Médicos y ONG se han encontrado en los últimos meses en la Comunidad de Madrid un aumento de las personas inmigrantes con VIH que no pueden obtener su tratamiento, como adelantó elDiario.es. En este contexto, para conocer la situación del acceso a fármacos antirretrovirales de personas migrantes, el Ministerio de Sanidad inició en septiembre una consulta con todos los coordinadores autonómicos de VIH. Los resultados sostienen que, en lo que se refiere a pacientes seropositivos, “solo la Comunidad de Madrid está incumpliendo” la normativa estatal.
La cartera dirigida por Carolina Darias ha contactado con “todos los coordinadores autonómicos de VIH” y con las entidades que conforman el Comité Consultivo de la División de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis con el objetivo de “conocer la situación del acceso a fármacos antirretrovirales de personas migrantes”. En base a las respuestas obtenidas en esta ronda, Sanidad concluye que la Comunidad de Madrid es la única que “está incumpliendo lo establecido por el Real Decreto 7/2018” cuando se trata de pacientes migrantes con VIH, según una portavoz del Ministerio.
La alerta entre pacientes afectados, sanitarios especializados en enfermedades infecciosas y ONG de apoyo a personas con VIH saltó tras el impulso de un nuevo procedimiento para gestionar los documentos sanitarios de las personas en situación administrativa irregular en la Comunidad de Madrid, a través de las llamadas Unidades de Tramitación. Cuando un ciudadano seropositivo tenía algún problema para acceder al tratamiento debido a su situación administrativa, las organizaciones solían derivarlos a una serie de hospitales madrileños de referencia en enfermedades infecciosas, como el Ramón y Cajal o el Infanta Leonor, donde sí tenían un mecanismo interno para darle de alta en el sistema y suministrarle la medicación.
Esa vía se ha bloqueado desde la creación de las llamadas Unidades de Tramitación, según denunciaron varios médicos y organizaciones. Quienes están teniendo problemas para conseguir su medicación para el VIH son, principalmente, personas inmigrantes en situación irregular que llevan menos de tres meses empadronadas en España. Pero también ciudadanos extranjeros con permiso para residir en el país, a los que el sistema ha dado de baja de forma repentina tras la reorganización de tipos de documentos sanitarios realizada en las últimas semanas por la Consejería de Sanidad, lo que ha conllevado la interrupción de su tratamiento.
Tras la publicación en elDiario.es de varios casos de exclusión sanitaria de pacientes con VIH en la Comunidad de Madrid documentados por organizaciones especializadas, los responsables del área de Aseguramiento de la Consejería de Sanidad defendieron que las barreras que han desencadenado la falta de tratamiento a determinados pacientes extranjeros con VIH son fruto de los requisitos exigidos por la legislación estatal, por lo que descartaban cualquier responsabilidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. En una reunión mantenida en noviembre entre médicos especialistas en enfermedades infecciosas y miembros de varias organizaciones, el director general y la subdirectora general de Aseguramiento defendieron que la Comunidad de Madrid era la única región que cumplía con los requisitos del Real Decreto 7/2018. Ahora, Sanidad apunta a lo contrario.
En una respuesta enviada por escrito a elDiario.es, el Ministerio asegura que “no existe justificación ni marco legal alguno que justifique” la falta de acceso al tratamiento de inmigrantes denunciada en Madrid. El Real Decreto 7/2018 permite el acceso a la sanidad de las personas residentes en España en situación irregular que lleven más de tres meses en el país. Para los que aún no superan una estancia de 90 días, la norma pide la emisión de “un informe previo favorable de los servicios sociales de las comunidades autónomas”.
Desde la Consejería de Sanidad, un portavoz ignora los casos documentados de inmigrantes con VIH sin acceso a la medicación e insiste en que “la continuidad farmacológica se facilita aunque estén en una estancia menor a 90 días, al igual que la atención en urgencias” al tratarse de una atención “no demorable”.
Para justificar la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la exclusión sanitaria y la falta de marco legal que lo sustente, Sanidad se aferra a la posibilidad de solicitar ese informe social que recoge la norma. El Ministerio también recalca “la necesidad” de permitir el acceso sanitario “sin barreras” a las personas en situación irregular desde el momento en el que solicitan su acceso ante la correspondiente comunidad autónoma, como recoge un documento de recomendaciones consensuado por las distintos gobiernos regionales en 2019 en el Consejo Interterritorial de Sanidad.
El Gobierno regional apunta a que en todo momento está cumpliendo con lo establecido en la norma y las recomendaciones mencionadas por Sanidad. “Siguiendo las Recomendaciones del Ministerio a las que se hace referencia, informar que a los extranjeros en situación irregular que solicitan acceso sanitario público, se les proporciona en documento acreditativo de asistencia para extranjeros de tres meses de validez y, una vez se valida la solicitud, se les proporciona el DASE de 2 años de validez”. El DASE es un documento que acredita el acceso a la asistencia sanitaria gratuita en la Comunidad de Madrid a ciudadanos extranjeros que viven en situación irregular.
No obstante, el nuevo procedimiento activado en la Comunidad de Madrid para reconocer el derecho a la atención pública de las personas en situación irregular conlleva la petición de cita previa en unas unidades de tramitación específicas (en vez de en los centros de salud) e incluye una serie de requisitos, como la presentación de un certificado de empadronamiento de al menos tres meses, difícil de conseguir para muchas personas migrantes. Estas personas que no cumplen las exigencias de la Comunidad de Madrid no pueden registrar su solicitud, por lo que se quedarían fuera del sistema.
“La responsabilidad es compartida”
Varias organizaciones consultadas por elDiario.es apuntan que, si bien la interpretación de la normativa sanitaria realizada por la Comunidad de Madrid es “muy restrictiva”, la responsabilidad de los distintos casos de exclusión documentados -ya sea de VIH o de pacientes con otro tipo de dolencias- es “compartida” entre el gobierno regional y el Ministerio de Sanidad.
Según los casos a los que accede Médicos del Mundo, la Comunidad de Madrid es la única región donde se producen tantos casos de exclusión en inmigrantes con VIH. “No tenemos constancia de que en otras comunidades autónomas se produzcan interrupciones de tratamiento de VIH o falta de acceso a la medicación porque no puedan acreditar los 90 días en España, como sí pasa en Madrid. En otras regiones se producen algunos casos, pero puntuales por la desinformación por parte del usuario o el administrativo de turno, pero no se da una denegación casi sistemática a todos los que no acrediten 90 días”, apunta Pablo Iglesias, miembro de Médicos del Mundo y portavoz de la Plataforma REDER.
Pero, a la hora de analizar la base de la exclusión sanitaria, el técnico de Médicos del Mundo sí señala al Ministerio de Sanidad. “El problema es que esa interpretación restrictiva que realiza la Comunidad de Madrid puede ser legalmente defendible en base a la actual normativa. Es lo que siempre le transmitimos al Ministerio de Sanidad: El Real Decreto 7/2018 (aprobado por el Gobierno de Sánchez para ”recuperar la sanidad universal“) tiene tantas lagunas legales que da pie a que se pueda interpretar de forma restrictiva”, añade Iglesias.
En la misma línea responde Nacho Revuelta, portavoz de la red Yo Sí Sanidad Universal. “La responsabilidad del aumento de los casos de pacientes con VIH excluidos es compartida. Por un lado, del Ministerio porque no ha regulado la vía del informe social para permitir el acceso de quienes no lleven más de 90 días, aunque está en la ley de forma general. Por otro, la interrupción del tratamiento a inmigrantes después de haberles dado de baja en el sistema de repente, cuando ya se les había reconocido el derecho a la asistencia sanitaria, solo es achacable a la Comunidad de Madrid”, apunta el médico y miembro del colectivo.
Aunque en 2018 el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, su redacción dejó una serie de huecos por donde, en la práctica, diferentes gobiernos autonómicos imponen trabas administrativas a la atención de estos inmigrantes, sobre todo aquellos que llevan menos de tres meses en España o no han podido empadronarse, incluidos menores, embarazadas y casos de urgencia.
El actual Ejecutivo reconoció que “la experiencia acumulada en la aplicación de dicha norma muestra que es necesario realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud”. Con esa finalidad, el Gobierno ha aprobado recientemente el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión que pretende corregirlo, aunque su redacción inicial no ha satisfecho a las organizaciones especializadas, que acaban de registrar una serie de enmiendas, dado que el texto se encuentra en fase de consulta abierta.
Para garantizar la atención de pacientes con VIH, Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo, entre otras, apuestan por asegurar en la futura norma la atención en caso de las llamadas “enfermedades de declaración obligatoria”, entre las que se encuentra el VIH/sida. También apuestan por incluir de forma clara cómo debe aplicarse la solicitud del informe social en el caso de atender a una persona en situación irregular que aún no lleve 90 días en España o no pueda acreditarlo.