No, Bruselas no ha pedido al Gobierno español que Nadia Calviño pilote la reforma laboral en España en lugar de Yolanda Díaz. No, la Comisión Europea no reclama que se blinde la reforma de Mariano Rajoy, descrita como “extremadamente agresiva” por el ex ministro Luis de Guindos. No, el Ejecutivo comunitario no tiene ningún problema con el Ministerio de Trabajo, con el que ya pactó los objetivos de la reforma laboral en abril pasado dentro del plan de recuperación a cambio del cual España recibirá hasta 140.000 millones de euros. Y sí, Bruselas lleva varios años pidiendo reformas en el mercado de trabajo español, que evidencian los fallos del marco impuesto por el PP –sin pasar por el diálogo social– en lo relativo a la precariedad, la temporalidad, la segmentación del mercado de trabajo y la dualidad.
Ahora bien, en medio del proceso de negociación del nuevo marco laboral con los agentes sociales, a semanas de que venza el plazo para presentar la reforma en Bruselas, el 31 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó el jueves pasado la decisión de colocar a su vicepresidenta primera y ex directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, Nadia Calviño, al frente de la reforma laboral, asunto que lleva comandando y coordinando la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos desde el principio. No obstante, Moncloa trata ahora de zanjar la polémica y asume que Trabajo “lidera” la negociación de la reforma laboral.
Pero, ¿falta coordinación con la Unión Europea? No hay semana en la que no haya un encuentro. Fuentes conocedoras de las negociaciones entre la Comisión Europea y el Ministerio de Trabajo explican que existe una “interlocución permanente”. Al margen de las reuniones en Bruselas con el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, se han producido numerosas reuniones con la task force de la Comisión Europea y decenas de horas de conversaciones, a través de las cuales se negoció todo el componente sobre el mercado laboral del plan de recuperación (el número 23), de 90 páginas, a cambio del cual Bruselas entregará 10.000 millones de euros.
Además, en esas conversaciones, las fuentes explican que el equipo de Díaz hizo ver a Bruselas que algunas de las reglas tan defendidas por sectores neoliberales se han revelado poco eficaces en España por su estructura productiva, y han acabado generando abusos, malas condiciones de trabajo y devaluación salarial. En este sentido, las fuentes aseguran que la interlocución ha sido “fluida e importante para que el plan de reformas recoja los elementos decisivos”.
En efecto, el equipo de Díaz y la Comisión Europea ya han cerrado acuerdos tan importantes como los contenidos de la reforma laboral recogidos en los planes para los fondos europeos, que hablan de contratación, subcontratación y negociación colectiva. Aquella negociación fue muy larga y marcó el inicio de unas conversaciones que se prolongan durante casi un año con la Comisión Europea para una reforma que afecta a varios ministerios con los que había que coordinarse para responder a las recomendaciones por país de la UE.
¿Y ha habido problemas? Según fuentes conocedoras de las reuniones, Bruselas nunca ha expresado problemas ni con la vicepresidenta Díaz, ni con su equipo del Ministerio ni con las propuestas presentadas. Ni Dombrovskis, ni Gentiloni –con el que estuvieron cenando este lunes–, ni la task force han expresado dudas en las múltiples reuniones que se han celebrado en una negociación que trasladó el acuerdo de Gobierno en materia laboral a los compromisos con la UE.
En este sentido, Bruselas no ha expresado que el planteamiento de la reforma sea equivocado. Lo que sí apoya es seguir en el marco del diálogo social, como figura en su evaluación y como se ha comprometido el Gobierno. “La reforma que aborde la segmentación del mercado laboral es tradicionalmente una de las principales recomendaciones”, ha explicado Gentiloni en su visita a Madrid: “Varios ministros me informaron ayer [por el lunes] de que esta discusión está en curso. La Comisión, por supuesto, no podemos evaluar lo que circula de manera informal. Vamos a mirar la propuesta legislativa, las decisiones del Parlamento. Pero creo que el método que eligió el Gobierno para intentar construir esta propuesta a través del diálogo con los interlocutores sociales es un buen método. Cuando tienes reformas, especialmente reformas delicadas, si puedes lograr el apoyo de los interlocutores sociales, esto le da a tus propuestas una fuerza adicional”.
La cúpula de Trabajo cenó el lunes con Gentiloni y, de acuerdo con fuentes conocedoras de la reunión, lejos de presentar problemas con sus interlocutores, preguntó en qué estado se encontraba el proceso, en qué líneas estaba trabajando el Ministerio, qué aspiraciones había con la reforma... Es decir, se limitó a recabar información y a decir que, en cuanto estén maduros los textos, Bruselas tendrá que verlos. Si llega una propuesta concreta de texto definitivo respaldada por un acuerdo del diálogo social, es muy difícil pensar que la Comisión presente objeciones de fondo al resultado del diálogo social.
Ahora bien, si se descuelgan sindicatos o CEOE, Bruselas podrá comprobar si el resultado final está alineado o no con aquello a lo que se ha comprometido el Gobierno en el componente 23 del plan de reformas. Y, tal y como van las conversaciones, lo que se está discutiendo en el diálogo social es una traducción de dicho componente a una norma.
¿Fin del 'diktat'?
Ahora, ¿qué camino debe seguir cada país para resolver los problemas señalados por Bruselas? Pues en 2021, a diferencia de 2012, Bruselas, en un cambio de paradigma que está por ver si se consolidará en el futuro, ha dejado en manos de los países el diseño de las reformas. Es decir, han pasado los tiempos del diktat de los hombres de negro para acceder a los fondos. Hasta tal punto es así que Bruselas aprobó con diez sobresalientes y un notable el plan de reformas español... que no incluía el detalle de la reforma del mercado de trabajo –y tampoco de las pensiones–, pero sí sus líneas maestras en el componente 23. Un componente negociado por el Ministerio de Trabajo y aprobado con nota por el Ejecutivo comunitario, que ahora está en el proceso de convertirse en legislación.
Y eso que al otro lado de la mesa se encuentra un funcionario irlandés de 54 años llamado Declan Costello, bestia negra del rescate griego. “Eficiente, implacable, incansable, fue junto al danés Poul Thomsen, máximo responsable del FMI, la figura más odiada, temida y criticada en Atenas. Como jefe de misión de la UE se convirtió en el rostro de la Troika, el hombre que quiso doblegar no solo a funcionarios y técnicos, sino a secretarios de Estado o ministros”, explicaba El Mundo sobre un interlocutor clave de Trabajo en Bruselas que, según las fuentes conocedoras de las negociaciones, hasta la fecha no ha frenado ninguna propuesta de Yolanda Díaz.
En una entrevista reciente con El País, el comisario europeo de Finanzas afirmaba: “El mercado laboral ha sido tradicionalmente un problema en España, con muchas diferencias entre los trabajadores más protegidos y los que menos. El camino elegido por España de negociar con los agentes sociales es una buena decisión. Pero esto no supone que las negociaciones estén abiertas sine die. Pasado un tiempo el Gobierno debe decidir. Y las decisiones deben cumplir el marco de lo que hemos pactado en Bruselas”.
“El Consejo aprobó el plan y en el mercado laboral pidió que la modernización de la negociación colectiva y la reorganización de los contratos se haga logrando un equilibrio entre la seguridad y el dinamismo económico. No es algo subjetivo. Son las decisiones del Consejo que acompañaban la aprobación del plan español que, por cierto, es el mayor en volumen de subvenciones, incluso más que el italiano”, añadía Paolo Gentiloni.
El comisario europeo de Finanzas, además, decía algo revelador: que la nueva fase de negociación con Bruselas, después de la llevada a cabo por Trabajo con el componente 23 del plan de reformas, no se va a producir hasta que haya un texto: “Nuestra evaluación llegará cuando tengamos las propuestas. Sé que el Gobierno español es consciente de esto. Tenemos una buena cooperación. El mensaje es que la estructura del plan ya está definida. Lo que evaluaremos cuando tengamos las propuestas legislativas será cómo se equilibrará la seguridad laboral con la flexibilidad”.
En este sentido, Bruselas destaca que “el plan [del Gobierno español] incluye medidas para reducir la alta proporción de contratos temporales y reforzar las políticas activas del mercado laboral que se espera mejoren su funcionamiento” y confía en que “ayude a abordar la fragmentación existente de la protección por desempleo, la provisión de habilidades y calificaciones relevantes para el mercado laboral que deberían acompañar la transición verde y digital del país”.
El documento español enuncia la reforma del mercado laboral, “cuyo diseño final se ha dejado abierto, ya que está sujeto al resultado del proceso de diálogo social”, afirmaba la evaluación de Bruselas: “Con el objetivo de preservar el empleo, el plan incluye la puesta en marcha de un mecanismo de flexibilidad y estabilidad laboral que se basa en el uso de esquemas de jornada reducida. Se espera que el nuevo mecanismo promueva el acceso a la formación y la movilidad voluntaria de los trabajadores en caso de recesiones. El plan también incluye una modernización del sistema de negociación colectiva, que se llevará a cabo sobre la base de una evaluación que identifique las deficiencias existentes en el sistema”.
Bruselas confía en que el paquete general de reformas del mercado laboral “logre el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad”.
La recuperación de la negociación colectiva enterrada por la reforma laboral de Mariano Rajoy, el mecanismo permanente de flexibilidad interna (ERTE estructurales) y la estabilidad en el empleo, por ejemplo, son algunos de los aspectos de la reforma que están siendo negociados con sindicatos y patronal. En este sentido, Bruselas “espera que la mayoría de los componentes del plan contribuyan a un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. Un número importante de componentes contribuyen significativamente a la cohesión social y territorial, principalmente a través de medidas para abordar los desafíos en el mercado laboral y mejorar la empleabilidad, inversiones en inclusión social y mejoras en el despliegue de servicios públicos e infraestructura en todo el territorio”.
Asuntos pendientes
Cuando llegó al poder, el PP lanzó una segunda oleada de reformas tras los ajustes europeos aprobados en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. En febrero de 2012, una cámara captó a De Guindos diciéndole al entonces comisario europeo de Finanzas Olli Rehn en un Consejo de ministros de Economía de la UE en Bruselas: “Mañana aprobaremos una reforma laboral extraordinariamente agresiva”.
Entre otras cosas, la reforma de Rajoy redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días, se ampliaron las causas del despido objetivo, las empresas ya no tuvieron que pedir permiso a la administración para poner en marcha ERE, mientras que los trabajadores perdieron poder negociador y se otorgó mucho poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales.
A menudo circula la idea de que la Comisión Europea se siente identificada con la reforma laboral de Mariano Rajoy. Y, durante la pasada crisis financiera, es verdad que recibió el respaldo comunitario. Sin embargo, en los últimos años Bruselas no deja de insistir en asuntos pendientes que han ido pasando de reforma en reforma –la precariedad, la dualidad, el paro juvenil, el paro estructural– y que la reforma de 2012 no ha logrado resolver.
El Gobierno de coalición se pactó con un programa que comprometía una reforma del mercado de trabajo que incluyera el desmontaje de la normativa de Rajoy, que, además de no sacar a España del pódium de países de la UE con más paro, se ha llevado toques de atención por parte de la Comisión Europea por ser tan lesiva con los convenios colectivos.
“Es bastante sorprendente que, a pesar de las recomendaciones que viene haciendo la propia Comisión Europea al Reino de España desde hace años”, ha explicado Yolanda Díaz en Bruselas, “que tienen que ver con el déficit estructural del mercado de trabajo, sustancialmente la falta de estabilidad, el gran problema que supone la segmentación del mercado de trabajo español o de la dualidad, vayan a ser abordadas ahora por primera vez en nuestro país. Hay una absoluta anomalía en el mercado de trabajo español que se alarga desde hace más de 36 años. Los problemas del mercado de trabajo español son el paro estructural, el paro coyuntural, el paro estacional, el paro juvenil y una precariedad que es absolutamente insoportable. Pues bien, es la primera vez que el Gobierno de España, de la mano de la Comisión Europea, va a abordar estas reformas. Y digo más, son absolutamente corresponsables de la misma”.
En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha ido ultimando un plan que pretende modernizar el mercado laboral español al tiempo que desmonta la reforma de Rajoy. O, dicho de otra manera, un plan que desmonta la reforma de Rajoy con la modernización del mercado laboral, es decir, cambia el punto de vista: “No son reformas desde el punto de vista solo de los empleadores, sino que tienen en cuenta el punto de vista de los empleados y trabajadores también”. En este sentido, una medida clave es la recuperación de la negociación colectiva, sobre todo en lo relativo al ámbito salarial.
¿Es la reforma que quiere Bruselas? “Sinceramente, creo que sí”, responde Díaz: “Si se miran los datos de paro y de temporalidad y precariedad a lo largo de la democracia española, en sus series históricas, es difícilmente explicable que a lo largo de estos 40 años no se hubieran cambiado las dinámicas. Lo vamos a intentar y este es el objetivo de las reformas. Los agentes sociales conocen el alcance de las reformas y les doy las gracias porque están a la altura de las circunstancias. Comparten el diagnóstico y saben bien que tenemos mucha tarea para cambiar por fin el mercado de trabajo español en conjunto”.
“Por primera vez, España se ha comprometido con Europa a hacer frente a los problemas de la temporalidad y precariedad”, explican en Trabajo, “y es uno de los elementos de las reformas estructurales clave del componente del mercado de trabajo. España asume el compromiso de mitigar en su ordenamiento laboral todos los dispositivos que han dado lugar a esta enorme tasa de temporalidad. Para ello, se revisarán los contratos y se hará todo lo posible para que la estabilidad en el empleo sea el mecanismo ordinario de contratación de los trabajadores, entre otras cosas”.