PSOE, IU-ICV, CiU, BNG y ERC piden la devolución de las nuevas condiciones de acceso a rescates autonómicos

El Partido Socialista, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Convergència i Unió (CiU), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han presentado en el Congreso enmiendas de devolución contra la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que regula las condiciones de acceso a los mecanismos de financiación que articule el Estado para los entes regionales, tales como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLO).

Los nacionalistas catalanes fueron los primeros en anunciar su decisión, apenas un día después de que la Generalitat de Catalunya hiciera pública su decisión de solicitar un 'rescate' al Estado por valor de 5.000 millones de euros.

De hecho, CiU votó a favor de la Ley de Estabilidad en el Congreso el pasado mes de abril. Sin embargo, los cambios que el Ejecutivo 'popular' pretende introducir ahora “endurecen”, a su juicio, las condiciones para acceder a las ayudas, recortan soberanía autonómica y obligan a los gobiernos regionales a firmar “un cheque en blanco” para recibir la asistencia financiera del Estado.

Al margen de la federación nacionalista, otras cuatro formaciones parlamentarias han registrado sendas enmiendas de totalidad a la reforma de la ley, contra la que votaron el pasado mes de abril durante su tramitación parlamentaria.

Así, el PSOE coincide en que la “indefinición de las exigencias que pueden imponerse” a las comunidades que soliciten respaldo financiero “impide considerar” que la norma “cumpla con los mínimos requisitos”. También ve que las prerrogativas que se concede a la Intervención General del Estado suponen de facto una “suerte de intervención sin ninguna precisión o límite legal”.

LO EXTRAORDINARIO SE PUEDE CONVERTIR EN ORDINARIO

Por otra parte, el PSOE teme que “lo extraordinario se pueda convertir en ordinario” ya que las medidas previstas en esta legislación “no entran a atajar el problema de fondo de la financiación del Estado del Bienestar en un contexto de crisis”, especialmente tras la decisión del Ejecutivo de mantener el objetivo de déficit a comunidades y ayuntamientos pese a la flexibilización concedida por la UE.

En este sentido, los socialistas coinciden con CiU en que el proyecto de modificación conculca la autonomía financiera y presupuestaria y las competencias autonómicas.

De ello deducen que el objetivo del Gobierno no es “resolver los problemas de liquidez y financiación de las comunidades autónomas”, sino “condicionar y limitar el margen de maniobra” de las comunidades autónomas y “convertir su necesidad de acceder a los mecanismos de liquidez previstos en una excusa para imponer nuevos recortes en servicios públicos fundamentales”.

“Si esto es así, la modificación constituiría una nueva vuelta de tuerca al control e intervención del Estado en la autonomía financiera y presupuestaria de las comunidades”, alegan, recordando además que cuando se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria el pasado mes de abril --normativa que se modifica con este proyecto de ley-- los mecanismos previstos estaban “muy alejados” del Fondo de Liquidez Autonómica que finalmente se utilizará.

“GOLPE DE ESTADO CONTRA LA AUTONOMÍA LOCAL”

La Izquierda Plural, por su parte, ya se mostró contraria a la reforma constitucional del pasado verano y a la Ley de Estabilidad que ahora se reforma, al considerar que los límites al déficit y a la deuda, así como la priorización del pago de créditos por encima de cualquier otro concepto “restringe sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía”.

Ahora, con la reforma normativa, IU-ICV-CHA abunda en los mismos argumentos y critica que se “limita la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas”, lo que unido al “incumplimiento” del compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica conllevará “más depresión de la economía y el empleo”.

También reprochan al Gobierno los “preocupantes elementos recentralizadores” que pretende incorporar a la ley, que a su juicio “vulnera e invade competencias autonómicas y locales”, pese a que son las administraciones que “más esfuerzos presupuestarios” están realizando para cumplir el déficit tras un “reparto injusto” de los ajustes decidido por el Gobierno. “Esto pone en grave peligro los servicios públicos básicos”.

“La Ley se basa en un extremo dogmatismo presupuestario y del Estado centralista, con una única voz que se impone al resto, sin diálogo, propia de un Estado uniformizador. Es un golpe de Estado contra la autonomía local”, acusa la Izquierda Plural, lamentando que el Gobierno opte por “acentuar el abuso de posición” sobre otros niveles administrativos.

IDEOLOGÍA “LIBERAL Y JACOBINA”

BNG y ERC, que también han recurrido a la opción de la enmienda de totalidad, coinciden con los argumentos de la Izquierda Plural. Así, los independentistas catalanes critican que “tras la excusa de la crisis se esconde una ideología neoliberal y jacobina que finiquita el Estado del Bienestar y el modelo autonómico”.

Además, critica que se “pretenda intervenir con los mismos parámetros” a todos los territorios, pese a que regiones como Cataluña “llevan años pagando sus impuestos y recibiendo permanentemente el incumplimiento del Estado”, y reprocha que se pretenda “trasladar a las comunidades y entidades locales una austeridad en gasto social impuesta por los mercados y los líderes políticos neoliberales”.

El BNG, por último, cree que las medidas que está tomando el Gobierno van “en contra del interés general y de la opinión mayoritaria de la ciudadanía” y que, “lejos de solucionar la situación de crisis, contribuye a deteriorarla todavía más”. “Resulta inmoral que el Gobierno se preocupe de garantizar la prioridad absoluta del pago de la deuda financiera sobre cualquier otro gasto de la Administración”, argumentan los nacionalistas gallegos, subrayando que esa deuda ha sido generada “en gran medida por los propios acreedores”.

Finalmente, rechazan las modificaciones porque “estrechan el cerco de tutela efectiva” sobre las cuentas autonómicas y locales, lo que “atenta contra el principio de lealtad institucional” y “anula por completo el principio de autonomía financiera”.

Junto a las cinco enmiendas de totalidad, PSOE, IU-ICV-CHA, CiU, UPyD, CC-NC y BNG han registrado también medio centenar de enmiendas parciales a las modificaciones.