Un editorial reciente del diario Haaretz acusaba al Gobierno de Netanyahu de practicar un nuevo macarthismo y de estar creando una “policía del pensamiento”, según el modelo descrito por George Orwell en su novela 1984. Para este periódico de tradición progresista, la figura del senador estadounidense Joseph McCarthy se ha reencarnado en el ministro de Seguridad Pública (que tiene bajo su mando a la Policía) y de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan.
Desde su Ministerio proponen crear dos ficheros. Uno de ellos registraría a las organizaciones y ciudadanos extranjeros que simpatizan con la causa palestina, y otro a los ciudadanos israelíes (o palestinos) que son abiertamente críticos con la ocupación apoyando en un grado u otro al movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).
Esta plataforma, impulsada en 2005 por un centenar de organizaciones no gubernamentales palestinas, propone la imposición de sanciones comerciales contra las instituciones y empresas que operen desde los territorios ocupados para así combatir la ocupación, tal y como se combatió al apartheid en Sudáfrica.
Activistas extranjeros deportados
Los activistas extranjeros ya han comenzado a ver denegada su entrada en aeropuertos y pasos fronterizos israelíes bajo la acusación de estar vinculados o apoyar al BDS. Le sucedió en marzo al británico Hugh Lanning, presidente de la organización británica Campaña de Solidaridad con Palestina, quien fue devuelto a Reino Unido sin que se le permitiera poner el pie en el país.
Lanning había entrado hasta en una docena de ocasiones en años anteriores para realizar visitas tanto a Israel como a los territorios palestinos, “sin que nunca hubiera habido ningún problema”, señaló el activista al diario The Independent.
En esta ocasión, añadió, en cuanto le escanearon el pasaporte en la aduana alguien le escoltó fuera de la zona aeroportuaria habitual. “Me enseñaron una foto mía en Gaza y me acusaron de tener vínculos con Hamás”, dijo. Desde la embajada israelí en Londres, uno de sus portavoces argumentó que la organización dirigida por el británico “lideraba una campaña en Reino Unido para demonizar y boicotear a Israel”.
Bajo esta acusación, será posible deportar a cualquiera que sea considerado como simpatizante del movimiento propalestino a partir de marzo, después de la aprobación de una nueva ley por parte del Parlamento. “No se expedirán visados ni permisos de residencia de ningún tipo a nadie que no sea ciudadano israelí o residente permanente si él (o ella) o la organización a la que pertenece han llamado al boicot del Estado de Israel o ha jurado formar parte de dicho boicot”, rezaba un comunicado difundido por el Gobierno poco después de que la normativa fuera ratificada.
Cerco a los activistas locales
Aún se desconocen las medidas coercitivas que las autoridades podrían imponer a los ciudadanos israelíes que son abiertamente críticos con la ocupación o que apoyan al movimiento BDS. El fiscal general, Avijai Mandelblit, ha mostrado su rechazo a la compilación de este tipo de listados que recuerdan precisamente al registro de “comunistas” que impulsó McCarthy durante la Guerra Fría.
La nueva ley sí podría afectar a los palestinos que viven en áreas controladas por Israel –como los residentes temporales en Jerusalén– que quieren tramitar una solicitud de residencia permanente. Igualmente podría perjudicar a quienes estén casados con ciudadanos árabe-israelíes, lo que legalmente les confiere la posibilidad de residir de forma continua en el país.
Este es el caso de Omar Barguti, uno de los fundadores del movimiento BDS –nacido en Qatar, pero de origen palestino–, quien podría ver revocada su residencia, tal y como amenazó el ministro de Interior, Arie Deri, por la implicación del activista en el movimiento de boicot.
Barguti ha sido recientemente detenido e interrogado durante cinco días –después de que las fuerzas israelíes entraran en su domicilio– bajo la sospecha de haber evadido supuestamente 700.000 dólares (unos 650.000 euros) de la Hacienda Pública israelí, según la versión de la policía. De acuerdo a la ley, Barghouti estaría obligado a declarar sus bienes en Israel dado que tiene el estatus de residente, una vez que contrajo matrimonio con su esposa –ciudadana árabe-israelí– con quien reside en la ciudad de Acre.
Los allegados del palestino niegan esta evasión de impuestos y señalan que es una “cortina de humo para alejar la atención de la ocupación israelí”, que Barguti lleva años denunciando.
Su detención se produjo convenientemente pocos días antes de un viaje que el palestino pensaba emprender a Estados Unidos donde iba a recibir el premio Gandhi por la Paz, que este año comparte con el abogado y activista estadounidense Ralph Nader. Por el momento, Barguti está en libertad bajo fianza y no puede salir del país.
Las ONG, en el punto de mira
Entre los fantasmas que también combate el actual Gobierno israelí –el más derechista de su historia– se encuentran las ONG progresistas, blanco de alguno de sus reglamentos más coercitivos.
El año pasado, la ministra de Justicia puso en marcha un controvertido proyecto de ley con el que pretendía obligar a todas las ONG israelíes que reciban más del 50% de sus presupuestos del extranjero –como Betselem, Breaking the Silence, Ir Amin, Bimkom o Hamoked– a identificar a sus donantes, publicar sus cuentas y marcar todos los documentos que hagan circular en el Parlamento.
La normativa excluía a organizaciones ultranacionalistas israelíes como Ateret Cohanim o Elad, dedicadas a la colonización judía de Jerusalén y alrededores, las cuales reciben financiación privada estadounidense.
Pero no solo las organizaciones progresistas están en el punto de mira, también los empleados palestinos que trabajan en ellas, como Mohamed el Halabi, trabajador local de la estadounidense World Vision. En el verano de 2016 fue acusado de desviar a Hamás –que gobierna Gaza desde 2007– tres millones de dólares donados por el Gobierno australiano para el desarrollo de diversos proyectos de cooperación en el enclave costero.
Mientras que el Shin Bet, servicios de inteligencia interior, aseguró en su momento que tenía pruebas de la vinculación de Mohamed el Halabi con miembros de Hamás, una investigación independiente encargada por el Gobierno australiano ha determinado que no se ha podido encontrar pruebas sobre el supuesto desvío de sus fondos.
Considerando el modus operandi del sistema judicial israelí en casos similares, según informaron a la familia los abogados del palestino, es más que probable que El Halabi termine cumpliendo pena en una cárcel israelí. Los portavoces de World Vision han reiterado la confianza depositada en el palestino, de quien aseguran “es una persona honrada”.
Asedio a los medios
Los medios de comunicación israelíes también están siendo objeto de hostigamiento. Netanyahu calificó en enero de “bolchevique” la cobertura de los cuatro casos de supuesta corrupción en los que está implicado.
Primero, Netanyahu impulsó la desaparición de la veterana Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA), no siempre afín a los intereses del líder del Likud y cuya existencia ya se veía amenazada por los elevados costes de mantenimiento y lo obsoleto de sus instalaciones.
Después interfirió, según denunciaron algunos de los trabajadores del ente público, en los nombramientos de los gestores que se harían cargo de la nueva entidad que la reemplazaría, la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (IPBC, en sus siglas en inglés). Netanyahu vetó el nombramiento de la conocida periodista Geula Even como directora de los servicios informativos en cuanto que está casada con el exministro de Educación Gideon Saar, rival político de Netanyahu.
Tras un reciente viaje a China, el primer ministro cesó de forma fulminante a dos de los principales directivos de la IPBC. Su falta, haber nombrado a Even en su ausencia sin consultar previamente con la oficina de Netanyahu, según se publicó en los medios locales.
Pero si el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en el ente público es porque gran parte de los medios privados ya le son afines, comenzando por el diario de mayor difusión, el gratuito Israel Hayom (también conocido como Bibitón, a partir de la fusión entre Bibi, apodo de Netanyahu, e 'itón', que significa periódico en hebreo), financiado por su amigo multimillonario y magnate de los casinos, Sheldon Adelson.
Igualmente el portal de Internet Walla.com no acostumbra a publicar informaciones que puedan afectar negativamente a los intereses del primer ministro o de su entorno. El diario Yediot Ajaronot, tradicionalmente crítico con su gestión, ha estado en el punto de mira este año después de que se filtrase el supuesto acuerdo al que habría podido llegar su propietario, Arnon Moses, con Netanyahu. Según este acuerdo, desmentido por Moses, el primero promovería una cobertura favorable del segundo a cambio de legislar para reducir la tirada del principal competidor del Yediot, el periódico de Adelson.
Este presunto nuevo caso de corrupción (llamado por la policía “caso 2000”, existiendo ya un “caso 1000”, un “3000” y hasta un “4000”) ha sido desmentido por el primer ministro mientras acusa a los medios de comunicación más críticos de orquestar una caza de brujas contra él, sus familiares y socios. Netanyahu no solo es el primer ministro de Israel. También es el Ministro de Comunicaciones, cartera que sigue manteniendo bajo su control.