La guerra de Trump en Irán y el ático de Díaz Ayuso
Me imagino que el lector se estará preguntando: ¿qué tiene que ver la guerra de Irán y el ático de Díaz Ayuso? Y mi respuesta es nada y todo simultáneamente. Es lo que voy a intentar explicar a continuación.
Nada, porque la guerra de Irán y el ático de Díaz Ayuso son incomparables tanto cuantitativa como cualitativamente.
Si nos mantenemos dentro del siglo XXI, la Guerra de Irán pertenece a la categoría del atentado de las Torres Gemelas, las guerras de Irak y Afganistán, la crisis de Lehman Brothers, el Brexit y la doble presidencia de Donald Trump y la pandemia de la Covid-19. Se trata de una categoría que es una suerte de numerus clausus, en la que no es fácil entrar.
El ático de Isabel Díaz Ayuso, por el contrario, es una anécdota, que por muchas vueltas que se le dé, no podrá nunca ingresar en la categoría a la que pertenece la Guerra de Irán. En cualquier país del mundo se entendería que se relacionaran como pertenecientes a la misma categoría las referencias del párrafo anterior. Nadie que no sea español, puede entender que aparezcan aunque sean simplemente mencionadas en el título de un artículo.
Y, sin embargo, para cualquier ciudadano español el parecido entre la decisión política de extender la guerra a Irán y la de Isabel Díaz Ayuso de intentar que la Comunidad de Madrid le comprara un ático salta a la vista. En ambos casos se trata de decisiones de dirigentes políticos autoritarios, narcisistas, ignorantes, avariciosos y un larguísimo etcétera, que se consideran al abrigo de cualquier exigencia de responsabilidad por su conducta.
Decisiones que se han adoptado en ambos casos sin dar ningún tipo de explicación de por qué se han adoptado. Como consecuencia de ello, ninguno de ambos dirigentes puede dar una explicación que justifique cómo se puede salir del laberinto en que ellos mismos se han metido.
De ahí la oscilación en las respuestas a las preguntas que le formulan bien los adversarios políticos, bien los periodistas de los diferentes medios de comunicación. La guerra tendría una duración de unas semanas, que es lo que tardaría en producirse un cambio de régimen, o en el que quedaría destruido el programa nuclear de Irán, consiguiendo de esta manera el objetivo de que Irán no tuviera una bomba nuclear, razón por la cual el presidente ha llegado a afirmar en más de una ocasión que los Estados Unidos ya ha conseguido la victoria y que la guerra ha terminado.
En el caso del ático también se han ido cambiando las respuestas, una vez que El País “descubriera” la operación de compra encubierta todavía no se sabe muy bien por quien. ¿Quién dio la orden de compra? ¿Para qué? ¿Quién iba a ocuparlo? ¿Quién ejecutó la operación? Son preguntas que todavía tienen que ser respondidas. Hasta que no lo sean no se habrá puesto fin, de la manera que sea, al problema generado por la compra del ático.
Mientras Donald Trump no explique por qué extendió la guerra a Irán, su declaración de victoria para darla por acabada, carecerá de credibilidad. La victoria esgrimida ocasionalmente hasta el momento sonará a capitulación. Él lo sabe. Y quienes lo ha seguido también, aunque a algunos no les importe y a otros sí. Y, a estos últimos, mucho. Para el presidente es posible que lo más importante es no pasar a la historia como un loser, que es la palabra que más odia. Para los halcones americanos lo decisivo no es como la historia recuerde a Donald Trump, sino qué impacto puede tener ese recuerdo en la Presidencia de los Estados Unidos. Esta tensión interna en el partido republicano es la que impide tomar una decisión para salir del laberinto. La ausencia de explicación a la entrada impide cualquier salida honorable.
En el caso del ático es lo mismo, pero no. Porque en este punto entra en juego la diferencia entre Política y Derecho. En el caso de la guerra de Irán Donald Trump se encuentra ante un problema político. Puede decidir terminar la guerra o no terminarla. Si no la da por terminada, tendrá que dar entrada al Congreso y al Senado a partir de ese momento en la estrategia que se tiene que seguir, pero no es verosímil, y más con la composición de la Corte Suprema, que se pueda acabar judicializando el problema.
Con el asunto del ático, la decisión de la compra se ha producido por una Administración Pública, cuyos actos están sometidos a la ley y al Derecho (art.103 de la Constitución). Independientemente de la responsabilidad política que pueda acabar exigiéndose por parte de los ciudadanos en un futuro proceso electoral, es de la revisión judicial de la compra del ático de la que puede desprenderse algún tipo de responsabilidad por parte de la presidenta de la Comunidad.
De momento, hay cinco denuncias por posible malversación y prevaricación administrativa admitidas a trámite. Qué recorrido tendrán no es posible saberlo todavía, ya que se desconoce el punto de partida de todo el asunto: quien tomó la decisión, quien la ejecutó y para qué. La ausencia de explicación de la decisión de entrada jurídicamente también dificulta una salida honorable. E incluso puede que algo más.