Bruselas enfría la propuesta de España de fijar el precio de la luz de forma separada ante la “situación excepcional”

“Los tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales con carácter de urgencia”, afirma el Gobierno español. El Ejecutivo llega a una reunión extraordinaria de ministros de Energía de la Unión Europea en Luxemburgo con un documento de posición, adelantado por El País y Politico, en el que insiste en lo que viene defendiendo España en las últimas semanas. Y lo hace 24 horas después de que Alemania y Holanda hayan difundido otro documento en el que lideran la oposición a la reforma del mercado que piden España y Francia.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen Muñoz, ha dicho a su llegada a la reunión en Luxemburgo, a la que no ha acudido la vicepresidenta Teresa Ribera por encontrarse en el Consejo de Ministros en Madrid: “El mercado eléctrico está experimentando un alza en los precios por el contagio del precio del gas, que va alcanzando máximos históricos día tras día. Por eso España propone la fijación de precios de forma separada, de forma que un consumidor pueda percibir los beneficios de tener un mix cada vez más renovable”.

La comisaria de Energía, Kadri Simson, no se ha mostrado muy receptiva ante algunas de las propuestas presentadas por España: “La propuesta de algunos Estados miembros de desacoplar las energías renovables y la energía del gas en la formación de precios significa, posiblemente, crear mercados paralelos y fijar precios para diferentes tecnologías de modo que el precio final de la electricidad sea el promedio ponderado de dos precios. Y no está del todo claro cómo funcionaría en la práctica un sistema con precios para diferentes fuentes de energía ni si sería una buena alternativa al diseño actual del mercado eléctrico. Esto también está detrás de los argumentos de los Estados miembros que defienden el diseño actual del mercado eléctrico, porque cambiar el modelo actual plantea riesgos para la previsibilidad del mercado, la competitividad y nuestra transición a energías limpias. Y también porque el modelo de mercado actual asegura la adecuación de la oferta y la demanda en todo momento, lo cual es muy importante desde la perspectiva de la seguridad del suministro: ha evitado el problema, pero tenemos riesgo de apagones”.

Durante los debates dentro de la sala, se ha evidenciado la alianza de los nueve países que el lunes lanzaron una carta contras las posiciones de España, Francia, Italia y Grecia, fundamentalmente. El compromiso, a partir de ahora, es que haya una nueva reunión de los ministros antes de la próxima cumbre de líderes, el 16 y 17 de diciembre, para orientar los debates. Para entonces, ya estarán terminados trabajos de la Comisión Europea sobre la supervisión de los mercados de emisiones de CO2 en la UE, así como medidas a largo plazo defendidas por España, como los almacenamientos estratégicos y las compras conjuntas de gas.

“Hoy venimos con propuestas concretas para evitar ese efecto contagio que, insistimos, es muy perjudicial para todos los consumidores”, ha dicho la secretaria de Estado dentro de la sala: “La primera de ellas entendemos que es una medida extraordinaria ante estas condiciones extraordinarias, y sería desacoplar los precios de la electricidad dentro del mercado, marcando dos precios: el marginal y el infra marginal, de forma que se obtendría un precio medio de referencia para los consumidores. De esta manera, el precio de la electricidad estaría directamente vinculado al mix de producción de cada país y en este caso, en el caso español, las externalidades positivas que tiene la generación renovable estaríamos menos expuestos a las volatilidad. La segunda tiene que ver con el contagio del precio del gas en el precio de la electricidad, y busca fijar un precio máximo del gas que tenga impacto también en la fijación del precio del mercado mayorista”.

“Cada incremento de +1 EUR / MWh en el precio del gas natural representa 2.700 millones de euros al año en costes de electricidad adicionales para todos los consumidores europeos, desviando recursos de la transición energética y la recuperación económica y cada día empeora”, afirma el documento español.

Según España, “esta distorsión de precios no se puede trasladar a los consumidores, especialmente, en tiempos de recuperación económica. Es necesaria una acción europea para evitar asimetrías y garantizar que los Estados miembros trabajen en la misma dirección, evitando diferentes medidas que podrían provocar distorsiones adicionales”. Así, el Gobierno afirma: “En situaciones excepcionales, los Estados miembros deben poder adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas (mix, recursos, nivel de interconexiones)”.

De acuerdo con el documento español, “el precio marginal afecta a las señales de futuros de electricidad y tiene un alto impacto en la inflación, reduciendo la efectividad del mecanismo de cobertura. En estas circunstancias extraordinarias, en lugar de la señal del precio marginal puro (contaminado por los picos en los precios del gas), el precio de la electricidad se obtendría como un precio promedio con referencia al coste de las tecnologías limpias 'inframarginales' (particularmente las renovables). El precio de la electricidad estaría directamente vinculado a los mix de producción nacional, al mismo tiempo que protegería a los consumidores de volatilidades excesivas y les permitiría participar de los beneficios que brinda un mix de generación más económico”.

España también pide establecer un precio límite para el gas natural: “Fijar un precio límite en el precio de las ofertas de electricidad producida por gas natural. Esta medida requiere una compensación posterior que se recuperará en una etapa posterior”.

En su documento, el Gobierno constata que la actual crisis energética revela una serie de fallos del mercado: los productores de gas vecinos no suministran gas al mercado (por razones técnicas o comerciales), mientras que los transportistas de gas de la UE no anticiparon la escasez de suministro. Por tanto, España propone “una plataforma europea centralizada para la compra de gas natural, facilitando la acumulación de reservas estratégicas de gas”.

Por último, España pide adoptar medidas para prevenir la especulación financiera en los mercados del CO2 (ETS) europeos: “Es preocupante el fuerte aumento que ha experimentado el precio de los derechos de emisión este año, así como la alta volatilidad que se observa en el mercado. La creciente volatilidad y la imprevisibilidad de los precios del carbono pueden atenuar la señal económica y, en última instancia, reducir su eficacia. En este contexto, deben explorarse distintas opciones, entre ellas restringir la participación de las entidades financieras y modificar las circunstancias que puedan desencadenar un aumento de la oferta de derechos de emisión de la UE”.

Debate abierto

Ya lo dijo Pedro Sánchez al llegar al Consejo Europeo el pasado jueves: “Son los tiempos de Bruselas”. Es decir, las cosas llevan su ritmo, tienen sus procesos y, sobre todo, requieren de un acuerdo entre 27 países que tienen diferentes intereses –pronucleares, progasísticos, prorrenovables– y sus problemas: el sur se está mostrando más vulnerable con los precios de la luz, por ejemplo. Y, por eso, el Gobierno español ha presionado en todos los ámbitos en las últimas semanas para introducir en la agenda europea el debate sobre el mercado eléctrico.

Eso sí, lo que no ha conseguido lograr son esas medidas “audaces y contundentes” que pedía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas en Liubliana (Eslovenia). Pero, claro, la reforma del mercado de la energía tampoco es algo que se pueda hacer en semanas, como reconoce ahora el Gobierno español: la última reforma es de 2019 y llevó varios años pactarla, además de que luego todo tiene un proceso legislativo laborioso, entre Comisión, Parlamento Europeo y Consejo.

Además de que se aborde el problema y se discutan las medidas planteadas por el Gobierno español, entre otros, lo que ya se ha logrado es una comunicación de la Comisión Europea que recopila las medidas al alcance de los Estados, calificada de “incongruente” por la vicepresidenta Teresa Ribera, y el compromiso de Bruselas de examinar algunas de las propuestas españolas: revisar el mercado del CO2, estudiar la compra conjunta de gas y analizar la puesta en marcha de reservas estratégicas ante futuras crisis.