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Cuando se sitúa la pensión como privilegio y se ignora la riqueza: así se gestan los recortes a los jubilados

Laura Olías

21 de noviembre de 2026 22:10 h

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Conocer qué van a hacer el PP y Vox con las pensiones parece un misterio. O no tanto. Antes de que arrancara la campaña electoral, ambos partidos afirmaron que el sistema público va –o está– quebrado. Después, ante las críticas, trataron de rectificar y están intentando no desvelar qué plantean para la jubilación. Mientras, en su entorno cada vez ganan más fuerza los discursos que cuestionan la “sostenibilidad” del sistema público, así como el supuesto perjuicio de las pensiones para los jóvenes. Un relato que sitúa a los jubilados como privilegiados y que, en general, ignora la principal fuente de desigualdad: la acumulación de riqueza.

Los mensajes sobre pensiones de los dos partidos de derechas se pueden reunir en dos grandes frentes. El primero es el de la “insostenibilidad” del sistema público: esto no se puede pagar, por lo tanto, algo hay que hacer. Y ese “algo” siempre se sitúa desde el lado de reducir costes, no del incremento de los ingresos. El segundo marco de la derecha, cada vez más frecuente, trata de extender la idea de unas pensiones demasiado generosas, de un privilegio en la protección social de los jubilados, y suele enfrentar esta imagen a la precariedad de los jóvenes.

Sin embargo, algunas voces están tumbando estos marcos conceptuales y señalando que hay alternativas. Los recortes son una opción política y económica, ya los aplicó el PP en 2013 (y los tuvo que revertir en parte), pero no son la única posibilidad. Mirando bastante más arriba, a los grandes patrimonios y la acumulación de riqueza por parte del capital, por ejemplo, hay otras vías de refuerzo de las finanzas públicas que nunca se ponen sobre la mesa.

Un reto con alternativas, no el colapso

Aunque lo digan PP y Vox, el sistema de pensiones no está a punto de colapsar o quebrar. Aunque existe un reto de financiación del sistema para la jubilación del baby boom –muy numerosa frente a las generaciones posteriores–, se llevan años aprobando reformas para afrontarlo y hay una pactada con Bruselas que incluyó incluso una revisión trianual del sistema por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de la que ya se han superado dos exámenes sin necesidad de aprobar medidas adicionales. En 2025 y otro este mismo año, en 2026.

Mientras, ante el contexto de bonanza y máximos de empleo, con la mejor ratio de cotizante sobre pensionistas desde el boom inmobiliario gracias al tirón del empleo extranjero, se está volviendo a aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada “hucha de las pensiones”. Y se reducen jubilaciones anticipadas voluntarias, mientras crecen las demoradas, gracias a incentivos.

El reto de la financiación de las pensiones se sitúa en unos tres puntos del PIB, desde el gasto actual del 13% en pensiones a alrededor de un 16% en el momento de mayor tensión del sistema, en 2050. Una cantidad que ya invierte Italia, por ejemplo. Las previsiones de la Seguridad Social son algo más optimistas, con un aumento al 15%. Después, el gasto volverá a reducirse.

“Tener que subir dos o tres puntos porcentuales del Producto Interior Bruto de aquí a 20 años es una cosa totalmente asumible. Es verdad que es un reto, que tiene un coste de oportunidad, pero es totalmente asumible. El caso es cómo se paga eso”, sostiene Mónica Martínez Bravo, profesora de Economía en CEMFI, galardonada hace unos años como una de las mejores economistas españolas y exconsellera de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya.

“El debate que tenemos es si debiera incrementar su peso en las próximas décadas al entorno del 15% del PIB o no. Y en una sociedad cada vez más longeva parece lógico que así sea. Pero, además, podemos cerrar la brecha fiscal que tenemos con relación a Europa para fortalecer nuestro sistema de bienestar”, explica por su parte Nacho Álvarez, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid y exsecretario de Estado de Derechos Sociales en el Gobierno de coalición progresista.

Álvarez explica que acortar esta diferencia de ingresos es posible. “Hace ocho años, teníamos ocho puntos de brecha fiscal –ingresos públicos con relación al PIB– con la media de la UE. En los últimos seis años hemos cerrado cuatro puntos. Podemos cerrar otros cuatro y se podría financiar las pensiones en próximas décadas y otras necesidades, como la lucha contra la pobreza infantil”, sostiene el economista.

Olga Cantó, catedrática de Economía por la Universidad de Alcalá de Henares y una de las autoras participantes en el Libro Blanco para la reforma fiscal, destaca el “gran margen” que tiene España para aumentar sus ingresos públicos de quienes más tienen: impuestos sobre patrimonio, los más ricos, así como sobre las rentas del capital. Por ejemplo, menciona extender un tipo del 3,5% a patrimonios a partir de los 10 millones de euros (como desarrolla en este estudio) y acabar con muchos “agujeros” que hoy tiene el Impuesto de Sociedades en España.

“Claro que se puede. Aquí está la lucha. Hay muchísimo margen porque si algo ha podido generar el capitalismo es riqueza, pero lo está concentrando a lo bestia”, apunta la catedrática, que recuerda “por qué interesan tanto las pensiones” a ciertos grupos económicos: “Porque son un capital impresionante, donde puede morder el sector privado, como en la sanidad y en la educación”. 

Un relato distorsionado del privilegio contra el jubilado

Con voces cada vez más relevantes sobre que es posible financiar el sistema, el segundo relato que está ganando fuerza es el del supuesto privilegio de los pensionistas. Ester Muñoz afirmó que “los boomers ya no tienen pensiones mínimas, tienen máximas”, un discurso que convierte a una minoría de jubilados en el estereotipo de toda una generación de “acaudalados”, como los señalaba un reciente artículo de Financial Times, que no es real.

“El 50% de las personas que reciben una pensión es una pensión por debajo de los 1.050 euros al mes en 14 pagas. O sea, que la inmensa mayoría son pensiones bajitas”, recuerda Mónica Martínez Bravo. La máxima está situada en 3.360 euros brutos al mes.

Así, se cuestiona sobre todo que las pensiones máximas –y no solo– se revaloricen anualmente según la inflación, al considerar que ya están en una situación privilegiada y enfrentarlas además con los salarios bajos, especialmente de los jóvenes. Estos relatos cuestionan que se está “transfiriendo” renta de jóvenes pobres a jubilados ricos, una visión simplista que adolece de varias incongruencias.

La primera, que se cuestiona el privilegio de una pensión elevada, ignorando la riqueza de las personas. “No es lo mismo cobrar la pensión máxima y tener solo ese ingreso y una persona a cargo, que una pensión máxima y varios pisos”, pone como ejemplo Olga Cantó. Estos discursos piden recortar la pensión, pero nunca recaudar más de esos hogares ricos, sean de pensionistas o de trabajadores.

“Tampoco todos los jóvenes son iguales. Hay personas por debajo del umbral de la pobreza y otras que viven bien y en hogares donde va a haber una enorme transferencia de riqueza en las próximas décadas. El criterio de redistribución no debe ser generacional, sino de renta y de riqueza”, subraya Nacho Álvarez, en coincidencia con Cantó.

La segunda incoherencia es que supone atacar las bases mismas del sistema público de pensiones en España, que es solidario y de reparto, pero también contributivo. Si se cotiza más, se recibe más, aunque hay un límite máximo. Dejar de revalorizar las pensiones máximas supone reducirlas a futuro frente al coste de la vida. “Desincentivas que la gente contribuya al sistema, degradando a quienes dedican su vida al trabajo frente a otras situaciones, como la acumulación de rentas”, subraya Cantó.  

Y, aunque algunas personas –también de izquierdas– puedan no ver con malos ojos la reducción de servicios públicos a personas con más renta, la catedrática señala que suele ser una trampa que se lleva a los servicios públicos por delante.

“Si tú a estas personas con más renta les quitas o empeoras el servicio público, el servicio público se degrada. Por ejemplo, si los ricos no van a la sanidad pública, que se hace en algunas Comunidades, lo que vas a tener una sanidad pública cada vez peor. Eso ya ha pasado, en América Latina por ejemplo con la educación”. Si segregamos la sociedad, y los ricos salen de lo público a lo privado, “los servicios públicos de los pobres son malos servicios públicos”, resume Cantó.

Un “coste de oportunidad” a menudo tramposo

En este marco de exceso de generosidad del sistema público de pensiones, se propaga el “coste de oportunidad” de las pensiones: todo lo que no se hace por pagar esas prestaciones. Se enfrentan las pensiones a todo tipo de gastos, desde la educación, la sanidad o las infraestructuras ferroviarias, con motivo del accidente de Urda.

Aunque los recursos públicos no son ilimitados y hay que analizar a qué se dedican las cuentas públicas, Mónica Martínez Bravo advierte de que estas contraposiciones son a menudo “injustas”. “El sistema de pensiones no es una cuestión opcional, de si me gasto más o menos en infraestructuras. Es una obligación, un compromiso establecido en la Constitución de que se va a sustentar en la etapa de la tercera edad los ingresos de estas personas”, precisa la economista.

Estos discursos parten también de una suposición que no siempre se cumple, como apunta aquí Ángel Talavera, economista jefe de la consultora Oxford Economics en Europa. Reducir el coste en las pensiones puede no llevar a un mayor gasto en ayudas o políticas para niños o jóvenes, y por el camino has deteriorado la política más redistributiva y reductora de la desigualdad de renta en España, recuerda Nacho Álvarez.

Recortar las pensiones o dejar las públicas en mínimos y depender del ahorro de una pensión privada –como abre la puerta Vox– también tendría un coste, que nunca se reconoce, destacan los sindicatos mayoritarios. Un aumento de la desigualdad y la pobreza de quienes menos tienen, advierte en este entrevista Unai Sordo, líder de CCOO. Y las pensiones también son un motor de crecimiento económico, como garantía de renta de un colectivo cada vez más relevante de población.

Además, aunque a los jóvenes les vendan las virtudes de pagar menos cotizaciones sociales ahora para pensiones, ellos serían los principales afectados de esos recortes en sus pensiones futuras, como ocurría con el derogado factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013. “Es un argumento bastante engañoso”, advierte la economista Martínez Bravo.