València tiene ya 25 barrios saturados de apartamentos turísticos y la normativa permite 32.423 plazas más en el resto

El Ayuntamiento de València ha publicado el Censo de Alojamientos Turísticos (CATAV) y los datos que arroja son ciertamente preocupantes. El registro incluye las distintas modalidades de hospedaje (establecimientos hoteleros, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, alojamientos turísticos rurales y albergues turísticos) que disponen de título habilitante municipal otorgado o en tramitación y el resto de datos adecuados para la gestión de los indicadores de saturación de dichos alojamientos. De este modo, no figuran como es normal que funcionan de forma irregular.

Su ámbito territorial incluye todos los distritos y barrios del municipio de València, excepto el ámbito físico ordenado por el Plan Especial de Ciutat Vella, uno de los más con mayor presión turística y con más alojamientos de este tipo.

Aplicando la nueva ordenanza de apartamentos turísticos que entró en vigor el pasado lunes 25 de mayo según la cual este tipo de inmuebles no pueden superar un 2% del parque total de viviendas de cada barrio y distrito y el número de plazas tampoco podrá superar el equivalente al 8% de los habitantes empadronados en todos y cada uno de los barrios y distritos de la ciudad, el resultado es que ya hay 25 barrios en los que se superan estas condiciones y por lo tanto se consideran saturados y en los 57 restantes aún se pueden habilitar 32.423 plazas entre apartamentos y hoteles, según denuncia Compromís.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, asegura que el gobierno municipal “ha estado mintiendo durante meses hablando de la regulación más restrictiva de España cuando sus propios datos demuestran exactamente lo contrario”. Según el informe presentado por la formación valencianista, València cuenta actualmente con 39.396 plazas turísticas fuera de Ciutat Vella.

Para Compromís, la situación es todavía “más escandalosa” porque la normativa también permite hasta otras 22.705 nuevas plazas en hoteles de 5 estrellas y edificios protegidos dedicados al alojamiento turístico en barrios declarados formalmente saturados gracias a las excepciones introducidas por el Gobierno municipal que dirige la alcaldesa María José Catalá.

“Cuando sumas todas las excepciones y todos los agujeros que han dejado abiertos, el resultado es que esta ciudad podría llegar a crecer más de un 130% en plazas turísticas. Esto no es poner límites. Esto es abrir la puerta a duplicar el turismo en València”, advierte Robles.

El informe técnico realizado por la coalición valencianista basado en los datos oficiales del censo municipal concluye que el 70,4% de los barrios regulables de la ciudad (57 de 82) continúan teniendo margen para crecer turísticamente sin superar los umbrales fijados por la norma. Entre los barrios con mayor potencial de crecimiento aparecen Torrefiel, Nou Moles, Benimaclet, Orriols, Sant Pau, Benicalap o Arrancapins, todos ellos barrios densos y de clase trabajadora.

“Nos habían dicho que querían proteger los barrios y lo que han hecho es señalar nuevos barrios para continuar expandiendo el negocio turístico. La turistificación ya no es solo un problema del centro histórico o de la playa. Ahora el PP quiere extenderla por toda la ciudad”, denuncia la portavoz valencianista.

Compromís considera especialmente grave que barrios ya saturados continúen pudiendo recibir nuevas plazas hoteleras gracias a la llamada “excepción hotelera” incorporada por la norma. Según el informe, barrios como Russafa, Aiora, la Malva-rosa, Gran Vía o Natzaret podrían continuar incrementando la presión turística a pesar de estar formalmente saturados.

Sin datos en el distrito más turistificado

La coalición valencianista también denuncia “la opacidad total” del gobierno municipal con Ciutat Vella, ya que el Ayuntamiento no ha publicado los datos desagregados del distrito más tensionado de la ciudad pese a que la propia normativa obliga a garantizar el acceso público a la información de saturación turística.

Para Papi Robles, “la realidad es que PP y Vox han redactado una normativa pensada para proteger los intereses especulativos y no el derecho a la vivienda ni la vida cotidiana de los barrios”. “Detrás de cada nueva plaza turística hay una familia expulsada del mercado residencial, un alquiler más caro y un barrio que pierde vecindario. Este gobierno ha elegido claramente de qué lado está: del negocio

El PP critica la inacción de la izquierda

Al respecto, el concejal de Urbanismo del PP, Juan Giner, critica “la lamentable la irresponsabilidad de la oposición al criticar una normativa de apartamentos turísticos que blinda que el 98% de las viviendas de la ciudad no puedan ser a apartamentos turísticos”.

Además, lamenta que “Compromis en sus ocho años de gobierno no solo no puso en marcha ninguna normativa sino que en 2018 aprobó que los bajos comerciales pudieran ser apartamentos turísticos, es decir, que fueron ocho años de barra libre que permitieron la proliferación de apartamentos turísticos en toda la ciudad”.

El PSPV denuncia opacidad

El concejal socialista Javier Mateo denuncia la ocultación de información por parte del gobierno de María José Catalá sobre los cambios realizados en la plataforma municipal de inteligencia turística que mide la evolución de los apartamentos turísticos legales e ilegales en la ciudad de València.

Mateo explica que el Partido Socialista lleva meses presentando preguntas al gobierno municipal para conocer qué modificaciones se han introducido en el sistema de medición de la plataforma municipal, después de detectar que, “curiosamente”, el número de apartamentos turísticos reflejados en la ciudad no ha dejado de descender desde el cambio metodológico mientras en los barrios se sigue constatando la apertura constante de nuevos pisos turísticos.

Sin embargo, afirma, el Partido Popular se ha negado reiteradamente a facilitar esta información escudándose en que las preguntas formuladas por el Grupo Socialista “no son precisas”, una justificación que Mateo considera una “excusa” para evitar aportar datos y transparencia sobre una cuestión que afecta gravemente al acceso a la vivienda y a la convivencia vecinal.