De las 524.621 personas de Aznar a las 576.506 de Zapatero: así fueron las anteriores regularizaciones de migrantes
Podemos anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular. La candidata del partido, Irene Montero, estimó que esta medida beneficiará a en torno a medio millón de personas, una cifra que también ofrece el Ejecutivo y que la situaría como la segunda mayor regularización extraordinaria de la democracia.
Las regularizaciones extraordinarias como esta son una práctica habitual en la gestión migratoria desde los años 80 en España. Desde el primer proceso, lanzado por el gobierno de Felipe González en 1986, el país ha aprobado un total de siete, tres de ellos durante los mandatos de González, dos durante los gobiernos de José María Aznar y uno en 2005, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una ley para poner orden en Extranjería
La primera ocasión en la que se utilizó esta fórmula administrativa arranca durante el primer gobierno del Partido Socialista. En 1985 se aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, publicada en el Boletín Oficial del Estado en julio de ese año, y que sentaba las bases sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en el país. La Constitución llevaba seis años y medio en vigor y esta norma ampliaba a los no nacidos en el territorio español los derechos y deberes fundamentales recogidos en su Título I.
Hasta entonces, España no había tenido una ley que diese forma a la situación de los extranjeros a excepción de un Real Decreto de 1852 aprobado durante el gobierno de Juan Bravo Murillo, del Partido Moderado. Esa norma, que obligaba a determinar por ley sus derechos, añadía a la legislación española el supuesto de las mujeres españolas casadas con extranjeros, la distinción entre “domiciliados y transeúntes”, es decir, entre extranjeros que pasaban por el país y aquellos arraigados en el territorio, y los derechos y obligaciones de los mismos.
Con la aprobación de la ley, se habilitó la posibilidad de regular la situación legal de aquellos “insuficientemente documentados” en un plazo de tres meses, que posteriormente tuvo que ser ampliado. La regularización de estas personas se permitía siempre que no estuviesen implicadas “en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”, que no hubiesen sido condenadas “dentro o fuera de España” por delitos sancionados con más de un año de cárcel o que carecieran “de medios lícitos de vida”, o ejercieran la mendicidad o actividades ilegales. En total, se normalizó la situación administrativa de un total de 38.294 personas no nacidas en el país.
Las primeras regularizaciones extraordinarias
En junio de 1991, ya durante el tercer mandato gubernamental de Felipe González, el Gobierno de entonces utilizó un método diferente para llevar a cabo una primera regularización extraordinaria. Ya en diciembre de 1990, el debate sobre la situación irregular de inmigrantes en el país, que estaba generando “bolsas de marginación”, según afirmó el propio Ejecutivo ante el Congreso de los Diputados.
El Congreso aprobó después, en abril del 91, una proposición no de ley presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PSOE, del Partido Popular, el grupo catalán (Convergència i Unió), el CDS, el grupo vasco (PNV) y el grupo mixto y que instaba al Gobierno a adoptar medidas para “completar el proceso de regularización” que se había iniciado en 1985. La propuesta no tuvo el apoyo de los 17 diputados de Izquierda Unida, que apostaban por reformar la Ley de Extranjería.
Finalmente, y tras el apoyo mayoritario de las Cortes a esta propuesta, el Consejo de Ministros aprobó el 7 de junio de 1991 un acuerdo para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que estaban trabajando en España. La medida permitió regularizar su situación a aquellas personas extranjeras residentes en España desde antes de julio de 1985, o de aquellos que, hasta mayo de 1991, habían disfrutado de un permiso de trabajo y residencia en el país, tenían una oferta de empleo estable o habían realizado actividades lucrativas continuadas. Entre 1991 y 1992 se regularizó la situación de 114.423 migrantes.
En 1996, la situación de los inmigrantes sin papeles en el país no había quedado todavía resuelta, por lo que el Ejecutivo, que había puesto en marcha varias medidas relacionadas con las migraciones desde principios de los 90 como la modificación de la ley sobre asilo y refugio, la creación de la Comisión Interministerial de Extranjería, o de diversos programas de promoción e integración social que cristalizaron en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, llevó a cabo una reforma del Reglamento de ejecución de la ley aprobada en 1985.
Esta modificación, que ya inserta la norma en la legislación europea vigente, tras la entrada española en la Unión Europea y la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en sus disposiciones adicionales el mecanismo para conceder documentación legal a quienes hubieran sido titulares de un permiso de residencia o de trabajo en alguna ocasión así como a sus familiares, siempre que hubieran residido en España con anterioridad al 1 de enero de ese año.
La norma, si bien fue aprobada mediante real decreto el 2 de febrero de 1996, todavía durante el último gobierno de Felipe González, no entraría en vigor hasta dos meses después. Apenas una semana después de su aprobación se convocaron elecciones anticipadas tras la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentada por Convergència i Unió, por lo que entraría en vigor ya con José María Aznar en La Moncloa, en abril de ese año. Se regularizó la situación de 21.294 inmigrantes.
Las regularizaciones masivas de Aznar
El siguiente proceso fue impulsado cuatro años después por el gobierno de José María Aznar en las últimas semanas de legislatura. El 11 de enero se aprobó una Ley Orgánica que regulaba los derechos y libertades de los extranjeros en España y que establecía, en su primera disposición transitoria, que el Gobierno aprobaría un procedimiento mediante Real Decreto para regularizar la situación de todos los extranjeros que se encontrasen en el país antes del 1 de junio de 1999 y que acreditasen haber solicitado permisos de residencia o trabajo en los últimos tres años o que lo hubieran obtenido.
Esta regularización extraordinaria fue la de mayor alcance hasta la fecha y recibió más de 244.000 solicitudes. En este caso, hubo una gran cantidad de peticiones rechazadas, más de 80.000, y en la segunda mitad del año 2000 se había normalizado la situación administrativa de 163.000 inmigrantes. Este número se ampliaría a lo largo de 2001 en 36.000 más tras revisarse de oficio estos expedientes.
Ese mismo año, el gobierno Aznar llevó a cabo un proceso extraordinario al que solo podían acogerse los ciudadanos ecuatorianos y que benefició a más de 20.000 personas, después de que 12 inmigrantes de Ecuador, que carecían de permisos de residencia y de trabajo, murieran en un accidente en Lorca (Región de Murcia) cuando un tren arrolló la furgoneta en la que se dirigían a su trabajo recolectando brócoli. Además de los 12 fallecidos, también resultaron heridos el conductor de la furgoneta y una niña de 13 años que también trabajaba en la plantación de Puerto Lumbreras.
Este proceso de regularización, el más amplio hasta el momento, fue superado apenas un año después, ya con el segundo gobierno de José María Aznar apoyado por el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso. Se nombró como “regularización por arraigo” y proporcionó documentos a un total de 239.174 extranjeros en España, que tuvieron que demostrar que se encontraban en el país con anterioridad al 1 de enero de 2001 y acreditar su arraigo en el país. Para ello se aceptaban tanto contratos de empleo reales como potenciales, residencia regular en España o vínculos familiares con personas con permisos de residencia.
Finalmente, durante los dos gobiernos de Aznar se regularizó la situación de un total de 524.621 inmigrantes no comunitarios.
La gran “normalización” de Zapatero
Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la vuelta de los socialistas al poder, se volvieron a superar las regularizaciones extraordinarias previas. Mediante un Real Decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2004, el Gobierno sustituía el Reglamento de la Ley Orgánica que había sido impulsada por el gobierno de Aznar en el año 2000, incluyendo novedades respecto de la acogida de las personas que solicitaban asilo en España e iniciando un “proceso de normalización” de las personas inmigrantes residentes en España en situación irregular.
La norma establecía un plazo de tres meses para que los empleadores pudieran solicitar autorizaciones iniciales de residencia y trabajo para aquellas personas empadronadas durante más de seis meses desde su entrada en vigor, aquellos con contratos de trabajo vigentes de seis meses o más y 40 horas semanales. También se establecía un mecanismo para regularizar a las personas que realizasen trabajos en el ámbito del servicio doméstico.
Esta “normalización” generó un total de 691.655 solicitudes, la gran mayoría en la Comunidad de Madrid (171.321), Catalunya (139.480) o la Comunitat Valenciana (108.496), y de las que terminaron siendo aprobadas finalmente 576.506. La mayor cantidad de solicitudes correspondieron a ciudadanos de origen latinoamericano, especialmente ecuatorianos —se superaron las 120.000 solicitudes—, aunque también destacaron las solicitudes de personas de origen rumano o marroquí.
La iniciativa popular y el acuerdo con Podemos
Después de la pandemia de COVID-19, y tras las regularizaciones de inmigrantes indocumentados realizadas por países europeos como Italia o Portugal en los años 2020 y 2021, los colectivos sociales lanzaron una campaña de recogida de firmas con la intención de que se normalizase la situación de centenares de miles de migrantes en España. La campaña “¡Regularización YA!” logró recopilar desde diciembre de 2021 más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles para impulsar una iniciativa legislativa popular y que fueron entregadas en el Congreso en diciembre de 2022.
La iniciativa ciudadana inició su recorrido parlamentario en 2023 en la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Inclusión y Migración y los trabajos se extendieron a 2024 tras el adelanto electoral de julio del 23. Tras ello, la iniciativa legislativa quedó bloqueada en el Congreso por la negativa de los grupos de derecha, PP y Vox, a los que se sumaron los independentistas de Junts. Ante este bloqueo, esta semana se ha desbloqueado la situación tras un acuerdo del Gobierno con Podemos que permitirá evitar la vía parlamentaria.
A esta última regularización podrán acogerse tanto solicitantes de asilo que hayan registrado su petición como cualquier extranjero que pruebe haber vivido en España un mínimo de cinco meses hasta la fecha tope del 31 de diciembre de 2025. Tanto Podemos como el Ejecutivo calculan que la medida podría beneficiar a cerca de medio millón de personas que actualmente ya residen y trabajan en el país de forma irregular.