España alerta del peligro de no flexibilizar la prohibición de descartes en el mar

La ministra española de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, alertó hoy de los peligros de no flexibilizar la normativa europea que prohibirá los descartes (capturas no deseadas de peces que después, muertos, son arrojados al mar) en todos los caladeros a partir del 1 de enero de 2019.

“España lleva tiempo recordándole a la Comisión Europea (CE) que las soluciones propuestas hasta la fecha nos generan enorme inquietud y preocupación”, afirmó a su llegada a una reunión de ministros europeos del ramo que se celebra hoy en Luxemburgo y donde se debatirá el asunto a petición de España.

La obligación de desembarcar todas las capturas fue una de las principales novedades recogidas en la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) de 2014.

Aunque empezó a aplicarse en 2015, en 2019 se extenderá a todos los caladeros.

La representante española alertó de que si no se introducen alternativas a esta normativa, alguna actividad pesquera, como la artesanal, puede verse paralizada.

“Es una enorme preocupación de España a la que se han unido otros países. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar en la interpretación del artículo 15, donde se recoge precisamente esta obligación, para flexibilizar y solucionar toda la pesca artesanal”, explicó.

Tejerina destacó que es muy importante para el Gobierno que la CE sea consciente del “grave problema” que puede suponer para la actividad pesquera de muchos Estados miembros si no se introducen nuevas propuestas y añadió que “el tiempo apremia”.

“Quedan pocos meses para llegar al 1 de enero de 2019 con una respuesta de la CE que sea suficiente para no paralizar la actividad pesquera en muchos países de la UE”, concluyó.

La industria pesquera también ha mostrado en los últimos años su preocupación sobre los riesgos que suponen para su actividad la aplicación de la nueva normativa.

Aparte del riesgo de paralización de embarcaciones, la industria destaca el aumento de la carga de trabajo a bordo, ya que las nuevas obligaciones hacen necesario clasificar las especies, y la cuestión de qué hacer con el pescado que no se puede vender al llegar a puerto, como el que tiene una talla inferior a la reglamentaria.