El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este lunes el presupuesto para 2026, el tercero del equipo de gobierno de María José Catalá. El proyecto ha contado con los votos a favor de los grupos del equipo de gobierno (PP y Vox) y en contra de la oposición (Compromís y PSPV) para el “mayor presupuesto de su historia”, con 1.250 millones, para 2026, un 3,3 % más que el del actual ejercicio. En cuanto al presupuesto consolidado, que incluye a los organismos autónomos y empresas municipales, es de 1.415,3 millones de euros (en 2025 fue de 1.338,6 millones), lo que supone un aumento porcentual del 5,7 %, según el Ayuntamiento.
Las cuentas prevén partidas de 134,38 millones de euros para servicios sociales y promoción social; 230,7 millones para seguridad, la ordenación de tráfico, y la prevención en emergencias; y 279,3 millones de euros para vivienda, urbanismo y bienestar ciudadano. “Las cuentas municipales del próximo año están orientadas a la reconstrucción económica por la dana, así como a mantener el pulso económico, social, cultural y de seguridad de la ciudad”, ha afirmado la concejala de Hacienda, María Jesús Ferrer San Segundo, quien ha rechazado las críticas de la oposición y ha defendido el presupuesto y el modelo de ciudad del gobierno local.
“En este momento estamos ejecutando 133,5 millones; mientras que ustedes -la oposición-, en el último presupuesto que desarrollaron enteramente en un año, ejecutaron casi un 50 % euros menos”, ha destacado la edil, que también defiende la ordenanza fiscal de PP y Vox.
Compromís: “El incremento es aparente”
La concejala de Compromís Eva Coscollá ha centrado sus críticas en la “incapacidad manifiesta del equipo de gobierno para gestionar ingresos clave”, porque, ha criticado, “el Presupuesto deja infrafinanciados servicios esenciales e incorpora riesgos económicos reales que pueden costar decenas de millones de euros a la ciudad”.
Coscollá ha asegurado que el incremento del presupuesto “es aparente, puesto que viene de transferencias de otras administraciones, especialmente del Estado, y no de una mejor gestión del gobierno local”, y ha lamentado “la rebaja fiscal que hicieron en 2023, que generó un agujero de más de 52 millones”.
Ha acusado al ejecutivo municipal de “bajar los impuestos a quienes más propiedades tienen y, mientras tanto, suben los impuestos y las tasas de los de bajo. Y así la ciudadanía continúa pagando subidas en servicios esenciales”, ha afirmado.
PSPV: Se basa en querer 'gripar' lo público
Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha asegurado que “este es el primer presupuesto que reduce su cifra total en los últimos once años” porque se basa “en la voluntad del gobierno actual de ‘gripar’ lo público”.
Sanjuan ha acusado al gobierno municipal de “estar al dictado de los intereses de determinados sectores económicos”, y se ha referido, como ejemplo, a la negativa a aplicar una tasa turística.
“Con una tasa de 6 euros por noche –ha asegurado- ingresaríamos este año 72 millones, que permitirían iniciativas como la compra de todas las viviendas que el gobierno local dejó de comprar el año pasado por tanteo y retracto: un total de 500 viviendas públicas que se podrían tener directamente en el patrimonio municipal para dar solución a lo que la gente les está exigiendo en las calles que es poderse quedar a vivir en la ciudad”. “Ustedes son el delegado de la clase de Airbnb, Ryanair y los especuladores inmobiliarios”, ha sentenciado Sanjuan.
Carpetazo a la Zona de Bajas emisiones para 2025
En el mismo pleno, PSPV y Compromis han vuelto a tratar de sacar in extremis una moción para aprobar una zona de bajas emisiones y no poner en riesgo las ayudas europeas. Se trata de una propuesta conjunta que, en palabras de la socialista María Pérez, busca “una postura para encontrar un punto de equilibrio”. La socialista ha afirmado que el veto del edil de Movilidad, Jesús Carbonell, “nunca fue técnico sino político” y lo relaciona con el pacto de investidura entre PP y Vox en las Corts Valencianes. La valencianista Papi Robles también ha vinculado el enésimo rechazo a la cercanía de los populares a la ultraderecha, en la última moción urgente presentada en el pleno.
Compromís ha recordado que subirá 3 euros el bono de autobús, las muertes por la contaminación, los problemas respiratorios, el déficit de la EMT y la pérdida de ayudas públicas que conlleva. “Debe convencer a su jefa de que es mejor gobernar València que ganar poder en el PP con los negacionistas de Vox”, le ha pedido Robles a Carbonell. Carbonell ha apuntado que el contenido de la moción conlleva modificaciones sustanciales de la ordenanza y habría que comenzar desde cero. “Antes del 31 de diciembre no se puede tramitar una ordenanza desde cero”, ha reprochado. “Habiéndolo intentado con tirios y troyanos no ha habido manera”, ha insistido el edil de Movilidad en otro punto del debate, también sobre las zonas de bajas emisiones.
Los valencianistas también han presentado una propuesta para que la Generalitat y el Ayuntamiento asuman la diferencia de precio en el abono transporte, una bonificación estatal vinculada a la ordenanza de bajas emisiones y cuya pérdida es “inminente”. PP y Vox también la han rechazado.
Cambio de nombre en la ciudad
En la sesión de este lunes PP y Vox también han acordado elevar a la Generalitat la petición de la denominación bilingüe Valencia/Valéncia. La propuesta ha contado con el rechazo de la oposición, integrada por Compromís y PSPV-PSOE.
Este asunto ha llegado al pleno de esta jornada tras haber pasado recientemente por la Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes de este consistorio, que aprobó con el mismo sentido del voto ese cambio en el nombre de la capital valenciana.