España pide a la UE medidas “valientes” en movilidad laboral y unión fiscal

El Gobierno español propone fortalecer la Unión Económica y Monetaria (UEM) con medidas “valientes” a medio y corto plazo para avanzar en la movilidad laboral, en la unión fiscal y en una integración adecuada del sector bancario minorista.

Según consta en el documento de once páginas que ha enviado el Gobierno a Bruselas sobre la contribución de España al debate de la gobernanza de la UEM, la orientación de la política monetaria única se ha mostrado “inadecuada” para ciertos estados miembros y en algunos países ha resultado “excesivamente laxa”, haciendo que las condiciones financieras distorsionaran el comportamiento racional y provocaran un excesivo endeudamiento.

El Ejecutivo español cree también que la zona euro ha carecido de suficiente movilidad de la mano de obra frente a los movimientos de capital que no tienen restricciones, y lamenta que esta combinación haya causado desajustes que no hayan podido corregirse con movilidad de trabajadores y por lo tanto “incrementos dramáticos en el número de desempleados”.

Resalta que otra condición para una unión monetaria eficiente sería la existencia de un mercado único operativo y apunta a que todavía no se ha afrontado suficientemente la denominada Unión Bancaria en el ámbito del sector bancario minorista.

Por ello, España propone cinco medidas que conlleven transferencias de soberanía al nivel central de la UEM y den mayor legitimidad democrática y rendición de cuentas.

En opinión del Gobierno español, el BCE debería contribuir también a prevenir divergencias macroeconómicas y desequilibrios entre países y afirma que una característica importante de cualquier unión fiscal es la gestión común de la deuda.

“Queda mucho por hacer para fortalecer la UEM”, consolidar la recuperación y prevenir futuras crisis“, incide el informe, que aboga por eliminar las rigideces reales y nominales que impiden un ajuste rápido y alcanzar niveles suficientes de movilidad laboral.

Además, incide en que la crisis financiera de 2008 causó déficit fiscales históricos, causados por el fuerte desplome de los ingresos.

Pide también alcanzar una Unión Fiscal sólida que incluya transferencia de soberanía de la Unión en políticas de ingresos y gastos nacionales y un presupuesto común en la Eurozona.

“El Gobierno de España propone un enfoque gradual, basado en un proceso nuevo y transparente de convergencia anclado en una hoja de ruta clara y predecible”, afirma la propuesta.

Así, esta hoja de ruta se articularía en tres etapas; una primera hasta 2017, una segunda hasta 2019 y una tercera que iría más allá de 2020.

En la primera fase, se mejorarían los procesos de coordinación de políticas económicas entre los países miembros para no desviarse de objetivos de déficit o desequilibrios internos y se definiría la política monetaria del BCE con el fin de que no sólo se fije en mantener la estabilidad de los precios.

Se lanzaría también un estudio sobre la unión del mercado laboral y medidas sobre la unión fiscal para la lucha en común contra la evasión o el fraude.

En esta fase, la UEM debería avanzar hacia la aplicación completa de la Unión Bancaria sobre todo en el ámbito de la garantía de los depósitos.

En la segunda fase de actuación, se produciría el desarrollo legislativo de las medidas propuestas, incluso con cambios en los tratados.

Al respecto, España se refiere en este punto al mandato del BCE que “se adaptará para regular la contribución de la política monetaria” al objetivo de convergencia económica.

En cuanto a la unión política, aboga por la creación de una autoridad responsable de la política económica de la zona euro, “algo así como un ministro de Finanzas de la eurozona”, que coordine y supervise las políticas económicas de los países miembros.

En la tercera etapa, se producirían cambios institucionales dentro de la UE, una vez asentadas las medidas anteriores y garantizado su funcionamiento.