España y Francia pedirán una indemnización a ACS y Eiffage por la quiebra del AVE Figueres-Perpignan

España y Francia reclamarán una indemnización a la constructora española ACS y a la francesa Eiffage por la quiebra de su empresa conjunta TP Ferro, que gestionaba la conexión ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) entre Figueres (Girona, Catalunya) y Perpiñán (Francia), y que tuvieron que rescatar los Gobiernos de ambos países en diciembre de 2016.

Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, tras una reunión con la ministra francesa de Transportes, Elisabeth Borne, de la que ha destacado “la magnífica disposición” del Gobierno del país vecino “en dar solución” a la conexión Figueres-Perpiñán, que ha permitido que la situación de la empresa que gestionaba esta infraestructura “no se haya traducido en un problema hacia el usuario”.

España y Francia firmaron el pasado 19 de diciembre en París el convenio para la explotación y mantenimiento de dicho tramo del AVE al 50% durante cuatro años, prorrogables por un período de dos más, a través de Adif y su homólogo francés (SNCF-Réseau).

El ministro ha agradecido a la Administración gala haber sido “ágil y muy colaboradora”, lo que ha permitido que “en estos momentos de lo que estemos hablando, es de cuál va a ser la reclamación que los dos países hagamos a la empresa en concepto de indemnización por la situación generada”.

De esta forma, el grupo que preside Florentino Pérez y la compañía francesa, además de no tener derecho a recibir una compensación por el rescate de la infraestructura, al considerar los dos gobiernos que habían incumplido el contrato, afrontarían ahora el pago de una compensación a los dos Estados. En septiembre, con TP Ferro abocada a la liquidación, el anterior ministro de Fomento, Rafael Catalá, dio por hecho que las dos administraciones, la francesa y la española, “tendrían la responsabilidad patrimonial de la administración” y tendrían que indemnizar a la concesionaria.

De la Serna ha señalado que no es un asunto sencillo, ya que hay varios procedimientos arbitrales en lo que tiene que ver con TP Ferro,- empresa ferroviaria hispanofrancesa integrada al 50% por Eiffage y ACS, y con sede en el municipio gerundense de Llers-, pero ha subrayado que hay una coincidencia “absoluta” en el posicionamiento de Francia y España.

El titular de Fomento ha añadido que los dos Gobiernos trabajan de forma coordinada en este asunto y que se reunirán de nuevo el próximo 14 de septiembre para avanzar en lo que puede ser el siguiente paso a dar.

Está previsto que los servicios jurídicos de ambos países puedan abordar ese tema a corto plazo porque el pago de esa eventual indemnización tendría que hacerse al 50% para cada Estado, ha precisado.

De la Serna ha recordado, asimismo, que España y Francia consideran que no le corresponde una indemnización a la empresa por incumplimiento del contrato, por lo que no procede realizar ningún pago reclamado por el administrador concursal.

Su homóloga francesa también se ha congratulado de que ambos países hayan logrado conjuntamente evitar que la quiebra de TP Ferro tuviera un impacto en el tráfico de pasajeros y mercancías, y asegurar la continuidad de la explotación de este tramo de la línea ferroviaria.

1.000 millones de inversión

Los dos países convinieron en hacerse cargo de la infraestructura para garantizar el mantenimiento del servicio después de que en septiembre TP-Ferro no lograra superar el concurso de acreedores en que estaba inmersa y se viera abocada a la liquidación. Se trata de un tramo de AVE de 44,4 kilómetros de longitud que incluye un túnel de 8,3 kilómetros bajo los Pirineos. ACS y Eiffage, a través de TP Ferro, se adjudicaron en 2003 su construcción, que supuso una inversión de 1.000 millones, y su posterior explotación durante cincuenta años.

Los retrasos acumulados en la puesta en servicio del túnel y en su conexión con la red de Alta Velocidad de los dos países, así como el escaso tráfico de trenes llevaron a la quiebra de la concesión.

El concurso y la liquidación de la firma concesionaria tuvo lugar después de que las constructoras emprendieran en los últimos años procesos de arbitraje internacionales para reclamar distintos importes a España y Francia que no prosperaron.