Crisis en los festivales de música de València: los promotores piden una reunión con Catalá tras la sentencia por ruido
La sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a indeminzar a los vecinos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias por el ruido de los festivales de música está escalando en el conflicto. El fallo, conocido hace apenas dos semanas, condena al cosistorio a pagar cerca de 140.000 euros -3.000 a cada afectado- por las molestias ocasionadas por los eventos. Aunque la titularidad de CACSA es de la Generalitat, los vecinos denunciaron a la administración local por no tomar medidas sobre las molestias que genera el ruido.
El magistrado de lo Contencioso apunta que aunque el consistorio no otorga una licencia sigue controlando el uso del espacio público, el ruido, la seguridad y el cumplimiento de horarios. “Si la actividad incumple cualquiera de esas normas (ruido, ocupación indebida, riesgo para personas, etc.), puede ser suspendida o sancionada”. Es al Ayuntamiento de Valencia a quien corresponde realizar las inspecciones para comprobar que las actividades se ajustan a las licencias otorgadas.
El fallo ordena a la Administración municipal a adoptar las medidas necesarias, incluida la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos, para “imposibilitar definitivamente” esa “violación de derechos” de los vecinos. Tras conocer la sentencia, la alcaldesa de València, María José Catalá, apuntó que el consistorio la acataría, pero trasladó la responsabilidad de reubicar los eventos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
La sentencia llega a escasas semanas de la celebración de grandes festivales en el recinto, como el Festival de les Arts o el Bigsound, que ya tienen buena parte de los abonos vendidos. Los promotores y las asociaciones del sector han reclamado al Ayuntamiento de Valencia y al organismo de la Generalitat una reunión para abordar las medidas a emprender, y consideran que pueden celebrarse los eventos en la explanada.
En un comunicado, PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR, advierten advierten de que la falta de respuesta “mantiene en una situación de incertidumbre a más de 80.000 compradores de entradas, a 8.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a estos eventos y a los propios promotores, que continúan sin ser recibidos por las administraciones implicadas pese a la dimensión económica, laboral, turística y cultural del problema”.
Las agrupaciones de promotores defienden que tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el Ayuntamiento de València a CACSA no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica. En este sentido, los promotores aseguran que no han recibido ninguna notificación por parte de CACSA que prohíba la realización de los eventos en caso de que se garantice ese cumplimiento y que los festivales siguen programados.
Las asociaciones y los promotores afectados aseguran que han seguido trabajando durante estas dos últimas semanas, incluidos los días festivos, para tratar de avanzar en una salida consensuada, pero no han recibido más información del ayuntamiento. Así, lamentan que la reunión prevista con el consistorio para el pasado 7 de abril fuera cancelada días antes por el Ayuntamiento, según se les comunicó, por problemas de agenda.