El precio del suelo urbano se encarece un 15,3% y marca su récord en 15 años
El precio del suelo urbano se encareció un 15,3% en el segundo trimestre del año hasta alcanzar los 207,8 euros/m2, el importe más elevado que se registra desde 2011, hace quince años, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En concreto, hay que remontarse al segundo trimestre de 2011, cuando llegó a 213,9 euros/m2, para encontrar un precio más alto. Además, si se compara con el trimestre anterior, el primero de 2026, el precio del suelo urbano ha subido un 10,6% en tasa intermensual.
Con este nuevo incremento, el precio del suelo urbano se ha encarecido de media un 12% en el conjunto del semestre.
Desde 2004, cuando comienza la serie histórica de esta estadística, el precio medio más alto se registró en el tercer trimestre de 2007, al calor de la burbuja inmobiliaria, con 285 euros/m2. Esta cifra arroja una diferencia de solo 77 euros por m2 con respecto a los valores actuales.
En un trimestre, el valor más bajo se dio en los tres primeros meses de 2021, cuando aún persistía la covid 19, con 136,4 euros/m2.
Por comunidades autónomas, en el segundo trimestre del año el precio de suelo subió en todas salvo en Castilla y León (-2,9%). Los incrementos más acusados se dieron en Navarra (133,5%); País Vasco (59,7%) y Galicia (51,9%). Los precios más elevados se registraron en Baleares (567,6 euros/m2), en Madrid (420,6 euros/m2), en País Vasco (397,3 euros/m2) y en Canarias (327,7 euros/m2).
Entre abril y junio, se formalizaron además 7.879 compraventas de suelo urbano, el 6% más que un año antes.
Según los últimos datos disponibles, se transmitieron 10.222.000 m2, el 15,2% más que en el ejercicio previo.
La falta de suelo disponible es una de las dificultades que afronta el sector inmobiliario para desarrollar nueva vivienda y muchas voces en el sector piden el cambio de uso de algunos suelos terciarios a residencial.
Además, sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley del Suelo para dar mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos.