La juez Alaya investiga un contrato de carreteras de 2010, y detiene a un funcionario de la Junta
Un nuevo escándalo de presuntas relaciones peligrosas entre empresarios y funcionarios, con contratos oficiales de la administración de por medio, ha traído otra vez por Extremadura a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se han presentado este martes en la Consejería de Fomento de la Junta, donde reunieron documentación, y se apoderaron de discos duros en varios ordenadores.
Las sospechas recaen en un jefe de sección del servicio de carreteras, que participó en la contratación, en mayo de 2010, de un servicio para las márgenes de las carreteras extremeñas, que se dividió en cinco lotes por un valor conjunto de 3,4 millones de euros; las pesquisas de la juez de Sevilla Mercedes Alaya (en una nueva fase de la operación Madeja) se centran sobre uno de los lotes presupuestado en 238.000 euros y que fue adjudicado a la empresa Fitonovo.
El hilo de la investigación sigue el recorrido trazado por un político sevillano detenido, que habría relacionado algunos contratos que conseguía esa empresa, con regalos a funcionarios de varias comunidades entre ellas Extremadura.
Fue la vicepresidenta de la Junta, Cristina Teniente, quien afirmó que en el curso de la redada había quedado detenido un jefe de sección de la Consejería de Fomento, un funcionario con larga trayectora en la Administración autonómica y que ocupa el mismo puesto desde hace varios años.
Politización inmediata
El Partido Popular vinculó de manera inmediata esta intervención judicial con el PSOE, para subrayar que la contratación que se investiga se produjo durante el mandato como presidente del socialista Guillermo Fernández Vara, a quien le pidió la dimisión su portavoz en el Parlamento regional, Miguel Cantero.
El portavoz socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, tuvo que replicar que el asunto está en el nivel técnico de los funcionarios, y no de los políticos, y que por encima o junto al jefe de sección investigado, y vinculados también al acto de contratación que ahora se investiga, había dos personas que actualmente son altos cargos en la Junta nombrados por el PP.
Se trata de José Luis Gil, director general en la Consejería de Agricultura, que presidía según García en 2010 aquella mesa de contratación “y de cuya honorabilidad no tengo ninguna duda”, y de Germán Puebla, director general de Cicytex, que participaba en una de las empresas que concursaban, “y del que tampoco en esa mesa de contratación tenemos la menor duda”.
