CSI-F reprocha la precarización del empleo público autonómico
El presidente regional de CSI-F, Benito Román, ha señalado a la Junta de Extremadura como responsable del proceso de “precarización” que registran los servicios públicos y el ámbito laboral de los funcionarios.
“Las plantillas son insuficientes, con un exceso de la carga de trabajo”, ha remarcado Román, quien ha aportado un dato “muy relevante: la temporalidad en el empleo público ha aumentado del 8 al 21 %”.
Asegura que a la Administración Pública “le interesa” la temporalidad por cuestiones económicas. “En vez de apostar por los contratos fijos, está abusando de las contrataciones de trabajo en precario”.
Según este sindicato, faltan unas 1.300 plazas en Educación y cerca de 600 en Sanidad, así como alrededor de 500 en Servicios Sociales.
A su juicio, es primordial reforzar la educación, que ofrezca coberturas de refuerzo y atienda a las zonas rurales, y también la red pública sanitaria, donde hay falta de contratación y cobertura de interinidades.
Por ello, Román ha exigido un calendario de oposiciones para “reponer las plazas que faltan”, la descongelación de la carrera profesional de los empleados públicos y el abono de la misma a los interinos, y el desarrollo de la Ley de Función Pública.
A pesar de las “bonitas fotos” tras su firma, la citada ley sigue “sin desarrollarse”, un bloqueo que también registran desde hace ocho años los concursos de traslado.
Pacto por el funcionariado
El líder extremeño de CSI-F ha instado a la Junta, a las formaciones políticas y a los agentes sociales a fijar y suscribir “un gran pacto por las Administraciones Públicas” en Extremadura con el fin de evitar que “los cambios políticos” supongan “destruir lo que los anteriores construyeron”, con independencia del color político.
Pero para ello hace falta que la Junta de Extremadura, según ha explicado, escuche a todos los agentes sociales, incluyendo a CSI-F, central sindical a la que se le está dejando fuera.
“Queremos el espacio que nos corresponde, y nos avala” el artículo 7.2, en el que se señala que aquellas organizaciones sindicales que hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, estarán legitimadas.
Para remarcar esta posición, Román ha afirmado que CSI-F cuenta con un respaldo sindical en Extremadura del 14,63%, un porcentaje que se eleva a cerca del 40 % en el ámbito de los funcionarios públicos de la Junta de Extremadura.
Asimismo, Román ha instado al jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, a cumplir su compromiso de retornar a la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos.
“Las promesas están para cumplirlas”, advierte Román, quien ha recordado que Fernández Vara abogó por la recuperación de la jornada laboral de las 35 horas antes y durante la campaña electoral de los últimos comicios autonómicos.
