El periódico The New York Times se hizo eco de lo que sucedió con la iglesia románica de Santa María del Castillo construida en Castronuño (Valladolid) en el siglo XIV. En una de sus naves laterales, colindantes al río Duero, hay varios pegotes de cemento gris sobre la piedra románica. Los hechos fueron aireados en la prensa el pasado mes de noviembre por el alcalde, Enrique Seoane. Se desconoce quién lo hizo, pero se sabe que ese parche lleve ahí desde 1999.
Este tipo de apaño irregular recuerda al célebre caso de Borja y la restauración aficionada de su eccehomo de los años 30, que tenía escaso valor artístico pero que puso de relevancia el trabajo de los restauradores. Tras la popularidad del incidente, el lugar recibe miles de euros anuales con la venta de entradas y 'merchandising', pero la perspectiva cambia cuando los hechos se valoran desde el punto de vista de la conservación y no tanto desde el turístico.
La copia de una Inmaculada de Murillo quedó desfigurada tras una limpieza a cargo de un restaurador de muebles por 1.200 euros. Una talla del San Jorge de Estella (Navarra) perdió un 45% de su policromía original al ser repintada en un taller de manualidades local. Y en la parroquia de San Sebastián en Reinosa, donde descubrieron que lo que antes era la cabeza de un querubín, se había transformado en un dibujo con mofletes rojos y pelo oscuro. Pero, ¿por qué siguen dándose este tipo de agresiones al patrimonio?
“Por un lado, porque puede que el bien no esté protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), con lo cual queda al margen de la ley. Por otro, aún estando protegido o catalogado, puede darse el caso de que no haya la suficiente vigilancia, que no haya un conservador-restaurador titulado entre el equipo técnico o, más grave aún, no se pidan las autorizaciones pertinentes”, explican a elDiario.es desde la Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores (ACRE). Otras veces, a pesar de existir tal permiso para la intervención, es la propia comisión de evaluación la que no cuenta con profesionales en la materia. “Es un agravio para el propio bien cultural ya que pueden darse intervenciones que sean irreversibles o no contemplen los criterios aceptados por la disciplina conforme a las cartas y convenios internacionales”, añaden.
Evitar el instrusismo
El Ministerio de Cultura y Deporte, por su parte, asegura a este periódico que solo es responsable de la conservación y restauración de los bienes bajo su titularidad. Estas intervenciones, aseguran, “son coordinadas por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), subdirección integrada por un equipo multidisciplinar que aplica unos criterios y una metodología derivados de los 60 años de experiencia de la institución”.
Por eso, entre otras cosas, ACRE pide al Gobierno la regularización de la profesión de Conservación y Restauración. Según ellos, con esto se evitaría “el intrusismo profesional y, sin duda alguna, que el patrimonio sea intervenido con calidad, protegiendo su originalidad, evitando los falsos históricos y garantizando su conservación y transmisión”.
La asociación destaca, además, que la Ley de Patrimonio Histórico Español lleva sin actualizarse desde 1985 y que, por tanto, tiene algunas carencias además de la ya mencionada falta de especificad sobre quién hace las intervenciones. “Muchos expedientes de bienes culturales declarados BIC actualmente tan solo protegen el continente, dejando parte del contenido al margen, a no ser que se especifique en la propia declaración. Con lo cual, muchos bienes muebles quedan vulnerables y a merced de que cualquiera, sin titulación, pueda intervenirlos. Y, lo que es más grave, que ni siquiera se pueda denunciar debido al vacío legal”, critican los restauradores.
El Ministerio de Cultura sostiene que esta misma ley “se encuentra en estos momentos en estudio para poder proponer una actualización de la misma”, pero no aclaran si entre esos cambios se incluirá la regularización de la profesión de restaurador. Mientras, ACRE sostiene que están en contacto con el personal del Ministerio, pero que más bien es la propia asociación de conservadores “los que constantemente” están “informando de la necesidad de revertir esta situación”.
Una profesión en el olvido
Las razones de por qué no se ha regulado la profesión hasta la fecha, según ACRE, “podrían darse por el desconocimiento de la disciplina en la propia administración pública”. “Tradicionalmente, se ha confundido a un conservador-restaurador con un artista, pues esa era la tónica general hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, la disciplina ha evolucionado más allá, no así la legislación, y en la actualidad un conservador-restaurador es un profesional que cuenta con una formación científico-humanística, que no es un artista, ya que mientras este último crea, el segundo conserva y restaura”, aclaran.
La situación en otros países tampoco es mucho mejor, aunque el caso español es especialmente visible. “Nuestro patrimonio está en el punto de mira desde el suceso del eccehomo de Borja, además de la creciente sensibilización por parte de la sociedad. De este modo, cuando surge alguna intervención nefasta por parte de personal no titulado, tiene mucha más repercusión que en el extranjero”, observa ACRE. Pero en otros lugares, como Italia, al menos ya se han iniciado los pasos para regular la profesión. “Nuestro país debe tomar nota, y siendo un referente patrimonial, debería dar ejemplo”, demanda el colectivo.
A estas peticiones de regularización, se suman otras: las económicas. Este año el presupuesto de Cultura ha subido un 40% con respecto la cuantía anterior y la partida de conservación y restauración se ha incrementado en 51 millones. Pero 10 de esos millones serán destinados a la reforma de Tabacalera y los 40 restantes se repartirán entre los Bienes de Interés Cultural de todo el país. Quedan fuera, por tanto, todos aquellos bienes inmuebles no declarados BIC y que según el Anuario de Cultura ascienden a 23.400. El Ministerio de Cultura aclara que esos 51 millones “no es la única inversión que se hace en este concepto” y que la cantidad se refiere “únicamente a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. “La protección del patrimonio cultural de titularidad privada o autonómica es competencia únicamente de las Comunidades Autónomas”, añaden.
Por su parte, ACRE valora de forma positiva el aumento del presupuesto de Cultura, pero señalan que “el patrimonio es una fuente de empleo no solo para la cultura, sino también para el turismo”, y por eso “cualquier inversión que se haga, aunque sea mucha, siempre es poca”. Debido a ello, animan a que “se destinen más fondos para no lamentar pérdidas en nuestro gran legado patrimonial”.