Marzo de 2022. Apenas un mes después del estallido de la guerra en Ucrania, el Gobierno inaugura el primer centro de acogida estatal levantado para recibir a miles de ucranianos, ubicado en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Su Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, abre los brazos a la llegada de los refugiados de la invasión rusa, llama a la solidaridad y hasta promueve que los vecinos ofrezcan sus propias casas a los recién llegados.
“Estamos hablando de personas que tienen que deambular por el mundo. Vamos a evitar que pase cualquier cosa fea y tengamos todo bien ordenado para que ellos puedan estar donde les podamos acoger de verdad y muy bien”, defendió la entonces alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez (PP), para anunciar una iniciativa municipal que pretendía organizar la ayuda ofrecida por vecinos dispuestos a acoger a ucranianos en sus casas, dar clases de español o apoyo escolar a los menores huidos de la invasión rusa.
Julio de 2025. Después de que el Tribunal Supremo ordenase al Gobierno central hacerse cargo de un millar de menores solicitantes de asilo llegados a Canarias, el Ministerio de Migraciones busca habilitar espacios para acogerles. Ofreció el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón como una de las opciones para alojar a parte de estos chavales y cumplir así con la sentencia. “Me niego en rotundo a que traigan a un solo menor inmigrante a Pozuelo de Alarcón. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. No lo vamos a aceptar de ninguna manera”, dice la actual alcaldesa del municipio, Paloma Tejero (PP). Dos semanas después, su Ayuntamiento solicita una inspección urbanística del centro y, tras su análisis, el Consistorio ordena su cierre por carecer de la licencia necesaria para ello.
Tanto los ucranianos como los menores africanos que el Gobierno tiene que acoger son solicitantes de protección internacional. Unos y otros han formalizado peticiones de protección porque huyen de la guerra o de la persecución en sus países de origen. Los chavales llegados a Canarias a los que se refiere la sentencia del Supremo, esos que podrían pasar por el centro de acogida de Pozuelo, proceden en su mayoría de Mali, cuyo conflicto, recrudecido el año pasado, ha provocado oleadas de violencia contra civiles, así como la expansión de la guerra hacia otras zonas del país. Son niños y, como los ucranianos, huyen de la guerra.
Hasta ahora, el Consistorio no se había planteado acudir una inspección urbanística del centro de acogida estatal, según confirma el Ayuntamiento de Pozuelo. “Dábamos por hecho que el Gobierno tiene sus papeles en regla”, responden fuentes oficiales municipales a elDiario.es, que confirman que la razón de solicitarla se debe al posible traslado -ni siquiera estaba aún confirmado- de menores solicitantes de asilo desde Canarias. “No obstante y ante su intención de trasladar a 400 menores al centro hemos comprobado que lamentablemente se encuentran en una situación totalmente ilegal” pues “carecen de todas las licencias”, añaden. La inspección se realizó esta semana y el Ayuntamiento asegura haber notificado la orden de cierre al Gobierno este miércoles.
Migraciones niega haber recibido la orden de cierre del centro, aunque sí confirma que el centro ha sido objeto esta semana de una inspección urbanísitica. “Hemos colaborado aportando toda la documentación y facilitando el acceso a todas las estancias. Estamos tranquilos”, sostienen fuentes oficiales del departamento dirigido por Elma Saiz. El centro de Pozuelo es un edificio propiedad del ministerio de Seguridad Social cedido a Migraciones en 2022 para atender la llegada de los refugiados, especialmente de Ucrania. Hasta ahora han pasado por sus instalaciones más de 100.000 personas y, según recalca el Ministerio, “nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”.
Por el momento, tanto fuentes ministeriales como de la ONG que lo gestiona, Accem, confirman que el centro está funcionando con normalidad. “Actualmente casi 500 personas se encuentran acogidas en el centro de Pozuelo, la mayoría ucranianas, latinoamericanas, mujeres con niños muy pequeños. No contemplamos que el Ayuntamiento y el PP madrileño las quiera dejar en la calle de la noche a la mañana”, sostienen desde Migraciones.
Aunque es la primera vez que el Ayuntamiento acude a una inspección urbanística del centro de acogida, en septiembre del año pasado la alcaldesa sí había empezado a mostrar su rechazo al centro, justo cuando el espacio de acogida empezó a recibir también migrantes y solicitantes de asilo de otras nacionalidades, ante la caída de la llegada de refugiados ucranianos a España. Cuando la edil empezó a ver por las calles grupos de personas acogidas que, a diferencia de los ucranianos, no tenían la piel blanca ni los ojos azules. “Los vecinos de urbanizaciones cercanas [...] se han puesto en contacto con su Ayuntamiento y su Policía Municipal alarmados al observar que en las últimas semanas se puede ver a estas personas deambular frecuentemente por las calles de nuestra ciudad”, escribió Tejero en una carta enviada el año pasado a la Delegación del Gobierno en Madrid.
La alcaldesa, que no mencionaba ningún incidente entre las personas acogidas y los vecinos -solo decía que los han visto “deambular”- solicitaba al Gobierno “un refuerzo de seguridad en la zona”. También criticaba no haber sido avisada y enterarse por las “reiteradas llamadas” de los residentes. La “alarma” descrita por la alcaldesa no se apreciaba entonces en los alrededores del centro de acogida. Algunos vecinos caminaban por la acera de enfrente sin apenas prestar apenas atención a las personas que, muy de vez en cuanto, entraban y salían de las instalaciones.
Tras el ofrecimiento del Gobierno del centro de Pozuelo a Canarias como una de las opciones para albergar a los menores solicitantes de asilo, la edil del municipio madrileño ha vuelto a vincular delincuencia con inmigración, pero no con cualquier inmigración, solo con la procedente del continente africano, según evidenció en una entrevista publicada por Okdiario: “Los vecinos de Pozuelo y yo misma estamos aterrorizados”, dijo sin mencionar ningún incidente ocurrido en su municipio con las personas alojadas en el centro de acogida. La edil no cuestiona en ningún momento la presencia de ucranianos en sus barrios, pero su alerta llegó cuando empezó a ver grupos de personas negras paseando por los alrededores del centro de acogida. “Aparecieron autobuses de subsaharianos sin previo aviso, todos uniformados con capuchas y plumas, y generaron terror”, sostiene en la entrevista. “Hemos conseguido cierta convivencia, pero es un recurso con el que no estamos cómodos”, añadió.
El ultimátum del Supremo
El pasado marzo, Tribunal Supremo ordenó al Gobierno central que se hiciese cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo acogidos en la red de protección de Canarias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal adoptó esta medida cautelar positiva que afecta a 1.221 menores no acompañados que hasta ahora formaban parte de la red de protección del Archipiélago. Se trata, por tanto, de un proceso diferente al plan del Ejecutivo para el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados por comunidades autónomas.
Tras meses sin cumplir con la sentencia, el Supremo dio el 5 de junio un ultimátum al Gobierno central, al entender que, desde la petición cautelar emitida en marzo, no ha tomado medidas para agilizar la situación de los menores. En esta línea, el Alto Tribunal exigió que, en los 30 días siguientes, se tomaran medidas como dotar de más personal y medios a las oficinas encargadas o mejorar su colaboración con Canarias. Si no, advirtió el Supremo, la ley contempla la imposición de multas o llevar a la vía penal a los responsables. Se trata, por tanto, un procedimiento distinto
Para acatar la orden, los traslados de menores refugiados desde Canarias a la Península empezarán en un plazo máximo de dos semanas, según las previsiones del Gobierno central anunciadas este martes. En la última reunión mantenida entre el Estado y la comunidad autónoma, Migraciones anunció que ya había mantenido reuniones con las principales entidades que trabajan con los menores, con el objetivo de analizar los recursos y las ubicaciones disponibles en el resto de comunidades autónomas. Sobre la ubicación exacta de las 1.200 plazas que se crearán en el resto del territorio nacional, el Ejecutivo ha pedido ''cautela'' para evitar ''posibles situaciones no deseadas'', han asegurado desde el Gobierno canario.
Entre esas situaciones “no deseadas” se encuentran reacciones como la surgida con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y las posibles acciones racistas surgidas en las comunidades autónomas donde vayan a ser enviados. Pese a que el Gobierno central se encargará de su acogida y manutención, la educación y la sanidad correrán a cargo de las autonomías. Fuentes de Migraciones insisten en que el centro de acogida de Pozuelo era solo una de las posibilidades que barajan para recibir a estos chavales y, en todo caso, necesitaría ser habilitado para recibirlos, pues actualmente no está preparado para alojar a menores no acompañados. El Ministerio pretende apostar por priorizar espacios de acogida más pequeños para favorecer una mayor inclusión en la sociedad y una atención más personalizada. A través de la ONG Engloba, la cartera dirigida por Elma Saiz está estudiando de manera “individualizada” el caso de cada menor que ha manifestado disposición a trasladarse a la península, un paso clave para cumplir con el interés superior de los menores.