Fernando Ferrando e Ismael Morales: “Las razones para prorrogar Almaraz no son transparentes”

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, y su responsable de Políticas Climáticas, Ismael Morales, han escrito al alimón Manual de Independencia Energética. El camino hacia la transición ecosocial (Ed. Catarata), presentado a finales de junio por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (de la que Ferrando fue asesor en su proceso de “escucha”), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Ambos atendieron a elDiario.es por videoconferencia en una entrevista realizada antes de la prórroga de la central nuclear de Almaraz y actualizada por vía telefónica tras la decisión del Gobierno de alargar la vida de la planta extremeña hasta 2030.

¿Qué supone prorrogar Almaraz?

Fernando Ferrando: Es un cambio en el relato del Gobierno sin que exista ninguna razón técnica que recomiende su continuidad. La publicación [de la orden ministerial] un viernes 14 de agosto es el indicio más claro de que las razones no son transparentes. Supone 14TWh menos de renovables a partir de 2029 o 7 a partir de 2028. Las inversiones, principalmente en fotovoltaica, van a sufrir más precios deprimidos.

¿El PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] queda en papel mojado?

Ismael Morales: Queda totalmente invalidado. Afecta a cada uno de sus objetivos. A la mayoría los lastrará. Obliga a invalidar la hoja de ruta que regía las planificaciones y estrategias de inversión y políticas públicas en la transición energética. El riesgo de que el efecto dominó se propague puede suponer un alto riesgo para este PNIEC y su actualización en 2028 de cara a la década de 2040. Dar bandazos en una hoja de ruta energética cuyos objetivos son vinculantes a través de la Ley de Cambio Climático no dota a España de la seguridad regulatoria y estratégica que requiere un cambio de tal calado. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de la partida.

Tras la expansión de los últimos años en España, se ha enfriado la euforia. Las eléctricas están apostando por la distribución, frenan inversiones en renovables y las venden. ¿La prórroga va en esa línea?

(I. M.): Ya advertimos de que la extensión bloqueará la instalación de nueva fotovoltaica, principalmente en Extremadura. El PNIEC está atado a cumplir el desmantelamiento. La base del modelo era cerrar las centrales en el plazo fijado. El almacenamiento está por llegar y la flexibilidad también. El PNIEC puede tener sus desvíos, pero para cumplirlo, el cierre debía ser realidad. La permanencia de Almaraz será un freno total a nuevas instalaciones de renovables y almacenamiento.

(F. F.): Controlar las redes, ser una empresa integrada, provoca que marquen la velocidad de la transición. Los tiempos no los marca la ley, sino las distribuidoras. Tienen un mes para contestar sobre la conexión de una planta de hibridación o almacenamiento y pueden tardar cinco o seis meses. O decir que se modifique toda la subestación. Se les ha cedido la decisión para modificar muchas cosas. Podríamos extenderlo a los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se les ha dado la llave total. Controlan la liberalización, la comercialización, la generación y la distribución. Y el resto, a remar. La velocidad de crucero es la que es.

Hay un punto alucinante en la llamada operación reforzada [colchón extra de seguridad que REE aplica desde el apagón, con más gas]: los ciclos combinados, en vez de entrar en el programa diario, no se ofertan para entrar en restricciones. De cobrar 40 euros de media a 250-300 euros [por MW/hora producido]. Una empresa está obligada ante sus accionistas a obtener beneficios, y el Estado y sus instituciones, a exigir que se cumpla la ley. El Estado debe ser fuerte y los trabajadores, las organizaciones de consumidores, estar presentes. Estamos en manos de quien quiere controlar la velocidad del cambio, aunque algo hemos ganado, y en esto somos positivos: eléctricas y petroleras tienen muy claro que el futuro es renovable. Aunque el tiempo lo controlen ellas y haya cosas como el llamado petróleo verde, el greenwashing más descarado del mundo.

Dicen en su libro que la transición energética se ha convertido en un negocio gestionado por intereses privados y abogan porque el Estado dé un paso adelante.

(F. F.): Se ha visto como un negocio porque solo se ha enfocado por la parte de la oferta, obviando a consumidores, trabajadores y sociedad. El objetivo era mercantilizar la transición energética. Si analizamos los resultados, se ha quedado corta e incluso ha fracasado. Las inversiones en renovables están pasando un problema, no hay demanda. No hay electrificación. Los que invirtieron en fotovoltaica están en default. Hemos perdido el concepto de que era para toda la sociedad y requería darle el carácter público, apostar por el Estado.

¿Cómo se articula esa mayor presencia del Estado?

(F. F.) Ampliando su función. Ahora solo es regulador y en algunos casos controlador, a través de instituciones independientes. Debe asumir un papel inversor, de emprendedor. El último decreto de Planes de Infraestructuras Eléctricas promete aumentar hasta 17.400 millones las inversiones en redes, un monopolio natural, pero privado. Si las distribuidoras no quieren invertir porque ven que la rentabilidad no les satisface, es una función que debe asumir el Estado. Y no es normal que la tarifa para vulnerables, el PVPC, esté adscrita a las distribuidoras, que controlan el mercado liberalizado. Reclamamos esa prestación del Estado emprendedor, planificador, inversor y prestador de servicios. Volver a hacer Estado es girar la transición energética hacia una transición ecosocial, de todo el mundo.

Empresas como Iberdrola presionan para ir en otra dirección con la red de alta tensión y que deje de ser monopolio de Red Eléctrica. ¿Qué implicaría?

(F. F.) El transporte está unido al operador del sistema. Si lo haces privado, limitas su capacidad. Nosotros apoyamos que incluya almacenamiento, el bombeo. Hay instalaciones que no son para generar electricidad, sino para gestionar el sistema. Iberdrola lo pide para incrementar su negocio regulado. Endesa cerró el semestre con un 41% más de beneficio gracias a la distribución. Esto es un bien esencial y estratégico. Quien saca negocio no es quien tiene que decidir la velocidad. Iberdrola dice: quiero crecer, me va muy bien con la distribución. Quiero que el transporte también se considere una red dentro de mi potencial. Acaba de comprar una compañía en Finlandia. Es curioso cómo las eléctricas han pasado de querer escindir las redes, como intentó Naturgy, a ver que es su suelo más importante. Es un negocio sin riesgo, seguro y regulado por el Estado, porque no es de mercado, se paga por rentabilidad de inversión.

En ese papel del Estado, ¿se está perdiendo una oportunidad con las concesiones hidroeléctricas que caducan y cuesta mucho que reviertan al Estado?

(F. F.) Hay problemas de reversión porque las confederaciones no asumen su papel. Pero hablamos de peanuts, es una forma de desviar el tiro. Es una potencia ridícula, hasta 2030 estábamos por debajo de 1.000 MW. Es curioso. En los 90 se automatizaron la mayoría de concesiones y se les dio 75 años más. Hay centrales revertirán al Estado con más de 150 años, cuando la ley marca 75. Por eso la mayoría acaba en los años 60 de este siglo. Cuando se automatizaron, despidieron a la gente y les ampliaron la concesión. Fue el mejor negocio del mundo. Lo hicieron el PSOE y el PP. En estas cosas no hay ideologías.

Se intentó culpar a las renovables del gran apagón. ¿Ha sido un impulso o un freno a la transición? ¿Qué lecciones extraer?

(F. F.) Ha sido un impulso regulatorio. Han cambiado cosas muy importantes que se habían dejado. El miedo que introdujo en la gestionabilidad del sistema lo ha aprovechado quien más poder tenía: el discurso de Almaraz, que ni estuvo ni se le esperaba durante el apagón; el de los ciclos [de gas]; de que esto hay que hacerlo a velocidad segura... El último dislate son los prejuicios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la gravedad de los expedientes por el apagón. Faltaba uno a la propia CNMC, uno de los frenos más importantes del control de tensión como regulador con el famoso procedimiento 7.4, que ha tardado cinco años en aprobar cuando en muchos países las renovables participaban en ese servicio. Si hubiera estado, seguramente no se hubiera producido el apagón. Ha salido reforzado el sector eléctrico tradicional, porque tiene los medios y el dinero para contar una película.

(I. M.) Tecnológica y regulatoriamente hemos avanzado. Los inversores que estaban instalados podían ofrecer grid forming [tecnología de control de tensión en plantas de renovables]; solo necesitaban una actualización de software. La digitalización ya estaba en las plantas. Solo faltaba el procedimiento operativo. La regulación energética de España avanza con las crisis. Lo comprobamos con el apagón o la invasión de Ucrania. Está esa doble vertiente, la buena y la mala noticia. Socialmente, se ha instalado ese miedo a más renovables. Incluso el debate de liberalizar el operador de transporte es una ventaja que el sector privado ha obtenido. Por suerte las renovables están mucho más aceptadas a nivel social. Se da la paradoja de que el apagón elevó la oposición a ellas, pero la crisis energética de Ormuz le ha dado la vuelta. Gracias al apagón estamos empezando a hibridar, sacando normativas de control de tensión que no estaban o estaban en un cajón.

En los últimos años, en España se han multiplicado los conflictos por la ubicación de macroplantas de renovables. ¿Cómo compatibilizar una implantación rápida, proteger la biodiversidad y conseguir la aceptación social?

(I. M.) Lo venimos diciendo desde 2020: escuchar y aceptar las demandas del territorio. Hay una mochila de todo lo mal que se ha hecho. Antes de diseñar el proyecto hay que preguntar a la gente, saber sus intereses, qué beneficios pueden obtener y si quieren o no la planta. Está pasando en Catalunya con el PLATER (Plan territorial sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica, líneas de evacuación y almacenamiento). Han fijado objetivos de renovables para cada municipio sin preguntar. Y está levantando ampollas. Siempre hemos defendido esa comunicación temprana y adaptada, que no puede ser digital si es un pueblo de 60 personas con una edad media de 60 años.

En Fundación Renovables lo estamos haciendo con Red Eléctrica, con una metodología de diseño de redes. No es solo comunicar, es escuchar y una vez tenemos el diseño del parque, si hay que hacer modificaciones por requerimientos de los vecinos y no supone una inversión extra demasiado grande, se hacen. La aceptación social para 20-25 años será mayor. También contratar equipos, personal laboral de la zona, arraiga mucho en el territorio. Hay proyectos que lo están haciendo, pero necesitamos que el ejemplo se extienda.

(F. F.) El año pasado se hicieron 9.000 MW fotovoltaicos. Los que podríamos llamar mala praxis son muy pocos. Es más noticia uno que la realidad. En Galicia están venciendo la mayoría de contratos para repotenciar los primeros parques eólicos. Se está renegociando todo y la gente de los pueblos ha aprendido estos 25 años. La inmensa mayoría de las renovables se ha hecho bien. Ha habido especuladores que todos conocemos, incluso están judicializados, en Castilla y León, Aragón con Forestalia, el plan eólico de Valencia… suele pasar en todos los sectores. Ni las renovables ni la superficie disponible para instalarlas son escasas. Lo es el acceso a la red. En un pueblo con dos pequeñas fotovoltaicas, al propietario del terreno al que le ha tocado una le han dado diez veces más renta que haciendo cereal de secano, que se está pagando a 1.200 euros por hectárea cuando con la PAC en algunos años no llegan a cubrir ni gastos. El resto del pueblo no se beneficia. Y nadie podrá hacer otra planta.

Hablar con la gente, comunicarlo, es también redistribuir las rentas. Tenemos que aprender qué se ha hecho bien, corregir qué se ha hecho mal y redistribuir. Si la gente ve beneficio y que saca producto… Siempre pongo el caso de Matarraña de Teruel, una zona muy bonita. Ahí están contra la eólica y a favor del desarrollo porcino. Una cooperativa [agropecuaria], Arcoiris, asume el 40% del empleo de la zona, aparte del turismo. Las renovables se tienen que integrar en el territorio. No que venga un tío de Madrid, Zaragoza o A Coruña y dé una renta al que le ha tocado en suerte la planta. Es un desarrollo global y es importante que participemos todos.

(I. M.) La evaluación ambiental funciona. Entre 2024 y 2026, el 50% de los parques eólicos se tiraron por la evaluación ambiental. Las malas prácticas son mínimas. Con una regulación de beneficios de licencia social, no haría falta un sello de excelencia de renovables al que mejor lo haga. Hay que elevar el umbral mínimo. Una regulación exigente que haga obligatoria la licencia social, la redistribución de rentas, de beneficios al territorio.

La extrema derecha ha convertido la agenda climática en campo de batalla política. Está pasando en los pactos de gobierno de Vox y PP. ¿Las fuerzas progresistas han fallado al explicar que las renovables, además de una política ambiental, son una política de redistribución y soberanía económica?

(F. F.) Yolanda Díaz dice: “Dato mata relato”. No. Ha cambiado. Ahora el relato mata al dato. Puede salir el presidente de Gobierno, dar los datos de crecimiento económico, pero sigue siendo el mismo perro. Los datos ya no valen. La confrontación pesa más que la realidad. Dos meses antes de nuestro libro salió El ecologista de derechas (con prólogo de José María Aznar). Tecnológicamente, estamos de acuerdo en muchas cosas, aunque seguramente no en cómo llevarlo a cabo. Puedes apostar por el mercado, el neoliberalismo. Yo, por el papel del Estado. Pero algo hemos avanzado. Hablo de gente civilizada. Derecha, izquierda. No extremismos con otro objetivo. Si hablamos de la aplicación de los ETS [sistema de comercio de emisiones], a lo mejor no estamos de acuerdo en el destino de lo recaudado. Es un gran avance en positivo. Ya no es carbón o renovables. La diferencia fundamental es cómo lo llevamos a cabo y a qué velocidad.

Después del 23, tuvimos alguna reunión con alguno de Vox y estaba a favor de las renovables. Luego han cambiado: se trata de disminuir la capacidad del Estado, que hace todo mal. Existen fallos de mercado, pero pensar que estamos en un Estado fallido sin haberle dado ninguna oportunidad… Tenemos que repensar las cosas. Los culpables de los incendios son los ecologistas que dicen que no dejan limpiar los bosques. Lees lo que dice Greenpeace, Amigos de la Tierra y cualquiera que estamos en esto y es absolutamente todo lo contrario.

(I. M.) Una de las principales premisas del libro es que no se ha socializado la lucha contra el cambio climático. La ciudadanía no sabe que puede formar parte. A los consumidores prácticamente se les ha abandonado. Se puede generar otro relato que venza a todos esos bulos y falsedades sobre las renovables.