La vicepresidencia económica y la Comisión Europea están en un contacto cotidiano para desarrollar los planes de recuperación y de reformas vinculados con los 140.000 millones de los fondos europeos (72.000 millones en transferencias, que son los que, en principio, ha anunciado el Gobierno que quiere utilizar). En ese contacto cotidiano, ya se han ido entregando fichas relativas a los cuatro grandes bloques definidos por el Gobierno: “Construir una España más verde; una España más digital; una España más igualitaria y una España más cohesionada”.
Pero hay dos grandes bloques que parecen atragantarse: los que tienen que ver con la reforma del mercado laboral y de las pensiones. Las dos tienen que ver con el programa de Gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos. En cuanto a la labora, incluía la reforma de aquellos aspectos más “lesivos” de la legislación de Mariano Rajoy. En cuanto a las pensiones, su vinculación por ley con el IPC. En ambos casos, la vicepresidenta Calviño ha evidenciado posiciones diferentes a las expresadas por otros ministros, ya sean socialistas o de Unidas Podemos.
“Estamos realizando reuniones entre los distintos ministerios”, ha explicado la vicepresidenta económica antes la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro (Eurogrupo): “Y vamos avanzando bien en la revisión de las distintas fichas. Con respecto al ámbito laboral, desde el principio hemos sido claros con la voluntad de afrontar un paquete de medidas que permitan modernizar nuestro marco laboral, y este trabajo se va a hacer en el contexto del diálogo social. El planteamiento que se hará a las autoridades europeas será presentar todo este conjunto o este paquete de acciones de reformas e inversiones que van a irse desplegando y desarrollando a través del diálogo social”.
Trabajo entiende que el marco legal se derogará íntegramente de “facto” pero que, dada la complejidad para crear un cuerpo normativo alternativo, el procedimiento se abordará en dos fases. La primera y más urgente, la que afecta a los aspectos más lesivos, incluye derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (que ya ha sido aprobado), la anulación de las limitaciones del ámbito temporal del convenio colectivo y la suspensión de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Sin embargo, según publicó El País, “el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, aboga por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales —en plata: menos poder de negociación para los sindicatos—. Diluye así el pacto de coalición y ha causado un choque entre Economía y Trabajo, además de malestar en los sindicatos”.
Y en ese asunto, entre otros, se encuentra sin cerrar el fichero relacionado con la reforma del mercado laboral, que no se enviará a Bruselas hasta que haya acuerdo con “los distintos ministerios”, es decir, Trabajo, principalmente; y hasta que cuente con el visto bueno de los agentes sociales, más allá del documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, que no goza del consenso necesario dentro del Gobierno como para enviarse a la Comisión Europea.
“De momento no hemos entrado a hablar en detalle de cuestiones relacionadas con el ámbito laboral”, reconoce Calviño, en tanto que aún no están cerradas con el resto de ministros y los agentes sociales, “más allá de lo que ya conoce la Comisión Europea con respecto a las intenciones de nuestro gobierno y nuestra determinación de abordar ese paquete de modernización del mercado laboral en el contexto del diálogo social, un aspecto que, por cierto, las instituciones europeas valoran muy positivamente”.
En cuanto a las pensiones, si bien en el pasado la vicepresidenta económica ha expresado su oposición a vincular por ley su revalorización, la comisión del Pacto de Toledo ha aprobado medidas, respaldadas ampliamente por el Congreso, como la revalorización de las pensiones en base al IPC y la revisión de la jubilación anticipada, que funcionará como guía para que el Gobierno de coalición lleve a cabo la reforma del sistema público de pensiones. Tras confirmar este pacto político, el Ejecutivo pretende lograr otro acuerdo con los sindicatos y la patronal, para que la nueva legislación cuente también con el visto bueno del diálogo social.
“La Comisión Europea lleva años haciendo recomendaciones a España sobre las pensiones”, ha afirmado Calviño antes del Eurogrupo, “y está analizando junto con nosotros las distintas cifras, las distintas previsiones, el impacto sobre el sistema de pensiones como sobre el presupuesto público y por tanto el impacto fiscal de las diferentes medidas que se van a poner en marcha. Y se está produciendo ese análisis en un ambiente tremendamente constructivo”.
El Eurogrupo, los ministros de Finanzas de la zona euro, ha aprobado este lunes la reforma para reforzar el mecanismo de rescates de la UE, el MEDE. Al mismo tiempo, sigue aparcada la garantía de depósitos para cuentacorrentistas, uno de los supuestos pilares de la unión bancaria pensado para proteger a los ahorros de la ciudadanía. Los ministros también han adelantado a 2022 la red de seguridad (backstop) para el Fondo de Resolución Bancaria.
Los países de la eurozona lograron en diciembre de 2019 un acuerdo sobre ambos puntos, pero las dudas de Italia sobre la reforma impidieron entonces firmarlo, y la llegada de la pandemia de coronavirus poco después los relegó a un segundo plano.
La reforma del tratado del MEDE, el fondo de rescates de la UE, prevé darle más poder en los futuros rescates y la vigilancia de los países, así como mejorar las líneas de crédito precautorias que puede conceder. Introduce, además, las cláusulas de acción colectiva con cláusulas de agregación simple (CAC en jerga financiera) en las emisiones de bonos soberanos a partir de 2022, lo que en la práctica facilita que los acreedores asuman quitas si hay que reestructurar la deuda.
La segunda pata del acuerdo es el cortafuegos para el Fondo Único de Resolución bancaria (FUR). El FUR es una “hucha” creada en 2016 que se alimenta con contribuciones de la banca para poder financiar, llegado el caso, la resolución de bancos europeos en problemas, y el cortafuegos sería una red de seguridad extra por si se queda sin dinero.
El acuerdo prevé que el MEDE se encargue de proporcionar este cortafuegos en forma de créditos y que pueda estar en marcha en 2022, si para finales de 2020 se han hecho progresos suficientes en la reducción de los riesgos bancarios. Esta es una condición fundamental de los países más ortodoxos, como Alemania, Países Bajos o Finlandia.
El EDIS, por su parte, la garantía de depósitos, sigue empantanada. Es el último pilar que falta para completar la llamada unión bancaria europea, y tendría que servir para complementar a las herramientas de cada país para pagar los depósitos de hasta 100.000 euros en caso de quiebra, garantizando así el mismo nivel de protección en toda la eurozona. “Para ser totalmente sincera, no ha habido progreso en estos últimos meses”, ha reconocido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.