Los indígenas peruanos exigen el fin de la “justicia selectiva”

Han pasado cinco años desde el “Baguazo”, un enfrentamiento en una región amazónica de Perú entre policías e indígenas que reclamaban el derecho a decidir sobre sus territorios que dejó 33 muertos (23 agentes y 10 civiles) y un desaparecido. Las víctimas y sus familias denuncian que las investigaciones y testimonios consideran que la intervención fue desproporcionada, mal planificada e innecesaria. Aseguran que los responsables del Gobierno de entonces, presidido por Alan García, del Partido Aprista (APRA), siguen gozando de inmunidad, mientras la justicia se centra únicamente en los civiles, 54 indígenas y mestizos, cuya culpabilidad en algunos casos es cuestionada por las organizaciones de derechos humanos.

Los indígenas, los familiares de las víctimas (policías y civiles), las organizaciones de derechos humanos y algunos políticos creen que quienes se deberían sentar en el banquillo de los acusados son García y los que eran su ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, y su primer ministro, Yehude Simón. Con motivo del quinto aniversario, durante los últimos meses han tenido lugar protestas de activistas y ambientalistas que piden el enjuiciamiento de los políticos. Pero esa posibilidad parece muy remota.

La matanza se desencadenó en la madrugada del 5 de junio de 2009, cuando cientos de policías cargaron por sorpresa y sin previo aviso contra miles de indígenas amazónicos, de las etnias awajún y wambi, que llevaban 50 días bloqueando una carretera cerca de la localidad de Bagua, en un tramo conocido con la Curva del Diablo.

Reclamaban la derogación de unos decretos aprobados por el Parlamento que recortaban la capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre las concesiones mineras y de explotación de hidrocarburos en sus territorios.

La carga policial se produjo a pesar de que el día anterior los manifestantes, provenientes de decenas de pueblos de la región fronteriza con Ecuador, habían decidido terminar el bloqueo y firmado incluso un acta comprometiéndose a ello. Pero unas horas antes de la hora establecida para retirarse, se produjo el desalojo en el que los antidisturbios usaron armas de fuego.

“¿Por qué nos atacaron?”

“Estábamos cansados, no teníamos víveres para comer ni agua, hacía mucho sol, el Gobierno no quería el diálogo y decidimos levantar la protesta. ¿Por qué nos atacaron si habíamos firmado el acta? ¿Por qué directamente nos agredieron?”, recuerda Feliciano Kahuasa, un indígena awajún, que ahora está acusado de lesiones graves y homicidio, entre otros delitos, y que se enfrenta a una posible sentencia a cadena perpetua.

Los indígenas reaccionaron y respondieron al fuego con sus lanzas. El desalojo estuvo tan mal planeado que derivó en varias horas de enfrentamientos y caos. Algunos policías fueron desarmados, y hubo 10 civiles y 12 agentes muertos. Otras 200 personas resultaron heridas, 82 de ellas por arma de fuego.

Lo peor tuvo lugar en una planta petrolera cercana, que llevaba varios días asediada por unos 1.000 indígenas. Habían llegado a un pacto de no agresión con la treintena de policías de vigilancia, que aceptaron entregar sus armas. Pero mientras se producían los choques en Bagua se difundieron informaciones que apuntaban a decenas de indígenas muertos. Una turba enfurecida sacó a 12 de los policías de las instalaciones, los torturó y los asesinó. El cuerpo de uno de ellos está desaparecido desde entonces.

El 14 de mayo comenzó el juicio por los disturbios de la Curva del Diablo, en el que medio centenar de indígenas y mestizos de Bagua están acusados por los incidentes y las muertes de policías.

Sin embargo, como ha advertido la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reúne a 81 organizaciones no gubernamentales, “la Fiscalía no ha logrado presentar pruebas de que los 53 procesados hayan cometido los delitos que se les imputan, pidiéndose además penas que llegan hasta la cadena perpetua”.

A Danny López, otro de los nativos awajún procesados, le acusan de amotinamiento, disturbios, tenencia ilegal de armamento y robo de armamento. Por este último, el fiscal solicita para él la máxima pena. El día de los enfrentamientos estaba en Bagua y se refugió en una ambulancia, pero ésta fue parada por la policía y en su interior encontró un fusil que atribuyó a López. No obstante, él niega que lo llevara él. “No hay ni una prueba que me involucre”, afirma.

Kahuasa fue detenido al día siguiente de los disturbios cuando fue a entregar a las autoridades unas armas que, dice, había encontrado un vecino de su pueblo, Candungos, del que era la autoridad indígena. Ambos están ahora en arresto domiciliario tras haber pasado dos y cinco años, respectivamente, en prisión preventiva.

Las pruebas de parafina revelaron que ni ellos ni el resto de los acusados habían disparado un arma de fuego ese día. Por ello, se muestra confiado en que en el juicio “esclarezca la verdad y que sean juzgados los responsables que tienen que ser juzgados”.

“Aquí todos sabemos quiénes son los responsables: el expresidente García, la exministra Cabanillas y los generales (de la policía) Luis Muguruza y Javier Uribe (que dirigían los agentes ese día). Ellos deben estar presos en vez de nosotros”, indica López.

Los dos generales están siendo investigados en otro proceso en el que supuestamente también se vería la responsabilidad de Cabanillas, pero este proceso está “en una parte muy preliminar”, lamenta Rocío Silva, secretaria general de la CNDH. Además, Cabanillas goza del fuero especial que tienen los exministros en Perú durante los cinco años siguientes al abandono de su cargo y cualquier acusación en su contra debe pasar antes por el Congreso.

La negligencia y la masacre

Los familiares de los policías que fallecieron ese día han pedido que “el fiscal de la nación quite la inmunidad a Cabanillas” y se la investigue. “Actualmente nosotros estamos enfrentados con los hermanos nativos”, lamenta Nancy Salcedo, hermana de Johnny Salcedo, uno de los agentes muertos en la Curva del Diablo. “53 de ellos están siendo juzgados, pero no los grandes responsables, los del Gobierno del APRA. Se cometió una negligencia y producto de esa negligencia hubo una gran masacre que enluta a policías y a nativos”, agrega.

El Gobierno de García no sólo es acusado por el operativo sino por el desprecio a las peticiones de los indígenas awajún y wampi, con los que se negó a negociar durante los casi dos meses de protesta. El mandatario les acusó de oponerse al progreso e incluso se burló de sus costumbres y su cultura, que calificó de “absurdas” y “primitivas”.

García, que tras ser elegido para un segundo mandato en 2006 –el primero fue entre 1985 y 1990- se había reconvertido en un ultraliberal, había justificado las polémicas leyes que desencadenaron las protestas en que había que adaptar la legislación a lo acordado en el recién aprobado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Su Gobierno insinuó incluso que si se derogaban esas normas se podría romper el tratado, algo que después desmintió Washington. De hecho, algunos de los decretos más polémicos fueron cancelados después de la tragedia.

“El mandatario era una persona que no consideraba a su pueblo más lejano, para él éramos ciudadanos de tercera”, critica Kahuasa.

El nuevo Gobierno de Ollanta Humala ha puesto en marcha el derecho de consulta previa para los proyectos extractivos en tierras indígenas. Sin embargo, según las organizaciones de derechos humanos, el desprecio a los derechos de los pueblos indígenas de Perú sigue existiendo. Silva recuerda que el primer día del proceso no había ni siquiera intérpretes que hablaran la lengua de los acusados y que muchos de estos ni siquiera “sabían exactamente de qué se les acusaba y ni siquiera tenían abogados. Ahí mismo les nombraron unos de oficio”.

Nancy Salcedo manifiesta el deseo de las familias de los policías muertos de que lo sucedido hace cinco años “sea un precedente, que quede como un aprendizaje para todos los políticos, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores”.