El Ayuntamiento de Pozuelo notifica al centro de refugiados el cese temporal de su actividad alegando falta de licencia

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado al centro de refugiados de la ciudad el cese temporal de su actividad tras alegar que las instalaciones no disponen de la licencia como uso residencial sino para actividades docentes, razón por la que ha acusado el Gobierno central de “negligencia institucional” ante la posibilidad de que migrantes africanos fueran trasladados al centro desde Canarias.

“Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa, porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad”, ha manifestado la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, en declaraciones remitidas a Europa Press.

Así, Tejero ha alertado de que el centro ha sufrido una transformación “de la noche a la mañana” para convertirlo en una residencia para más de medio millar de personas “sin ningún tipo de autorización” y en contra de lo que marca la ley. “Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías”, ha subrayado.

La resolución del cierre se adopta tras una inspección del Ayuntamiento de Pozuelo llevada a cabo después de conocer la intención del Gobierno de trasladar allí de manera permanente a 400 menores solicitantes de asilo, según han señalado fuentes populares, que recuerdan que desde el Consistorio se ha alzado la voz en sucesivas ocasiones en contra de utilizar el centro como residencia permanente.

Ahora, una vez ha sido notificado la orden del cierre temporal, el centro cuenta con quince días de plaza para presentar alegaciones, si bien deberán cumplir con el cese de la actividad, y por tanto el Ejecutivo deberá reubicar a los actuales residentes en otras instalaciones. Para el Ayuntamiento, destacan estas mismas fuentes, lo más importante es “asegurar que se cumplen las condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad” de los residentes del centro.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que no ha recibido “ningún requerimiento del Ayuntamiento para el cierre del centro de Pozuelo ni para paralizar la actividad”. “El centro de Pozuelo es un edificio de la Seguridad Social, es decir, de este Ministerio, que se cedió a Migraciones en 2022 para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania. Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional y nunca ha habido ningun problema con el Ayuntamiento”, afirman fuentes del Ministerio.

El Ministerio indica también que “actualmente residen allí casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, mujeres con niños muy pequeños”. “No contemplamos que el Ayuntamiento y el PP madrileño las quiera dejar en la calle de la noche a la mañana. En este momento la actividad del centro y de las entidades que colaboran con el Ministerio para dar atención a estas personas está funcionando con normalidad”, añaden.

El delegado del Gobierno habla de “ejercicio de racismo preventivo”

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha arremetido esta decisión y ha denunciado que se trata de “un ejercicio de racismo preventivo”. Martín se ha manifestado en estos términos en una entrevista con RNE, en la que ha incidido en que aún no se conocen oficialmente las cifras de migrantes que deberá recibir cada Comunidad Autónoma, por lo que considera que el asunto no ha sido tratado con la seriedad que corresponde por parte de las administraciones controladas por el Partido Popular, como son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Sin embargo, ha recalcado que hasta el momento de sus declaraciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no había recibido “ninguna comunicación formal” sobre la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo, acusando por tanto al PP de estar pendiente “de los titulares” y “hacer seguidismo” de lo que “le señalan los ultras”, más que a trabajar en el asunto.

En los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Pozuelo para el cierre del centro destaca que las instalaciones carecen de la licencia adecuada para su uso, pues los permisos actuales datan de 2013 y no reconocen el uso residencial de las mismas. Sin embargo, Martín ha incidido en que el CREADE sí abrió sus puertas “de par en par” en 2022 para recibir a refugiados ucranianos, pero que ahora que la previsión apunta a migrantes africanos, el PP de Madrid ha reaccionado de manera “francamente irresponsable”.

“Somos conscientes de que en el mes de julio el Ayuntamiento de Pozuelo anunció que haría todo lo posible para que allí no se instalaran menores procedentes de Canarias, y lo que ha hecho en estas semanas ha sido dos visitas a este centro y tenemos constancia de dos actas de inspección urbanística, nada más”, ha relatado Martín, que ha abogado por afrontar la cuestión desde un prisma de respeto a los Derechos Humanos y conscientes de que se trata de personas vulnerables.

Preguntado por la capacidad de maniobra del Gobierno central para revertir el cierre del centro ordenado por el Ayuntamiento de Pozuelo, el delegado ha señalado que se “analizará la decisión cuando llegue”, a la par que ha destacado que hay cuatro centros como el de Pozuelo en todo el país que “funcionan con total normalidad”.

“Tenemos otros centros y otros recursos activados para responder a lo que es una emergencia humanitaria y es en lo que tendríamos que estar, en responder, en dar soluciones, no en generar más problemas”, ha remachado el delegado del Gobierno, que ha destacado que a España “le corresponde responder por ser la frontera sur de Europa”.

El PSOE asegura que el centro está “perfectamente dotado” para acoger menores

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Pozuelo ha asegurado que el centro está “perfectamente dotado” de los “servicios adecuados” para acoger menores. En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la formación política, Helio Covaleda, se ha referido a la notificación de cese cautelar de actividad enviada por el Ayuntamiento, asegurando que “señalar ahora que el centro no cumple con la normativa demostraría que han sido negligentes desde 2022”.

“Resulta difícil de entender que el mismo Ayuntamiento de Pozuelo que en 2022 acogió sin reparos a familias ucranianas que huían de la guerra -como debía ser- se niegue ahora siquiera a contemplar la llegada de menores migrantes no acompañados que también huyen de la violencia, la pobreza extrema o los conflictos”, ha asegurado.

Según el concejal de la oposición, “no puede haber solidaridad selectiva según el color de piel, el país de origen o la coyuntura política” ya que “todos los niños merecen la misma protección”. “La humanidad y la legalidad no se aplican a conveniencia”, ha añadido.

A su juicio es “lamentable” que la alcaldesa “ponga el grito en el cielo” ante una medida que “no es efectiva aún, y que si lo fuera es de solidaridad interterritorial, de justicia, por resolución del Tribunal Supremo y de humanidad”.