Empleo cifra en 1.500 millones el coste de la sentencia sobre pensiones de trabajadores a tiempo parcial

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha cifrado hoy en 1.500 millones de euros anuales el gasto que supondrá reconocer las pensiones de trabajadores a tiempo parcial a las que ahora obliga una sentencia del Tribunal Constitucional.

Burgos ha aportado esta cifra en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, donde ha acudido para informar de la sentencia del tribunal que declara “inconstitucional y nulo” el sistema que la Ley General de la Seguridad Social establece para el cálculo de los periodos de cotización que dan derecho a una pensión contributiva en el caso de los contratos a tiempo parcial.

El caso analizado por el TC a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia es el de una mujer -que trabajó durante dieciocho años, once de ellos con una jornada parcial de cuatro horas a la semana- a la que en 1999 le fue denegada la pensión de jubilación por no reunir el periodo mínimo de cotización de quince años exigido.

Según Burgos, esta sentencia obliga a que tenga que adoptarse el precepto de “día trabajado día cotizado”, cuando hasta ahora para los trabajadores de tiempo parcial no era así.

Para acreditar el periodo de cotización, el precepto ahora anulado preveía el cómputo de las cotizaciones efectuadas “en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización”, para lo que el número de horas se dividía por cinco, “equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales”.

El secretario de Estado ha destacado que a ese gasto de 1.500 millones de euros, “inasumible” para el sistema de pensiones, habrá que sumar las nuevas altas naturales que se den cada año, por lo que el gasto total ascendería a 1.900 millones de euros.

Según Tomás Burgos, la sentencia introduce “inseguridad jurídica”, ya que, ha explicado, fija que le corresponde a los órganos judiciales “la tarea de determinar la normativa aplicable acudiendo a las normas interpretativas del derecho”.

Al respecto, ha vaticinado que, “a buen seguro”, habrá “dispares interpretaciones ante la inexistencia de un criterio que colme la laguna legal existente”.

Ante esta situación el secretario de Estado de la Seguridad Social ha emplazado a los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo para reformar el sistema de cálculo.