Primer veto del Gobierno central a una macroplanta fotovoltaica en un contexto de preocupación en algunos territorios por la oleada de proyectos de energías renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha emitido su primer dictamen ambiental “desfavorable” para una instalación de este tipo: la planta fotovoltaica Otero, en Segovia, con 505 megavatios de potencia (MW) y unos 220 millones de euros de inversión estimada. Su promotora, Iberdrola, va reformular el proyecto y asegura que este sigue adelante.
El pasado 21 de diciembre el BOE publicó la declaración de impacto ambiental (DIA) negativa para la planta, por considerar la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio que hay riesgo de “un impacto significativo sobre la pérdida de hábitat de aves esteparias” y un posible perjuicio para la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Valles del Voltoya y el Zorita.
Con capacidad para abastecer a una población equivalente a 290.000 hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 182.000 toneladas de CO2/año, la planta Otero ocuparía una superficie de 1.224 hectáreas de campos de cultivo de cereal en la comarca de la Campiña Segoviana, a las puertas de la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en el Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) “Río Moros”.
La mayor eléctrica española anunció en diciembre de 2020 el inicio de los trámites para construir esta planta, “la segunda mayor de Europa”, tras el proyecto Francisco Pizarro (590 MW) que promueve en Cáceres. Después llegaría el proyecto Erasmo, de la neerlandesa Soto Solar en Castilla-La Mancha, el mayor anunciado hasta ahora en España, con 1.000 MW.
Iberdrola planteó construir, además de la planta de Otero, una línea eléctrica de evacuación de 400 kV con 53 apoyos que discurriría por los términos municipales de Marazoleja, Juarros de Riomoros, Abades, Segovia y Otero de Herreros. Red Eléctrica “contaba con todas las autorizaciones necesarias para la construcción de la subestación en Otero de los Herreros, incluso la DIA, y por lo tanto el punto de evacuación que REE había concedido al proyecto era este”, explica Iberdrola.
El problema es que la línea de evacuación habría afectado a una ZEPA en la que anidan poblaciones reproductoras de águila imperial ibérica, cigüeña negra y milano real, tres especies en peligro de extinción, y de ahí el veto del ministerio. Iberdrola afirma que “realizará las modificaciones necesarias para adecuarse a los requisitos medioambientales”, de forma que la subestación para evacuar la energía generada “se ubicará en Abades y no en Otero de los Herreros como estaba previsto”, tal y como propuso el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León durante el proceso de alegaciones.
“De esta manera, ni la subestación ni la línea de evacuación de la energía transcurrirán por Zonas de Especial Protección para las Aves”, afirma Iberdrola. Además, se reducirá a la mitad la longitud de la línea de evacuación, “a tan solo 10 kilómetros de la instalación fotovoltaica, reduciéndose el impacto ambiental”.
Por su parte, fuentes de REE indican que en la propuesta preliminar de la Planificación 2021-2026, pendiente de aprobación, aparece una nueva subestación para evacuar energía renovable en Abades y no en Otero de los Herreros, que “estaría fuera de la ZEPA, por lo que el impacto sería menor”. “Una vez que se apruebe la nueva Planificación, Red Eléctrica de España tendría que tramitar una nueva DIA para la construcción de la subestación”, indica el gestor de las redes de alta tensión.
El veto del ministerio ha llegado después de que, en el proceso de alegaciones, varios organismos y asociaciones ecologistas pidieran evaluar alternativas para esa línea de evacuación con el objetivo de reducir su longitud y evitar el trazado sobre espacios de la Red Natura 2000. También se planteó soterrarla total o parcialmente, el uso compartido con otras líneas existentes, o evacuar la energía a otras subestaciones más próximas. Pero Iberdrola alegó “inviabilidad técnica y/o económica”. También rechazó construir una planta de menores dimensiones, como pidieron Ecologistas en Acción y la Diputación de Segovia.
“Es verdad que la línea de evacuación concentra una parte sustancial del impacto del proyecto”, reconoce Ana Carricondo, coordinadora de Programas de Conservación de SEO/BirdLife, que valora que Transición Ecológica haya emitido una DIA negativa. “Si modifican la ubicación de la subestación la línea cambiará y podría ser menos impactante”, aunque, por su tamaño y ubicación, “la ocupación superficial de la planta ya es bastante relevante”, afirma.
La ONG de la que forma parte pidió no autorizar la planta. Según expuso en sus alegaciones, “el impacto derivado de la ejecución del proyecto sobre la fauna debería calificarse como crítico”. SEO/Birdlife también cuestionó el estudio de avifauna encargado por Iberdrola, “ya que a pesar de abarcar un ciclo anual completo, únicamente se han llevado a cabo 18 visitas” a la zona.
“Ningún puesto de trabajo”
A Meinardo Sanz, alcalde de Otero de los Herreros (PP), el pueblo de 957 habitantes que habría permitido evacuar la energía, le parece “fenomenal” un proyecto que va “a dar servicio sobre todo a la capital de España”, si bien, apunta, “no nos va a dar ningún puesto de trabajo”. Y celebra que se vaya a buscar otra alternativa. En el pueblo, afirma, hay ya dos subestaciones y está atravesado por la línea de alta tensión que une Tordesillas (Valladolid) y Galapagar (Madrid). “Tenemos un municipio con mucho tejido eléctrico y contribuimos al interés energético general con creces”, señala.
Por su parte, Iberdrola defiende las bondades del proyecto. Su construcción “contará con un importante componente local, tanto de proveedores industriales como por la involucración, en periodos punta de trabajo, de hasta 1.100 trabajadores”. Además, “para su desarrollo, la compañía ha agrupado terrenos de hasta 150 propietarios locales, que se verán también beneficiados”.
La multinacional ha diseñado “un ambicioso plan de protección” que prevé el control de la vegetación herbácea por medios mecánicos o, si fuera posible, pastoreo, el fomento de la agricultura ecológica en la superficie libre de paneles, la instalación de refugios para animales y un plan de actuación de medidas compensatorias agroambientales, entre otras medidas.
El ministerio ya ha emitido en el pasado DIAs condicionadas que en la práctica han hecho inviable otros proyectos por las medidas correctoras exigidas. Así ocurrió en 2020 con una planta fotovoltaica que promovía X-Elio en Lorca (Murcia). Pero esta es la primera vez que Transición Ecológica emite una DIA negativa. Probablemente no sea la última. Como explica Carricondo, de SEO/Birdlife, se espera que empiecen a publicarse ahora dictámenes sobre los proyectos planteados “por centenares” en el último año.
Para los de hasta 50 MW, que tramitan las comunidades autónomas, aunque muchas veces son en realidad macroplantas troceadas, para eludir la tramitación ambiental de la administración central, ya ha habido DIAs negativas en regiones como Andalucía, Comunitat Valenciana o Euskadi.
El atasco administrativo es colosal, de tal calibre que el sector ha pedido subcontratar algunos trámites para agilizar el despliegue de los parques. El Gobierno ha dado una moratoria de nueves meses a la caducidad de los permisos que impuso para frenar la enorme bolsa de especulación y se espera que este mes proyectos con pocas posibilidades de salir adelante se queden en el camino, aprovechando la ventana temporal que ha abierto Transición Ecológica para permitir a los promotores renunciar a los puntos de conexión adjudicados sin perder los avales depositados.