La Ley Audiovisual sale sin respaldo de Unidas Podemos, con la abstención del PP y el enfado del cine independiente

El Congreso ha dado luz verde a la Ley General de Comunicación Audiovisual con apoyos inesperados. En un giro de guion, ha sido la abstención del PP la que ha logrado sacar adelante la ley del PSOE en contra del deseo de sus propios socios de Gobierno. La aprobación del proyecto que recibió el aval de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso ha conseguido los votos a favor de PSOE y PNV; los votos en contra de ERC, Vox y Junts, y la abstención de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.

Las obligaciones para Netflix y las plataformas con la nueva Ley Audiovisual más allá del catalán

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El sentido del voto de UP se ha hecho esperar: dijeron que se mantendrían “leales” a los de Pedro Sáchez, pero también fueron muy críticos en su intervención. Es la primera vez que UP orienta su voto en contra de una ley a iniciativa del Gobierno. Por el camino de la tramitación, el PSOE también ha perdido el apoyo de ERC en una ley que fue clave para la aprobación de los presupuestos el pasado diciembre.

Hace unos días la norma que regirá las relaciones entre las cadenas públicas, privadas y las plataformas de streaming con el tejido audiovisual español marchaba sobre ruedas. Todo cambió por culpa de una enmienda que coló el PSOE a última hora. Una palabra que hizo saltar por los aires el pacto con sus socios políticos y la simpatía de los productores independientes, que se sintieron traicionados por los socialistas y por primera vez han unido fuerzas en contra de la ley.

Sobre el papel solo han intercambiado una palabra por otra, pero ha sido suficiente para modificar la definición de “productor independiente” e incluir a compañías ligadas a televisiones privadas –como Atresmedia o Mediaset– y a plataformas mundiales como si fueran independientes.

De esta forma, las que tengan una relación con proveedores de contenido podrán acceder igualmente a las bonificaciones que contempla esta ley para los que más sufren con el aterrizaje de plataformas y servicios de streaming en suelo español. Un bandazo de última hora que los verdaderos productores indies recibieron con “profundo estupor” y a cuya causa se han sumado grupos políticos que hasta ahora estaban de lado del PSOE.

La ley ha conseguido los votos a favor de PSOE y PNV; los votos en contra de ERC, Vox y Junts: y la abstención de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos

Después de que el sector de la producción independiente llevara sus reivindicaciones hasta Cannes, Unidas Podemos, ERC y Bildu presentaron el pasado miércoles una enmienda transaccional que volvía a sustituir la palabra de la discordia en el artículo 110. Si el PSOE no la firmaba, ERC ya había avisado de que votaría en contra de la Ley Audiovisual. “No vamos a dejar tirados a los productores independientes catalanes”, ha dicho el grupo ante la cámara baja.

En su intervención, el portavoz de ERC ha considerado que el PSOE ha “dinamitado” el pacto entre ambos partidos por la inclusión de la enmienda en el último momento. Bildu también se ha manifestado crítico ante la ley y ha dicho que “desvirtúa aún más la extraña definición del productor independiente”.

Sin el apoyo de los republicanos catalanes, que los socialistas consiguieron a duras penas obligando a las plataformas de streaming a establecer cuotas de lenguas cooficiales, la ley lo tenía más difícil. Todo dependía de la postura de UP, sus socios de Gobierno, que se han mostrado muy críticos con la estrategia de amparar a las cadenas privadas. “¿A quién favorece esto? ¿Al duopolio mediático? Sí que suena un poco a régimen del 78”, ha dicho Sofía Castañón, de Unidas Podemos.

Al final, ha sido la oposición quien les ha sacado del atolladero. “Esta ley es un despropósito, un desconcierto absoluto para la industria audiovisual”, ha dicho sin embargo el portavoz de los populares, Pedreño Molina. Eso no ha evitado que les beneficien en el voto con una abstención. Pero la reacción de los productores independientes no se va a hacer esperar.

El sector sigue en pie de guerra

Mientras que el PSOE hacía cuentas para recuperar los apoyos perdidos, el sector del cine independiente ha llevado su reivindicación fuera de España y ha llamado a los tótems de la industria para que presionar en contra de la ley. Pedro Almodóvar, Iciar Bollaín, Antonio Resines, Isabel Coixet o Fernando Colomo han firmado un manifiesto en solidaridad con las asociaciones de productoras españolas independientes por esta enmienda técnica.

La nueva ley, defienden, es “la sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y cómo la conocemos”. También han estampado su firma Antonio De La Torre, Leticia Dolera, Paco León, Anna Saura, Santiago Segura, Paz Vega, Benito Zambrano, Álex de la Iglesia, Eduardo Casanova, Javier Fesser, David Trueba o Berto Romero entre muchos otros.

El comunicado, lleno de firmas de pesos pesados, llega después de que los productores se manifestaran a las afueras del Congreso el pasado miércoles. “La nueva Ley es una competencia desleal en la que el Gobierno regala directamente dinero a las televisiones”, criticaba algunos de los portavoces de la PAP –Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes–, que acoge a 600 empresas. “Nosotros no tenemos detrás un músculo financiero de una televisión, somos mucho más pequeños y indefensos”, justificaba Jordi Oliva, presidente de PROA, una de estas federaciones. “Con la nueva ley no habría existido una película como Alcarràs”, asegura.

Con la nueva ley no habría existido una película como Alcarràs

“Hasta ahora, las productoras dependientes de las televisiones quedaban excluidas del concierto de producción independiente porque tenían una dependencia directa con su canal emisor”, explicaba Oliva. Con la palabra añadida, estas podrían acceder por ejemplo al 5% que deberán pagar HBO o Netflix a las empresas independientes de sus beneficios obtenidos en España. 

Productoras que saldrían beneficiadas con la ley serían, por ejemplo, La Fábrica de la Tele, Bulldog o Telecinco Cinema en el caso de Mediaset, o Buendía Estudios en el caso de Atresmedia. Lo que dicta la norma a partir de ahora es que, si producen un proyecto para otra televisión o plataforma –digamos Netflix–, se beneficiarán de las mismas ventajas que las pequeñas productoras. 

Este tema ha pillado al ministro de Cultura, Miquel Iceta, en el festival de Cannes, donde le ha restado relevancia. “Hay un miedo a que las productoras asociadas a las televisiones ocupen el papel de la producción independiente: si ellos perciben ese riesgo, debe existir, pero yo que no soy un gran experto no lo veo tan grande. En la ley no hay nada que no pudieran hacer ya esas productoras de televisión privadas y que no lo estén haciendo”, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press. Ha añadido que “en el peor de los escenarios” no se “retrocerá en nada”. “Quizás alguien diga que no avanzamos lo suficiente, eso sí”.

En la ley no hay nada que no pudieran hacer ya esas productoras de televisión privadas y que no lo estén haciendo

“Nuestra estupefacción y queja va en contra de un Gobierno que se supone que es progresista, que protege la cultura identitaria propia y que resulta que cede a la presión de las televisiones privadas”, se lamenta el presidente de PROA. “Con esta concentración se ponen en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes”, ha denunciado la PAP.

Más allá de la producción independiente, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) critica que la ley “no solo perjudica claramente a las mujeres, sino que las hace retroceder”. CIMA propuso una cuota para las obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres que han sido desestimadas. “Contábamos con la promesa del PSOE”, dicen en un comunicado. “Una promesa que ha sido primero tergiversada y finalmente incumplida”.

El Congreso ha dado luz verde a la Ley General de Comunicación Audiovisual con apoyos inesperados. En un giro de guion, ha sido la abstención del PP la que ha logrado sacar adelante la ley del PSOE en contra del deseo de sus propios socios de Gobierno. La aprobación del proyecto que recibió el aval de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso ha conseguido los votos a favor de PSOE y PNV; los votos en contra de ERC, Vox y Junts, y la abstención de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.

Las obligaciones para Netflix y las plataformas con la nueva Ley Audiovisual más allá del catalán

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El sentido del voto de UP se ha hecho esperar: dijeron que se mantendrían “leales” a los de Pedro Sáchez, pero también fueron muy críticos en su intervención. Es la primera vez que UP orienta su voto en contra de una ley a iniciativa del Gobierno. Por el camino de la tramitación, el PSOE también ha perdido el apoyo de ERC en una ley que fue clave para la aprobación de los presupuestos el pasado diciembre.

Hace unos días la norma que regirá las relaciones entre las cadenas públicas, privadas y las plataformas de streaming con el tejido audiovisual español marchaba sobre ruedas. Todo cambió por culpa de una enmienda que coló el PSOE a última hora. Una palabra que hizo saltar por los aires el pacto con sus socios políticos y la simpatía de los productores independientes, que se sintieron traicionados por los socialistas y por primera vez han unido fuerzas en contra de la ley.

Sobre el papel solo han intercambiado una palabra por otra, pero ha sido suficiente para modificar la definición de “productor independiente” e incluir a compañías ligadas a televisiones privadas –como Atresmedia o Mediaset– y a plataformas mundiales como si fueran independientes.

De esta forma, las que tengan una relación con proveedores de contenido podrán acceder igualmente a las bonificaciones que contempla esta ley para los que más sufren con el aterrizaje de plataformas y servicios de streaming en suelo español. Un bandazo de última hora que los verdaderos productores indies recibieron con “profundo estupor” y a cuya causa se han sumado grupos políticos que hasta ahora estaban de lado del PSOE.

La ley ha conseguido los votos a favor de PSOE y PNV; los votos en contra de ERC, Vox y Junts: y la abstención de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos

Después de que el sector de la producción independiente llevara sus reivindicaciones hasta Cannes, Unidas Podemos, ERC y Bildu presentaron el pasado miércoles una enmienda transaccional que volvía a sustituir la palabra de la discordia en el artículo 110. Si el PSOE no la firmaba, ERC ya había avisado de que votaría en contra de la Ley Audiovisual. “No vamos a dejar tirados a los productores independientes catalanes”, ha dicho el grupo ante la cámara baja.

En su intervención, el portavoz de ERC ha considerado que el PSOE ha “dinamitado” el pacto entre ambos partidos por la inclusión de la enmienda en el último momento. Bildu también se ha manifestado crítico ante la ley y ha dicho que “desvirtúa aún más la extraña definición del productor independiente”.

Sin el apoyo de los republicanos catalanes, que los socialistas consiguieron a duras penas obligando a las plataformas de streaming a establecer cuotas de lenguas cooficiales, la ley lo tenía más difícil. Todo dependía de la postura de UP, sus socios de Gobierno, que se han mostrado muy críticos con la estrategia de amparar a las cadenas privadas. “¿A quién favorece esto? ¿Al duopolio mediático? Sí que suena un poco a régimen del 78”, ha dicho Sofía Castañón, de Unidas Podemos.

Al final, ha sido la oposición quien les ha sacado del atolladero. “Esta ley es un despropósito, un desconcierto absoluto para la industria audiovisual”, ha dicho sin embargo el portavoz de los populares, Pedreño Molina. Eso no ha evitado que les beneficien en el voto con una abstención. Pero la reacción de los productores independientes no se va a hacer esperar.

El sector sigue en pie de guerra

Mientras que el PSOE hacía cuentas para recuperar los apoyos perdidos, el sector del cine independiente ha llevado su reivindicación fuera de España y ha llamado a los tótems de la industria para que presionar en contra de la ley. Pedro Almodóvar, Iciar Bollaín, Antonio Resines, Isabel Coixet o Fernando Colomo han firmado un manifiesto en solidaridad con las asociaciones de productoras españolas independientes por esta enmienda técnica.

La nueva ley, defienden, es “la sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y cómo la conocemos”. También han estampado su firma Antonio De La Torre, Leticia Dolera, Paco León, Anna Saura, Santiago Segura, Paz Vega, Benito Zambrano, Álex de la Iglesia, Eduardo Casanova, Javier Fesser, David Trueba o Berto Romero entre muchos otros.

El comunicado, lleno de firmas de pesos pesados, llega después de que los productores se manifestaran a las afueras del Congreso el pasado miércoles. “La nueva Ley es una competencia desleal en la que el Gobierno regala directamente dinero a las televisiones”, criticaba algunos de los portavoces de la PAP –Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes–, que acoge a 600 empresas. “Nosotros no tenemos detrás un músculo financiero de una televisión, somos mucho más pequeños y indefensos”, justificaba Jordi Oliva, presidente de PROA, una de estas federaciones. “Con la nueva ley no habría existido una película como Alcarràs”, asegura.

Con la nueva ley no habría existido una película como Alcarràs

“Hasta ahora, las productoras dependientes de las televisiones quedaban excluidas del concierto de producción independiente porque tenían una dependencia directa con su canal emisor”, explicaba Oliva. Con la palabra añadida, estas podrían acceder por ejemplo al 5% que deberán pagar HBO o Netflix a las empresas independientes de sus beneficios obtenidos en España. 

Productoras que saldrían beneficiadas con la ley serían, por ejemplo, La Fábrica de la Tele, Bulldog o Telecinco Cinema en el caso de Mediaset, o Buendía Estudios en el caso de Atresmedia. Lo que dicta la norma a partir de ahora es que, si producen un proyecto para otra televisión o plataforma –digamos Netflix–, se beneficiarán de las mismas ventajas que las pequeñas productoras. 

Este tema ha pillado al ministro de Cultura, Miquel Iceta, en el festival de Cannes, donde le ha restado relevancia. “Hay un miedo a que las productoras asociadas a las televisiones ocupen el papel de la producción independiente: si ellos perciben ese riesgo, debe existir, pero yo que no soy un gran experto no lo veo tan grande. En la ley no hay nada que no pudieran hacer ya esas productoras de televisión privadas y que no lo estén haciendo”, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press. Ha añadido que “en el peor de los escenarios” no se “retrocerá en nada”. “Quizás alguien diga que no avanzamos lo suficiente, eso sí”.

En la ley no hay nada que no pudieran hacer ya esas productoras de televisión privadas y que no lo estén haciendo

“Nuestra estupefacción y queja va en contra de un Gobierno que se supone que es progresista, que protege la cultura identitaria propia y que resulta que cede a la presión de las televisiones privadas”, se lamenta el presidente de PROA. “Con esta concentración se ponen en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes”, ha denunciado la PAP.

Más allá de la producción independiente, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) critica que la ley “no solo perjudica claramente a las mujeres, sino que las hace retroceder”. CIMA propuso una cuota para las obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres que han sido desestimadas. “Contábamos con la promesa del PSOE”, dicen en un comunicado. “Una promesa que ha sido primero tergiversada y finalmente incumplida”.

El Congreso ha dado luz verde a la Ley General de Comunicación Audiovisual con apoyos inesperados. En un giro de guion, ha sido la abstención del PP la que ha logrado sacar adelante la ley del PSOE en contra del deseo de sus propios socios de Gobierno. La aprobación del proyecto que recibió el aval de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso ha conseguido los votos a favor de PSOE y PNV; los votos en contra de ERC, Vox y Junts, y la abstención de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.

Las obligaciones para Netflix y las plataformas con la nueva Ley Audiovisual más allá del catalán

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El sentido del voto de UP se ha hecho esperar: dijeron que se mantendrían “leales” a los de Pedro Sáchez, pero también fueron muy críticos en su intervención. Es la primera vez que UP orienta su voto en contra de una ley a iniciativa del Gobierno. Por el camino de la tramitación, el PSOE también ha perdido el apoyo de ERC en una ley que fue clave para la aprobación de los presupuestos el pasado diciembre.