El Gobierno obligará a las eléctricas a detallar sus contratos con la industria y con sus propias comercializadoras a través del Real Decreto-Ley aprobado este martes el Consejo de Ministros, que incrementa las exigencias de transparencia a las empresas, refuerza el bono social de electricidad para los más vulnerables y deja fuera del recorte a los beneficios extraordinarios de las eléctricas aprobado en septiembre a aquellos contratos que garanticen precios fijos a la industria firmados con anterioridad a esa fecha.
El decreto persigue incentivar los contratos a “precio razonable” con la industria que prometió facilitar el Ministerio para la Transición Ecológica tras los anuncios de paradas de varias fábricas por la subida de sus costes energéticos. La vicepresidenta Ribera había prometido dejar exentos a esos contratos de la minoración a los ingresos de las eléctricas recogida en ese otro Real Decreto-Ley que aprobó el Ejecutivo en septiembre ante el efecto de la subida exponencial del gas natural en el mercado mayorista eléctrico, situación para la que el Gobierno busca soluciones en Bruselas, donde ha pedido desligar los precios del gas de los de la luz.
El decreto aprobado este martes va, según Ribera, a “precisar” esa minoración de ingresos a las eléctricas, de la que se librarán los contratos a plazo y precio fijo firmados antes del 16 de septiembre. Para los nuevos contratos a precio fijo, si tienen indexado el precio al mercado mayorista, “se minorará la parte proporcional”, según el Gobierno.
El objetivo es dar “un incentivo” para ampliar esos contratos, según Ribera, que ha afirmado que quiere “abrir un diálogo” con los productores de renovables que tienen garantizada una rentabilidad razonable y venden su energía en el mercado mayorista, porque “hay margen” para “buscar acceso” a electricidad más barata que la del llamado pool. También ha apuntado entre los asuntos pendientes proteger a los pequeños comercializadores que tienen dificultades de liquidez.
En paralelo a la ampliación de la prohibición de cortes de suministros hasta el 28 de octubre aprobada este martes por el Gobierno, el texto recoge una ampliación del bono social de electricidad, cuyos descuentos, de manera temporal (hasta el 31 de marzo) y por cuenta de las eléctricas pasarán del 25% actual al 60%, y del 40% al 70% si son consumidores vulnerables severos. Todos esos beneficiarios (1,19 millones de hogares a cierre de agosto) recibirán también una ayuda adicional vinculada al bono social térmico para calefacción o agua caliente sanitaria, para el que el Gobierno amplía la dotación económica para este año con 100 millones extra con un pago único a las comunidades autónomas. “Habrá un cheque de 90 euros por familia” y “esperamos pueda estar disponible durante el mes de diciembre”, ha señalado Ribera.
La norma busca, según fuentes del Gobierno, “introducir más transparencia en los mercados de energía, al objeto de facilitar la toma de decisiones” y “ayudar a la industria a formalizar contratos de suministro de electricidad a largo plazo”, e incluye nuevas obligaciones de información para las comercializadoras de luz y gas, con más control de las modificaciones de los contratos de suministro.
En el mercado mayorista eléctrico, y para precisar qué contratos se libran de la minoración, las compañías deberán aportar datos sobre los acuerdos bilaterales y coberturas que suscriban, con terceros y dentro del mismo grupo empresarial. Y la industria electrointensiva tendrá más tiempo para rubricar contratos de suministro a largo plazo con productores de renovables, los conocidos como PPA.
Para ello, la Ley del Sector Eléctrico obligará a las comercializadoras a facilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la información correspondiente a los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, tanto físicos como financieros, que tengan suscritos.
En el caso de las grandes eléctricas que generan y a la vez comercializan luz, deberán remitir mensualmente a la CNMC “la información correspondiente a los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, tanto físicos como financieros, así como cualquier transacción de venta, que tenga suscritos intragrupo así como con terceros”, detallando “al menos, la fecha de celebración del instrumento de cobertura, la fecha de entrega o liquidación de la energía, el volumen de energía afectado, la contraparte del contrato, el precio y el perfil y el tipo de producto negociado”.
“Asimismo, deberá remitirse información sobre los contratos que se realicen entre el sujeto productor de energía eléctrica y sociedades del grupo, y entre dichas sociedades y las empresas del grupo que realicen la actividad de comercialización”, según el borrador del texto al que ha tenido acceso elDiario.es.
Las eléctricas clamaban hace un año contra el destrozo que, aseguraban, estaba provocando para las nucleares el desplome que sufrió el mercado mayorista en 2020 por efecto de la pandemia. Y ahora que el pool está en niveles récord, aseguran que la minoración de ingresos por la subida del gas para esa fuente, la hidroeléctrica y las renovables más antiguas les lleva a pérdidas porque tienen vendida a plazo el 100% de su producción de base (nuclear y renovable) de 2021 y un porcentaje superior al 75% de la de 2022 desde hace meses, a precios muy inferiores a los actuales. Con este mecanismo el Gobierno y la CNMC tendrán acceso a toda la información sobre esos contratos.
Ribera ha confiado en que las empresas “cumplan su palabra” de garantizar precios bajos a los contratos no afectados por esa minoración y ha declinado hasta tener la información sobre esos contratos precisar a cuánto ascenderá ahora el recorte. En septiembre (con el gas un 50% más barato que ahora) el Gobierno lo cifró en 2.600 millones y, según Iberdrola, asciende a 1.000 millones al mes. Al presidente de esta eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, Ribera le ha recomendado (sin citarle expresamente) no “dar lecciones a los demás”. “Que cada cual hablemos de lo que conozcamos”.
Modificaciones de contratos
El decreto también refuerza la información de los consumidores sobre posibles modificaciones contractuales. Tendrán que ser “debidamente avisados de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato” e informados de su derecho a rescindirlo “sin coste alguno”. El suministrador deberá notificarles “cualquier revisión de los precios derivada de las condiciones previstas, con al menos un mes de antelación a su aplicación”.
Además, “las comunicaciones de revisiones de precios deberán incluir una comparativa de los precios aplicados antes y después de la revisión, así como una estimación del coste anual del suministro para dicho consumidor y su comparativa con el coste anual anterior”.
Por su parte, las comercializadoras deberán poner a disposición de la Administración, la CNMC y la Comisión Europea, “durante al menos cinco años, los datos sobre todas las transacciones de los contratos de suministro de electricidad y los derivados relacionados con la electricidad suscritos con los clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte”.
Y, como “medida de transparencia” para los mercados mayorista y minorista, los comercializadores deberán remitir mensualmente a la CNMC la información correspondiente a los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, físicos y financieros, “así como cualquier otro tipo de transacción de compra ya sea con terceros o con empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial”.
Además, las comercializadoras de electricidad y gas estarán obligadas a “publicar información transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios aplicables a todas las ofertas disponibles en cada momento” (en el caso del gas, las dirigidas a un consumo anual de hasta 50.000 kWh) y, en su caso, sobre las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos, así como información sobre los servicios adicionales que exija su contratación“. También deberán poner esos datos a disposición del comparador de ofertas de la CNMC.