que concluye que el Ayuntamiento debe comprobar que “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad” por la que se autorizó al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, a realizar una actividad privada marginal se cumplen “en todo momento”.
Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó poco después de obtener la compatibilidad un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.
Por este motivo, la coalición valencianista propone “la modificación de las disposiciones municipales que sean necesarias para establecer un régimen específico de seguimiento y control de las declaraciones de compatibilidad” de forma que “este régimen tendrá que garantizar que, cuando una compatibilidad esté condicionada al carácter marginal de una actividad privada, puedan comprobarse de manera efectiva y continuada las condiciones funcionales, horarias y económicas que justificaron la autorización”.
Compromís propone también “modificar los modelos de declaración de actividades y los procedimientos del Registro de Intereses Municipal porque, cuando sea necesario para verificar una compatibilidad, constan de manera suficiente las características esenciales de la actividad privada, incluyendo, como mínimo, su naturaleza, sujeto contratante, duración, dedicación temporal, régimen de remuneración y ámbito material de los servicios prestados, en los términos permitidos por la legislación vigente”.
Además, plantea “establecer que la documentación contractual o acreditativa necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de una declaración de compatibilidad tendrá que estar incorporada al expediente municipal correspondiente y a disposición de los órganos municipales competentes para su fiscalización” y habilitar “un mecanismo obligatorio de comunicación y revisión cuando se produzca cualquier modificación sustancial de la actividad privada compatible con una dedicación exclusiva o parcial, especialmente cuando afecte su duración, dedicación horaria, remuneración, contenido funcional, sujeto contratante o ámbito material”.
Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha comentado que “el Gobierno municipal no puede esconderse más tras una nueva resolución del Síndic de Greuges que recomienda al Ayuntamiento de València que tome las medidas necesarias para que la oposición y el conjunto de la ciudadanía pueda acceder a la información de qué contrato ha firmado el concejal Gosálbez, cuánto tiempo le dedica y cuántos ingresos percibe de esta actividad privada, para la que tiene concedida la compatibilidad siempre que tenga un carácter residual y no interfiera en su dedicación exclusiva como regidor”.
Puchades se ha preguntado cómo van a poder evaluar “si esta actividad no obstaculiza, o peor todavía, no vulnera su imparcialidad”, si no cuentan con un mecanismo que garantice “el ejercicio de ese derecho y comprometa la obligación de transparencia del concejal Gosálbez”.
Desde Compromís han exigido a la alcaldesa Català que levante “el velo de oscuridad sobre el contrato que suscribió Gosálbez para dar asesoramiento urbanístico a los miembros del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) de València y así poder garantizar, por un lado, que efectivamente tiene una dedicación marginal y, por otro lado, que está cumpliendo con su deber de neutralidad y no está incurso en causa de abstención en aquellas cuestiones que conoce de manera privilegiada como miembro de la Comisión de Urbanismo”.