Vivimos más, pero ¿podemos trabajar más?

Según los datos de Eurostat difundidos hace unos días, la carrera laboral de los españoles sigue alargándose. Un trabajador promedio que comience ahora a trabajar seguirá haciéndolo durante 36,8 años, una cifra casi dos años superior a la de quien comenzó hace una década. Hay varias razones que lo explican, pero una de las más relevantes es la reforma de las pensiones de 2011 que elevó la edad de jubilación a los 67 años. Aquella reforma, que se aplica gradualmente hasta 2027, obliga a los españoles a trabajar durante más tiempo de su vida para, según se argumentó cuando se aprobó, mejorar la sostenibilidad de las pensiones.

Hace menos de un mes, el gobierno conservador de Alemania propuso que sus ciudadanos se jubilen a los 70 años, una cifra que teóricamente está vinculada al incremento de la esperanza de vida. La idea es que, ya que vivimos durante más tiempo gracias a los avances médicos y sociales, también “debemos” trabajar durante más tiempo; y, de paso, así evitamos gastar tanto en pensiones. Ese argumento es también el que se usó para la reforma española, y está presente siempre en los debates sobre “generosidad de las pensiones”. De hecho, también lo usó el think-tank Círculo de Empresarios cuando en 2023 propuso elevar la edad de jubilación hasta los 72 años y, aunque sin cuantificar, es habitual leerlo en los informes del Banco de España, CEOE o de instituciones privadas como FEDEA.

Pero todo este razonamiento, que sirve para justificar un ahorro económico del sistema, descansa sobre una premisa que rara vez se cuestiona, a saber, que los años adicionales de vida son también años adicionales de buena salud. Y esa premisa es, como veremos en este análisis, discutible.

Hay que partir de que si se repite tanto es porque es un argumento que contiene elementos de verdad. Como se puede ver en el gráfico siguiente, la esperanza de vida al nacer en España se ha multiplicado a lo largo del último siglo y medio, pasando de los 30 años a finales del siglo XIX hasta superar los 80 años en la actualidad. Su crecimiento sigue produciéndose de manera estable, si bien salpicado por fenómenos como la pandemia del COVID. Pero no cabe duda de que vivimos durante más tiempo, y que ello es consecuencia de múltiples factores propios del desarrollo económico y social: atención médica, reducción de los riesgos laborales, patrones nutricionales, tecnología en general, etc.

En todo caso, que en el siglo XIX el indicador de esperanza de vida al nacer registrara una cifra como 30 años no significa que la gente muriera generalmente en torno a esa edad. Lo que ocurre es que las altas tasas de mortalidad registradas en la época tiraban hacia abajo el indicador de esperanza de vida al nacer; del mismo modo que la reducción de esas mismas tasas de mortalidad ha elevado automáticamente la esperanza de vida desde entonces. Por eso cuando hablamos de pensiones tenemos que centrarnos más adecuadamente en un indicador distinto: la esperanza de vida a los 65 años, es decir, los años promedio que restan a alguien que tiene 65 años.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la esperanza de vida a los 65 años ha crecido también durante las últimas décadas. Actualmente, un ciudadano de 65 años tiende a vivir en promedio casi 22 años más, siendo esa cifra superior para las mujeres que para los hombres. Como se trata de años que los jubilados están cobrando una pensión, este alargamiento de la vida supone una presión adicional para el sistema de pensiones; la lógica se entiende bien si suponemos que todos los trabajadores se mueren a los 65 años, pues en ese caso no habría ningún gasto en pensiones de jubilación y el sistema sería plenamente sostenible (incluso innecesario).

Estos son los datos en los que se apoyan los argumentos para elevar la edad legal de jubilación, atendiendo al criterio económico antes expresado, es decir, buscando la finalidad del ahorro en pensiones. Ahora bien, toca hacerse la pregunta clave: ¿qué características tienen esos años ganados —en promedio— de vida?

Resulta que vivir más años no implica necesariamente vivir mejor en términos de salud. La extensión de una vida biológica no conlleva de manera automática que las enfermedades y las discapacidades no nos sigan abordando como siempre. La segunda ley de la termodinámica es un hueso duro de roer, y nuestros cuerpos necesariamente envejecen y se desgastan, y finalmente fallan sin que podamos evitarlo. En suma, no es lo mismo vivir 20 años más en aproximadamente las mismas condiciones físicas que teníamos con sesenta años, que hacerlo en condiciones de alta morbilidad, es decir, con enfermedades que lastran nuestra capacidad de disfrute pleno de la vida. Los años de esperanza de vida saludable serán, por definición, inferiores a los años de esperanza de vida biológica; en el siguiente gráfico vemos la comparación usando datos de Eurostat.

Los años de esperanza de vida saludable han crecido menos y de forma mucho más errática que la esperanza de vida biológica. El dato del último año hay que tomarlo con cautela y observar la tendencia general, ya que es un indicador procedente de encuestas —con rupturas metodológicas incluidas— que oscila año a año entre los nueve y los doce y medio, sin una tendencia clara y sostenida al alza, mientras la esperanza de vida a los 65 ha subido de forma sostenida. En todo caso, queda claro que una parte muy considerable de la longevidad ganada tras la jubilación no se disfruta en plenitud, sino con enfermedades y limitaciones.

De hecho, si acudimos a otra fuente como la Organización Mundial de la Salud, que utiliza otra metodología —además, calculada a partir de 60 años—, esta conclusión se refuerza. Según estos datos, durante los últimos veinte años la esperanza de vida biológica ha crecido más que la esperanza de vida saludable: alargamos la vida, pero no tanto la que se disfruta en mejores condiciones.

En general, podemos concluir que el avance tecnológico y social de las últimas décadas no ha permitido retrasar el desgaste al mismo ritmo al que alarga la vida. Volviendo a los datos de Eurostat, de los aproximadamente 22 años que de media restan a los 65, alrededor de la mitad se viven con alguna limitación física relevante: según el año de la encuesta, la esperanza de vida saludable a esa edad se mueve entre los nueve y los doce años. En el mejor de los casos, poco más de la mitad de la jubilación transcurre en buena salud; en muchos años, menos de la mitad. Y se trata de un promedio, ya que la situación es sensiblemente peor para aquellos trabajadores que hayan desempeñado durante su vida laboral tareas físicamente intensivas, puesto que allí los años que restan en condiciones de salud son muy inferiores.

La reforma de las pensiones de 2011 agravó este problema, porque al aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años extrajo dos años de buena salud. Como dictan las leyes de la biología, los años más tardíos son aquellos en los que el cuerpo expresa más envejecimiento y enfermedades, de manera que mantener al trabajador en activo durante algunos años más significa recortarle años de jubilación sana. Es decir, dejando una proporción mayor de años de jubilación con enfermedades y dificultades. Una lógica que es peor según se aumente más años la edad legal de jubilación: mala para los españoles (67 años), peor para los alemanes de un futuro inmediato (70 años) y mucho peor para los trabajadores de la distopía empresarial del Círculo de Empresarios (72 años).

Lo que este análisis realza es que no estamos ante un mero problema contable sobre el que haya que incidir para ahorrar más cantidad de euros. Esos son los árboles que nos impiden ver el bosque. Se trata de algo mucho más profundo que tiene que ver con la manera en la que destinamos los recursos de una comunidad para el cuidado de nuestros mayores, que son quienes han levantado la economía presente. Es un problema abordado por todas las civilizaciones y tipos de sociedades humanas. Paradójicamente, la solución economicista que se plantea en la actualidad se encuentra probablemente entre las más crueles: tender a mantener a nuestros mayores trabajando cuanto más tiempo sea posible a fin de que generen el menor gasto posible y aunque sepamos que su “descanso” no va a ser tal.

Esto obliga a preguntarnos cuál debe ser realmente el objetivo de un sistema de pensiones. Si únicamente buscamos minimizar el gasto, retrasar la jubilación parece lógico. Pero si pretendemos garantizar una etapa de descanso digno tras décadas de trabajo, el criterio cambia por completo.

Los hebreos llamaron “jubileo” a un episodio que tenía lugar cada cincuenta años y en el que, como en los años sabáticos, se dejaba descansar la tierra, que era la fuente de riqueza principal y que necesitaba recuperar nutrientes para mantener la fertilidad; también se liberaban esclavos e incluso se perdonaban deudas, como nos recordó David Graeber en su libro “Debt”. Los cristianos resignificaron aquel evento en términos de festividad, y el descanso pasó a ser gozoso. Posteriormente, la jubilación pasó a referirse al retiro del trabajo de ciertos sectores, tales como funcionarios o profesores; se trataba del justo y gozoso descanso de ese factor productivo que, como la tierra antes que él, había proporcionado la riqueza. Las conquistas del movimiento obrero hicieron extensivo y generalizable el sistema a todo el conjunto de la clase trabajadora, también para aquellos obreros industriales que morían trabajando y enfermos. Nuestro presente es heredero de ese sistema.

Pero, a medida que avanza el desmontaje del Estado social, impulsado por una lógica cada vez más productivista y mercantil, la jubilación —como tantas otras conquistas sociales— se aleja de aquel ideal de descanso merecido. Cada vez más somos tratados como recursos humanos destinados a maximizar la rentabilidad económica, y cada vez menos como personas cuya vida es necesariamente finita. Por eso el verdadero debate consiste en responder a una pregunta que va más allá de las cuentas nacionales: ¿para qué organizamos la economía y a quién debe servir? La respuesta, también aquí, no es técnica. Es política.