El Gobierno pretende cobrar por sillas de ruedas y muletas
El Ministerio de Sanidad tiene previsto cobrar al usuario de la sanidad pública por acceder a la cartera suplementaria de prestación ortoprótesica ambulatoria. Las cantidades irán entre 20 y 40 euros para rentas menores de 100.000 euros, informa Europa Press. En esta prestación están las sillas de ruedas, las plantillas y los audífonos.
Según el borrador de la orden, que será negociado con las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del 20 de diciembre, el usuario pagará un 10% del precio de oferta del producto en los subgrupos de aportación reducida, con un límite máximo de 20 euros al mes por prescripción.
En este grupo se incluyen las prótesis externas donde se contemplan, entre otras, los audífonos, las prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos; un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas); y de ortesis, ortoprótesis especiales y renovación de los componentes externos de implantes quirúrgicos.
Para los restantes productos, entre los que se encuentran las muletas, las personas cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, tendrán que pagar un 50% del precio de oferta del producto con un límite de 40 euros por prescripción.
A las personas con renta inferior a 100.000 euros se les cobrarán un 40% del precio de oferta del producto, con un límite máximo de 30 euros por prescripción; asimismo, para los pensionistas el pago será un 10 por ciento del precio de oferta del producto, con un límite máximo de 30 euros por prescripción.
Para rentas superiores de 100.000 euros el borrador no establece un límite a pagar al mes ni un porcentaje a pagar. El Real Decreto, actualmente en vigor, establece que tendrán que pagar hasta un 60% del precio de oferta del producto los usuarios, sin especificar el límite máximo de aportación.
Atendiendo al RD, quedarán exentos de aportación los afectados de síndrome tóxico; los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas; los parados de larga duración y los discapacitados contemplados en el sistema especial de prestaciones sociales y económicas.
El transporte no urgente será de pago
El borrador de la orden ministerial establece que las prestaciones de la “cartera común suplementaria” estarán sujetas a la aportación del usuario. El ministerio de Sanidad considera que los transportes no urgentes (del domicilio al centro sanitario y viceversa) deben ser abonados por los pacientes. Un mismo paciente tendrá que pagar la ida y la vuelta de manera independiente si no se trata de una urgencia.
La medida excluye a ciertos colectivos (personas con discapacidad que no puedan trasladarse en otros medios, los parados sin derecho a subsidio, etc.) y establece pagos por niveles de renta. Así, los pacientes con rentas entre 18.000 y 100.000 euros pagarán por los traslados que necesiten hasta un máximo de 20 euros, mientras que los que igualen o superen los 100.000 euros abonarán hasta 20 euros y los que no lleguen a los 18.000, un máximo de 10 euros.
