Relacionarse con la Administración no es algo frecuente para la mayoría de las personas. Quienes cumplen con sus obligaciones a tiempo apenas tienen trato con ella y precisamente por eso, cuando llega el momento, la experiencia suele resultar poco agradable. No solo por la falta de costumbre, sino también por la falta de claridad en las comunicaciones.
Cuando alguien recibe una “providencia de apremio” no deja de ser un “aviso de pago pendiente con recargo” u “orden de pago” y cuando se trata de una “notificación de denuncia e incoación de expediente sancionador” se trata de una “multa”: alternativas igual de exactas, pero mucho más directas, sencillas y fáciles de entender.
Sin embargo, la confusión aumenta cuando la persona lee el documento y este no deja claro qué se le pide que haga o cuando aparecen bien siglas poco familiares, como “IPREM” (un indicador de renta) o “IIVTNU” (el impuesto municipal sobre plusvalía), bien términos como “potestativo” (opcional), “reposición” (recurso para reclamar) o “inherente” (propio de algo).
Y es que el abuso de tecnicismos que los hablantes en general desconocen y no tienen por qué saber, las frases interminables por culpa de las subordinadas encadenadas o la complejidad sintáctica que marea a los constituyentes de la oración, entre otros factores lingüísticos, hacen que para gran parte de la población enfrentarse a un contrato, un formulario o una comunicación administrativa se convierta en una tarea frustrante que afrontan con resignación cristiana. Esta percepción genera una desconfianza general hacia la Administración por parte de la sociedad e incluso hace que la ciudadanía se plantee si acaso ocultan algo sus mensajes o si realmente están pensando en ella.
Cuando alguien recibe una “providencia de apremio” no deja de ser un “aviso de pago pendiente con recargo” u “orden de pago” y cuando se trata de una “notificación de denuncia e incoación de expediente sancionador” se trata de una “multa”
A pesar de que se habla de la necesidad de simplificar los textos públicos desde hace medio siglo, los avances reales apenas comienzan a notarse en la actualidad. Administraciones y grandes empresas prometen una comunicación más clara y accesible, pero lo cierto es que la mayoría de los documentos siguen siendo densos y casi ininteligibles (alrededor del 85%, tal y como recoge un informe de la agencia Prodigioso Volcán). Ante esta dificultad, muchas personas han perdido la esperanza de entender lo que reciben y optan directamente por no leerlo o ponerse en manos de expertos, siempre y cuando tengan a quién acudir.
Sin embargo, los problemas no acaban aquí. A pesar de vivir en el momento histórico con la menor tasa de analfabetismo y la mayor de formación superior, un informe publicado en el 2023 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) revela que, en España, el 31% de los adultos tienen un bajo nivel de competencia lectora, lo que evidencia que implantar el lenguaje claro en la Administración es una necesidad vital para la ciudadanía.
Pero, ¿qué es el “lenguaje claro”? Según la principal asociación de lenguaje claro, PLAIN, una comunicación está en lenguaje claro (también llamado “lenguaje ciudadano”) cuando la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que quien lee el texto es capaz de localizar fácilmente la información que necesita, comprenderla y tomar decisiones con seguridad.
Contra lo que algunas personas pudieran pensar, el lenguaje claro no implica una pérdida de rigor o de fundamento legal, sino que consiste en activar los mecanismos comunicativos necesarios para que la información que los organismos envíen a la ciudadanía sea comprendida en su primera lectura. “No comprender un texto administrativo implica una pérdida de derechos. Por su parte, el lenguaje claro los gana y refuerza la democracia”, apunta Antonio Martín, socio-fundador de Cálamo&Cran y embajador PLAIN en España.
Por extraño que pudiese parecer, este tipo de adaptaciones para transmitir mensajes de forma clara es ya habitual en las consultas médicas y los hospitales, donde los profesionales explican a los pacientes de manera comprensible el diagnóstico, el tratamiento que deben seguir o la intervención a la que van a someterse. Del mismo modo que en una comunicación en el ámbito sanitario, conseguir textos comprensibles requiere de empatía. Ponerse en el lugar de la persona que va a leer el documento invita a acabar con las oraciones subordinadas, emplear el orden sintáctico natural (sujeto, verbo y predicado) y desterrar la innecesaria jerga para hacer hueco a términos que todo el mundo utiliza y comprende. Pero también lleva a organizar las ideas teniendo en cuenta la importancia y la utilidad para quien va a leer el documento, agruparlas en párrafos o listas y que el diseño esté bien definido.
Iniciativas como la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP), las normas UNE-ISO, y entidades como PLAIN o la Comisión Europea han logrado que el lenguaje claro dé sus primeros pasos en España. La Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, el Manifiesto por un lenguaje claro en la Administración, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia o los diferentes manuales de comunicación clara de algunas comunidades y ayuntamientos se han materializado en intervenciones concretas que reducen la brecha comunicativa entre la Administración y la ciudadanía. Como ejemplos podemos poner los casos del modelo Denuncia por infracción de circulación. Multa del Ayuntamiento de Madrid, diversas comunicaciones de la Agencia Tributaria o el proyecto promovido por PLAIN de adaptar la Constitución a lenguaje claro.
No entender aquello que la Administración pide o no comprender cómo puede solicitar una ayuda que mitigue una situación personal agónica entraña numerosos peligros, tanto para la población como para las instituciones. En palabras de Martín: “No utilizar un lenguaje claro en las Administraciones se traduce en una pérdida de derechos y de oportunidades para la ciudadanía; para las Administraciones, en una pérdida de tiempo, de recursos y de eficacia, además de reputación”.
Que las Administraciones hagan los esfuerzos necesarios por ser comprendidas es una prioridad a la que no pueden renunciar si quieren ser eficientes, garantizar la transparencia y reducir la corrupción. También es fundamental para ampliar el ejercicio de la democracia con el objetivo de que la ciudadanía disfrute de sus derechos y cumpla con sus obligaciones de la forma más sencilla posible. Utilizar de forma clara la lengua, el elemento más democrático que existe, es una cuestión de justicia social, dado que, echando mano de la jerga legal, in claris non fit interpretatio (en las cosas claras no se hace interpretación).