Alemania y Holanda lideran la oposición a la reforma del mercado de la luz que defienden España y Francia

¿Nacen los frugales de la energía? Son ricos y del norte y se oponen a las reformas que piden Francia, España y el sur para reformar el mercado de la energía para atajar el alza de los precios de la energía, un mercado que se caracteriza por que el precio de la última energía, el más alto, marca el precio de todas las demás. En la actualidad, el precio disparado del gas es el que marca el precio de energías como la hidráulica o las renovables, mucho más baratas.

Pues bien, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituania, Finlandia e Irlanda reaccionan a las llamadas a la acción urgente de Gobiernos como el de Pedro Sánchez, que pidió “audacia y contundencia” a la Unión Europea.

“Estamos de acuerdo con la Comisión Europea en que, a corto plazo, el aumento de precios puede abordarse mejor mediante acciones nacionales temporales y específicas por parte de los Estados miembros, cuando corresponda, para proteger a los consumidores y empresas vulnerables”, afirman en una carta difundido este lunes, en vísperas de la reunión de este martes en Luxemburgo de los ministros de Energía de la UE.

Los firmantes afirman que “las medidas deberían poder ajustarse fácilmente en la primavera, cuando se espera que la situación vuelva a niveles medios. También apoyamos a la Comisión Europea en su intención de intensificar la vigilancia del mercado”. La vigilancia del mercado es una medida pedida también por España y que ha tenido más eco entre los 27, sobre todo en lo relativo al mercado de CO2, en el que hay sospechas de especulación.

“Por lo tanto”, concluyen, “no podemos apoyar ninguna medida que entre en conflicto con el mercado interno de la gas y la electricidad, por ejemplo, una reforma ad hoc del mercado mayorista de electricidad” como piden España y Francia.

Precisamente Alemania está embarcada junto con Rusia en la construcción del gasoducto NordStream2, comandado por el excanciller Gerhard Schröder y GazProm, empresa dependiente del Kremlin y Vladímir Putin.

Debate en diciembre

Ya lo dijo Pedro Sánchez al llegar al Consejo Europeo el pasado jueves: “Son los tiempos de Bruselas”. Es decir, las cosas llevan su ritmo, tienen sus procesos y, sobre todo, requieren de un acuerdo entre 27 países que tienen diferentes intereses –pronucleares, progasísticos, prorrenovables– y sus problemas: el sur se está mostrando más vulnerable con los precios de la luz, por ejemplo. Y, por eso, el Gobierno español ha presionado en todos los ámbitos en las últimas semanas para introducir en la agenda europea el debate sobre el mercado eléctrico.

Y lo ha logrado. Igual que ha conseguido que las conclusiones incluyan con detalle la evaluación del mercado de las ETS –derechos de emisiones de CO2, cosa que ha pedido también el checo Andrej Babis– y que el asunto sea revisado en el Consejo Europeo del 16 y 17 de diciembre. Ambos concreciones no se encontraban en los borradores de conclusiones, que fueron incluyendo que la Comisión y el Consejo deben considerar “con prontitud” medidas que puedan llevar a un precio más asequible de la energía.

Entre esas medidas, que están en la comunicación de la Comisión Europea del 13 de octubre a la que remiten los líderes de la UE, se encuentran algunas propuestas por España, como la compra conjunta de gas y las reservas estratégicas, así como la evaluación de los ETS. El próximo martes, 26 de octubre, los ministros de Energía de la UE volverán a reunirse para abordar el asunto.

Eso sí, lo que no ha conseguido lograr son esas medidas “audaces y contundentes” que pedía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas en Liubliana (Eslovenia). Pero, claro, la reforma del mercado de la energía tampoco es algo que se pueda hacer en semanas, como reconoce ahora el Gobierno español: la última reforma es de 2019 y llevó varios años pactarla, además de que luego todo tiene un proceso legislativo laborioso, entre Comisión, Parlamento Europeo y Consejo.

Además de que se aborde el problema y se discutan las medidas planteadas por el Gobierno español, entre otros, lo que ya se ha logrado es una comunicación de la Comisión Europea que recopila las medidas al alcance de los Estados, calificada por “incongruente” por la vicepresidenta Teresa Ribera, y el compromiso de Bruselas de examinar algunas de las propuestas españolas: revisar el mercado del CO2, estudiar la compra conjunta de gas y analizar la puesta en marcha de reservas estratégicas ante futuras crisis.