La CNMC pide no favorecer a Correos en el contrato postal centralizado del Estado

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide introducir cambios en la contratación centralizada del servicio postal por parte de la Administración General del Estado para evitar favorecer al operador dominante, la compañía pública Correos.

Según indica la CNMC en su informe sobre los pliegos y las prescripciones técnicas del contrato de servicios postales, la situación actual se caracteriza porque Correos es la adjudicataria de todos los contratos de los diferentes departamentos del Estado, excepto los de la Agencia Tributaria (AEAT) y los del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Entre otras medidas, Competencia propone limitar los privilegios que Correos tiene por ley dada su condición de operador responsable del servicio postal universal (SPU), lo que implica presunción de veracidad y fehaciencia en la notificaciones de órganos administrativos, al considerar que esto le sitúa en “una posición de partida francamente ventajosa frente a sus competidores”.

Respecto a las condiciones de solvencia exigidas, recomienda que la red de oficinas de Correos sea accesible para el resto de operadores interesados en participar en el concurso o trocear los lotes en un ámbito inferior al estatal.

Según explica, los pliegos incluyen dentro de los criterios de solvencia que el adjudicatario tenga oficinas en todas las capitales de provincia de España, una cuestión que tiene gran trascendencia para una concurrencia efectiva a la licitación.

Además, recomienda medidas para separar “claramente” las exigencias de solvencia económica y financiera con respecto a la técnica.

Asimismo, considera “excesiva por injustificada” la exigencia de contar con experiencia en el ámbito territorial estatal por lo que pide que elimine el requisito de experiencia en la prestación de servicios similares para cada uno de los lotes la referencia a dicho ámbito, “pues constituye una restricción geográfica claramente anticompetitiva”.

También asegura que se cuestiona la necesidad de un umbral mínimo en relación con criterios no evaluables mediante fórmulas.

El organismo valora la búsqueda de ahorros y eficiencia, pero advierte de que la contratación centralizada debe realizarse “sin menoscabar los principios garantes de una competencia efectiva”.