Australia indemnizará a migrantes detenidos en su centro de Papúa por “daños físicos y psicológicos”

El Gobierno de Australia y los operadores de su centro para inmigrantes de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, han acordado este miércoles una compensación con los detenidos en este recinto por daños físicos y psicológicos.

El acuerdo se ha anunciado antes de que el Tribunal Supremo del estado australiano de Victoria iniciara el juicio por la demanda colectiva presentada por la firma legal Slater and Gordon en nombre de 1.905 inmigrantes detenidos en Manus entre 2012 y 2016.

Los detalles del acuerdo serán confidenciales y están sujetos a la aprobación de la justicia australiana. Según la cadena ABC, la indemnización sería de un total de 70 millones de dólares australianos (52,7 millones de dólares o 47 millones de euros), mientras que expertos legales calculan que cada demandante recibiría unos 113.000 dólares (100.780 euros).

Los detenidos pedían una indemnización por supuestos daños físicos y psicológicos causados por las condiciones de su detención en ese centro, uno de los dos que Australia tiene en el Pacífico para tramitar las solicitudes de asilo de aquellos que intentan llegar a sus costas por vía marítima.

La demanda colectiva, que acusa al Gobierno de no cumplir con su obligación de velar por los reclusos, también buscaba que se indemnizara a los inmigrantes por falsa detención. Tanto el Gobierno australiano como las empresas que han gestionado el centro, G4S Australia y Broadspectrum (llamado antes Transfield Services), negaron las acusaciones.

Cerrado por “violar las libertades” de los migrantes

En 2016 el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea determinó que el régimen de reclusión en Manus violaba las libertades personales de los solicitantes de asilo contempladas por la Constitución del país y ordenaba a los gobiernos papú y australiano cerrar la instalación. El acuerdo puede abrir potencialmente la puerta para otras demandas en Papúa Nueva Guinea contra el Gobierno de ese país.

Australia reactivó en 2012 su política para la tramitación en terceros países de las solicitudes de inmigrantes que viajan a su territorio en busca de asilo y acordó la apertura de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y Nauru.

La ONU y grupos de defensa de los derechos humanos han criticado estos centros de detención al calificar de inhumanas las precarias condiciones de vida con las que viven los internos.

Muchos de los inmigrantes retenidos en Nauru y Papúa han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas, como las minorías rohinyá de Birmania, o Bidún, de la región del Golfo.