Junts, PP y Vox tumban los topes de precios en emergencias o catástrofes como la de Adamuz o la dana

Junts, PP y Vox han tumbado este jueves en el Congreso de los Diputados el decreto ley aprobado por el Gobierno para evitar las subidas de precios abusivas en contextos de emergencias o catástrofes como el accidente de Adamuz y la dana de Valencia, entre otras. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, impulsor de la ley, reclamó el respaldo para “poner coto” a las conductas abusivas de algunas empresas en momentos de gran necesidad para la ciudadanía. 

Con 177 votos en contra y 172 a favor, el real decreto ley ha quedado derogado, justo después de que las derechas también hayan votado en contra de mantener el escudo social y la moratoria antidesahucios. El ministro Bustinduy ha recalcado que la norma no va contra todas las empresas, ni contra las subidas de precios justificadas ante un aumento de costes, sino contra el “abuso de algunas multinacionales carroñeras” que intentan lucrarse de la gente vulnerable.

El responsable de Consumo ha sostenido que no se puede “normalizar que trayectos en VTC que cuestan 25 euros (a diario) llegaran a 90 euros el día del apagón”, por ejemplo. O que, más recientemente, tras el devastador accidente ferroviario de Adamuz volvieran a dispararse los precios de transportes alternativos, como el transporte de avión, alquiler de vehículos o viajes compartidos.

En cuanto a cómo iban a ser esos topes a las subidas de precios, de haberse aprobado, el decreto que salió de la mesa del Consejo de Ministros contemplaba que la limitación de precios en situaciones de emergencia siempre tuviese que estar acotada en el tiempo. “El correspondiente acuerdo”, que además tenía que contar con el visto bueno del Ejecutivo debía “precisar la fecha de inicio y final de la medida, los bienes o servicios afectados y la referencia aplicable para la limitación de precios de los bienes o servicios cubiertos”, según recogía el decreto que ha decaído este jueves. Además, preveía que, en esos casos de emergencia, el precio no hubiera podido ser superior “al máximo que tuvo el servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación de emergencia”.

La derecha critica al Gobierno por “intervencionista”

Las tres formaciones de derechas han tumbado la regulación, acusando al Gobierno de “intervencionismo” excesivo. Por contra, el resto de partidos habían mostrado su apoyo al decreto, para evitar los abusos en circunstancias de emergencia, aunque en algunos casos con la petición de que se tramitara como un proyecto de ley, para poder incorporar posibles mejoras.

Con un discurso muy crítico, el PP ha rechazado el decreto por “intervencionista”, parcial y dirigido solo a topar los precios y no contener otras medidas de ayuda a las empresas, ha afirmado la diputada 'popular' María Pilar Alía Aguado. La parlamentaria también ha sostenido que el decreto no respeta la legalidad europea.

La extrema derecha de Vox ha pedido un turno extra incluso para criticar el decreto, negando las conductas abusivas de las empresas y criticando al Gobierno por su intervencionismo.

Junts recuerda que el Ejecutivo no tiene sus votos

Por su parte, Junts ha justificado su negativa al decreto ley por varios motivos. El diputado catalán Josep Maria Cruset Domènech ha justificado su oposición porque la ley delega “sin límite la capacidad de intervenir en el mercado” al Gobierno, ha denunciado, en lugar de abordarse algún mecanismo de control de precios en un proyecto de ley que tramite el Congreso de los Diputados. 

En cualquier caso, el parlamentario de Junts ha sido muy crítico con el Gobierno de coalición, al que ha acusado de “populismo de izquierdas” y de un intervencionismo “más propio de Venezuela que de países europeos” y al que le ha recordado que “no tiene mayoría parlamentaria” y tampoco sus votos garantizados. 

Josep Maria Cruset Domènech ha criticado además “los precedentes de discrecionalidad de cómo actúa este Gobierno”, así como los “incumplimientos sistemáticos de acuerdos políticos”.  

Bustinduy: “Cada abuso llevará su nombre y apellido”

Poco antes de la votación, tras las argumentaciones de los grupos políticos, el ministro Bustinduy ha lamentado que, si vuelve a producirse una emergencia y vuelve a haber subidas de precios desproporcionadas de servicios esenciales, “cada uno de esos abusos llevará la firma, el nombre y el apellido, de quienes hoy voten en contra”, ha advertido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Por contra, el resto de formaciones parlamentarias habían apoyado las medidas contenidas en el real decreto, para hacer frente a las conductas abusivas que, aunque minoritarias, se han registrado en las mencionadas catástrofes y emergencias vividas en España en los últimos tiempos.

Las formaciones del Gobierno, PSOE y Sumar, han reivindicado la necesidad de acordar estos límites por la extrema vulnerabilidad de las personas afectadas por estas crisis, que además acentúan las desigualdades entre los afectados.

También han defendido la necesidad de evitar estos abusos por parte de PNV y BNG, y algunos partidos como Podemos y ERC respaldaron las medidas, aunque consideraban que también deberían limitarse precios ante otros problemas, como el aumento del precio de la vivienda.

“No son patriotas, son unos vendepatrias”

Tras la votación, el ministro de Consumo ha reconocido que el resultado “sorprendente no es”. “La derecha del PP y la ultraderecha han hecho bloque, una vez más, contra los intereses de la ciudadanía española”, ha asegurado Bustinduy en declaraciones a los medios.

“Hoy han votado para echar a la calle a las familias más vulnerables sin que tengan una alternativa habitacional”, en referencia al escudo social y la protección contra los desahucios y contra los “precios abusivos en situaciones de emergencia, que hemos visto en los incendios, en Grazalema, en Adamuz, donde multinacionales extranjeras aprovechan para multiplicar por cuatro y por cinco el precio de servicios esenciales como los billetes de avión para que los paguen los ricos y la gente que no puede pagarlos se busque la vida”, ha indicado, al igual que ha hecho durante su intervención en la Cámara Baja. “Ojalá no haya más situaciones así en España, pero la próxima vez que haya una emergencia y haya multinacionales extranjeras que aprovechen la necesidad y la vulnerabilidad para intentar lucrarse sin límite ninguno y con total impunidad, que le den las gracias al PP y Vox. Es una vergüenza, pero demuestra que sirven a los poderosos, no al interés de España, ni al interés de la clase trabajadora”.

Y respecto a qué va a pasar ahora, Bustinduy ha asegurado que “el Gobierno y yo no vamos a parar de trabajar para defender todo lo contrario, el interés general e impedir que los consumidores en España estén indefensos ante abusos flagrantes como los que se han cometido en los incendios y en las inundaciones”.

“Que lo vayan a explicar ahora a Castilla y León, con las elecciones, que van a ir todos a hacer campaña, que digan que no podemos controlar los precios para evitar abusos, que vayan a Sevilla, Grazalema o Málaga donde la gente ha visto que, para poder ir a su lugar de trabajo o reunirse con su familia, han tenido que pagar 10 veces el precio que tenía un medio de transporte”, ha recalcado. “A la gente que le han subido el precio es de izquierdas, de derechas, de centro, de todas las ideologías, esto es de interés general. Anteponen su agenda y su interés privado al de España. No son patriotas, son unos vendepatrias y hoy lo han demostrado una vez más”, ha resumido el responsable de Consumo.