Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria vasco: “Más instituciones han recibido amenazas de la Falange”

El director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco, Alberto Alonso (de la parte del PSE-EE de la coalición que lidera Imanol Pradales) relata que han recibido amenazas del que fuera partido único de la dictadura franquista, Falange Española y de las JONS, que sigue siendo legal en España. Han llegado después del expediente por enaltecimiento abierto por una visita a Vitoria del 12 de octubre de 2025. “Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente”, indica. Añade que otras instituciones también han tenido mensajes similares. En puertas del nonagésimo aniversario del Gobierno de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil, señala también que España no tiene que pedir perdón por el bombardeo nazi de Gernika en 1937 y que no apoya el traslado del cuadro de Pablo Picasso, como han demandado sus socios del PNV.

Se cumplen 90 años de la creación del Gobierno de Euzkadi en los próximos días.

Es un aniversario significativo por muchas razones. Son 90 años de un primer marco de autogobierno, de un primer estatuto que fue el que dio legitimidad jurídica posteriormente al Gobierno. Desde la perspectiva del presente, a mí siempre me gusta decir que la memoria consiste en buscar respuestas en el pasado a preguntas del presente. Se trata de reivindicar un Gobierno de coalición donde todos los que querían aportar tuvieron su hueco. Fue un Gobierno en el que se sumaron nacionalistas, socialistas, republicanos que podríamos considerar más de centro o comunistas. Y todos ellos aportaron a un proyecto común. Son los valores y el inicio de una larga historia. Lo mejor que ha tenido Euskadi a lo largo de estos años de democracia ha venido de Gobiernos de coalición. Se trata de poner en valor una cultura y una forma de hacer que demuestra que sumar diferentes puntos de vista, formas de ver el futuro y hasta de soñar es importante. Genera una potencialidad superior al sectarismo o a cualquier otro tipo de idea tan en boga hoy en día.

Hay voces que dicen que no todas las familias políticas están recordadas y reivindicadas de igual manera entre aquéllas que participaron hace 90 años.

Nosotros en Gogora hemos hecho un estudio biográfico —este medio se ha hecho eco de ello de una forma muy interesante— donde cada uno de los miembros de ese Gobierno, no solamente los consejeros, están reconocidos. Ésa ha sido nuestra aportación. Pero es algo que está abierto. Por ejemplo, el PSE-EE también va a hacer sus propios actos de conmemoración. Quien quiera hacerlo, que lo haga.

¿Debería llevar el nombre del lehendakari José Antonio de Aguirre el aeropuerto de Loiu, como propuso EH Bildu?

No sabría posicionarme en esa pregunta. Pero igual tendríamos que ponérselo al de Vitoria, ¿no? ¿Por qué siempre hay que pensar en Bilbao?

La parte del PNV del Gobierno vasco insiste en que España tiene que pedir perdón por el bombardeo de Gernika, del que también se van a cumplir 90 años. ¿Tiene que hacerlo?

Este Gobierno de España y este Estado no tienen por qué pedir perdón por aquello que hicieron quienes precisamente querían terminar con un Estado democrático y legítimamente elegido en unas urnas. Son momentos diferentes; son Estados diferentes; son instituciones absolutamente diferentes. ¿Quién bombardeó en su momento Gernika? Fueron quienes querían terminar con todo eso. Me parece que es darle la vuelta a la historia y, quizás, con cierto interés político.

¿Se ha cerrado ya el debate sobre el traslado del cuadro Guernica de Pablo Picasso o el Gobierno vasco mantiene esta reivindicación?

Yo, desde luego, nunca lo ha reivindicado. Desconozco la situación exacta del debate. Nunca ha participado de ello y entendemos que intentar tomar decisiones más allá de los informes técnicos es una cuestión peligrosa. Te deslizas en el borde de la prevaricación. Hay unos informes técnicos y quien tenga que tomar la decisión en el Ministerio de Cultura, como cualquier otro cargo público, tendrá que asumir aquello que le dicen sus técnicos y sus funcionarios.

El Gobierno de España no tiene por qué pedir perdón por el bombardeo de Gernika

Este año se han cumplido 50 y 40 años de la desaparición de ‘Pertur’ y del asesinato de ‘Yoyes’, respectivamente. ¿Qué simbolizan ambos aniversarios?

Gogora, por lo menos en esta legislatura, intenta buscar hechos paradigmáticos que sirvan de ejemplo y que nos permitan reflexionar sobre diferentes cuestiones. En el caso de ‘Pertur’, es hablar de casos de desaparecidos en los que no ha habido ni justicia, ni verdad ni reparación. El caso de ‘Pertur’ es el caso de quienes han desaparecido y todavía no sabemos siquiera quiénes los hicieron desaparecer. Nos permite hablar de la ausencia; y esto lo hermana con miles de familias españolas que siguen buscando en las cunetas, con el dolor que genera el no saber dónde descansa esa persona. Queríamos hablar de eso, del gran peso que supone la ausencia para estas familias, también para las de ‘Naparra’ o los gallegos.

En el caso de ‘Yoyes’, lo que queríamos hablar es de la reacción ciudadana en Ordizia. Una parte nada desdeñable de Ordizia, unos cuantos cientos de personas, por primera vez firmaron una condena explícita del terrorismo. Lo hicieron con nombre, dos apellidos y número de DNI. Nos parecía que era la primera vez en la que en un pueblo daban un paso adelante. Hubo una manifestación muy importante. Y una reacción muy importante también por parte del mundo de la cultura. En la exposición veremos cartas de Ibarrola, por ejemplo. Además, cuando hemos empezado a trabajar nos hemos dado cuenta de que hay otros elementos. Hemos visto que Ordizia es uno de los pueblos con el mayor número de asesinatos y víctimas del terrorismo. Y que en este caso el silencio institucional ha sido enorme durante 40 años. Ninguna institución ha tenido la cercanía que las familias hubieran deseado. Se inaugurará el 2 de octubre, adelantándome a la pregunta.

Su consejera, María Jesús San José, no deja de recibir críticas por la gestión de la política penitenciaria hacia los presos de ETA. Entidades de víctimas como Covite están aludiendo a beneficios fraudulentos, por ejemplo.

Permítame que en esto sea un poco político. Alguien mandó la consigna de ‘el que pueda hacer, que haga’ y aquí también quien puede hacer está haciendo.

Consuelo Ordóñez, precisamente, no es sospechosa de seguir las tesis del PP…

No me refería a nombres concretos… Cuando las informaciones que da el Gobierno vasco son compartidas con diferentes asociaciones, hay veces que pasan escasos minutos antes de que estén colgadas en las redes y filtradas a los medios de comunicación. Da la impresión de que, en lugar de importarnos el informar a las víctimas, estamos más interesados en copar espacios de comunicación o de incendiar este tipo de debates. Hay muchas víctimas que no quieren saber nada de los victimarios. Hay víctimas que lo pasan muy mal con este tipo de informaciones. Hay que tener una sensibilidad especial. Y hay víctimas que nos están llamando y diciendo ‘Oye, me estoy enterando de todas estas cosas porque alguien lo filtra a la prensa’. Me da la sensación de que hemos perdido un poco la perspectiva objetiva de todo esto. Se están concediendo [progresiones de grado y permisos] más o menos en la misma media anual desde que las competencias están en el Gobierno vasco. Incluso creo que los recursos de la Fiscalía están incluso en un nivel de media inferior.

Pero hay algunas resoluciones del Tribunal Central de Instancia [Audiencia Nacional] que desmontan de alguna manera o tumban las progresiones de grado que concede el Gobierno vasco.

Es algo que no tiene que ver con Gogora, pero, en la medida en que yo lo pueda explicar, lo haré. Como hablábamos con el tema del ‘Guernica’ de Picasso, cuando los criterios técnicos están establecidos, el no aplicarlos puede ser rozar la prevaricación. Los expertos en la materia hacen los informes que validan estas cuestiones. Una vez que los jueces han podido ver que hay algún tipo de criterio que no era el correcto, lo han tumbado, como dice. Y se ha acatado y respetado la decisión del juez. Muchas veces son los mismos presos quienes vuelven a pedirlo una vez que han corregido o cumplido esa parte que exigía el juez. Y, si los informes vuelven a ser positivos, no queda más. Los presos también tienen sus derechos, su derecho a exigir aquello que consideran que les corresponde.

Este año se han hecho algunos actos con jóvenes, tanto relacionados con el tema de ETA como con el tema de la dictadura. ¿Hay un problema de falta de información en la nueva generación? ¿Se van a seguir haciendo este tipo de actos?

Creo que el problema que tenemos es la sobresaturación de información. En las redes sociales hay mucha opinión y un uso sesgado de la información. Y nos enfocamos especialmente a la juventud, pero es un problema también de otras capas de la sociedad. Parece que no tenemos herramientas críticas para enfrentarnos a esa información que nos llega, que no somos capaces de recurrir a las fuentes. Nos creemos la primera información que nos llega. Lo mejor en este caso es hablar con ejemplos. Cuando se habla del crecimiento económico durante el franquismo, ciertos opinólogos dicen que en aquel momento de desarrollo de las décadas de 1960 a 1970 España estaba en la cabeza de la OCDE. Eso es un dato aislado. Hay que decir también que entonces, por ejemplo, morían en el tajo en torno a 1.300 trabajadores al año en España. Ese crecimiento fue a cuenta de unos salarios de miseria y aquí lo conocemos bien porque todo lo que derivó en el 3 de marzo de 1976. Buena parte del reparto de ese crecimiento quedó en unas pocas manos y solamente las migas pudieron ir a quienes tenían que ir a trabajar constantemente. Con esto quiero decir que lo que nos preocupa es que se utilice solamente un trozo de la información y que no seamos capaces o no tengamos herramientas suficientes para contrastar eso que se está diciendo en las redes. Este año hicimos en el BEC un acto y el que viene lo seguiremos haciendo. Tenemos la intención también de hacer materiales didácticos que puedan servir no solamente para un día, sino para poner a disposición de los centros educativos. Esto es un tema importante. Hoy en día parece que se nos dice que vivimos en una dictadura, que estamos coartados, aunque luego enciendes la televisión y ves cómo la gente insulta libremente al presidente del Gobierno. Es muy importante explicar cómo se vivía realmente una dictadura. Uno de los primeros casos del Tribunal de Orden Público (TOP) fue porque una persona escupió una moneda.

Los presos de ETA también tienen sus derechos, su derecho a exigir aquello que consideran que les corresponde

Citaba el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Ya ha pasado el quincuagésimo aniversario y parece que la cuestión ya no urge tanto. Pero, ¿para cuándo el memorial?

Seguimos ahora mismo trabajando. Es verdad que la parte que toca ahora es la más discreta y menos aparatosa, la de menor impacto mediático. Pero también me parece que estamos en una fase muy interesante: estamos trabajando con un grupo de expertos que están nombrados por todas las asociaciones, instituciones y miembros que forman parte del patronato. Y lo estamos haciendo con mucha sinceridad, con honestidad y con un altísimo y elevadísimo grado de consenso. Estamos preparando las bases fundamentales sobre las que hay que construir posteriormente el memorial. La filosofía. Luego ya vendrá quien nos diga cómo hacerlo o qué museografía realizar o cómo escenificarlo. Solemos realizar aproximadamente una reunión al mes.

¿Y el edificio?

Seguimos trabajando con el problema estructural del edificio. En un primer momento, se quiso intervenir para solucionar lo que considerábamos que eran problemas puntuales de goteras y de tejas. Pero se descubrió que el problema era mucho más serio. Hemos tenido que trabajar en la instalación de una línea de vida como es debido. Fui director de Osalan… Estamos en ello.

¿Y el plazo para la inauguración?

No sabría decirle. El plazo más adecuado es aquel en el que se garanticen que las cosas se hagan bien. No lo sé, la verdad.

Hace ya casi un año, también en Vitoria, Falange Española y de las JONS realizó un acto con motivo de la fiesta nacional de España. Gogora expedientó a los promotores por enaltecimiento del franquismo. Se planteaba una multa de hasta 10.000 euros. ¿Cómo va ese expediente?

El expediente sigue su curso. Tiene una serie de garantías. Incluso el sancionado tiene derecho al recurso y así lo ha ejercido. Ahora mismo estamos en ese trámite. Como cualquier sanción administrativa. Otra cosa es que, posiblemente por la voluntad de tensionar y polarizar la sociedad, me gustaría decir que hemos empezado a recibir amenazas, algunas de ellas firmadas también por Falange. Se sienten tan impunes, tan envalentonados, que se creen con derecho a amenazar a funcionarios y funcionarias del Gobierno vasco firmando con nombre y apellido. No sé exactamente qué tiene esta gente en la cabeza. Han sido denunciadas, por supuesto. Hemos ido a la Ertzaintza y sólo me queda reafirmar la profesionalidad y el compromiso con los derechos humanos que tiene Gogora y todos y cada uno de los que los componemos. Nunca nos han amilanado, ni nos van a amilanar.

¿De qué tipo de amenazas hablamos?

El número total no lo sé, porque es verdad que, por pura ingenuidad, las primeras las borramos. Las ha habido más ‘clásicas’, por correo postal. Un anónimo recortando fotos. Recuerdo una muy ‘interesante’ donde aparecía la mía junto a la de [Iósif] Stalin y la de [Francisco] Largo Caballero. Manuscrita. Ya digo que al principio no les quisimos dar importancia. Pero esta última, que es de este fin de semana, ya viene directamente con nombre, dos apellidos y a nombre de la Falange. Intentando atemorizarnos. Nos dicen que nos están vigilando. Me recuerda a los viejos tiempos, a los ‘argi ibili’ de los pueblos, al ‘ten cuidado, que te estamos vigilando’. Es verdad que al principio no les dábamos importancia, pero ha llegado un momento en que también está el hartazgo de que haya gente que se sienta con la impunidad suficiente y con el valor suficiente de creer que puede amenazar abiertamente a unos funcionarios o funcionarias que están haciendo su trabajo con pura y absoluta profesionalidad.

¿Saben algo más de su origen?

No pensamos que sea una anécdota. Ha llegado a más instituciones públicas esta amenaza. Pensamos que hay que incardinarlo dentro del contexto de una sociedad absolutamente polarizada. Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente.

No sé decirle una fecha [para la inauguración del memorial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria]. El plazo más adecuado es aquel en el que se garanticen que las cosas se hagan bien

Hace unos meses, cambiando de tema, Gogora modificó su estructura y se ha creado un nuevo puesto de alto cargo, en este caso el de adjunto a la dirección. Y lo ha ocupado un dirigente del PNV. ¿Por qué se ha hecho todo esto?

Por varias razones. La primera es porque así lo contempla la ley. La ley de creación de Gogora establecía la creación de una dirección y de una dirección adjunta. Eso fue la voluntad del legislador en su momento. Desde esa perspectiva, la pregunta no es por qué se ha hecho ahora, sino por qué no se hizo en los diez años anteriores. Lo segundo es que es un compromiso directo y al más alto nivel. Tanto el lehendakari como la consejera de Justicia y Derechos Humanos así lo acordaron desde el principio de la legislatura. Vieron que era bueno generar esa dirección adjunta. Si es verdad que somos el instituto de la convivencia, entiendo que esto es un elemento que puede ser un buen ejemplo que enriquezca esa visión de la convivencia. Ya llevamos un mes y poco trabajando y ha encajado perfectamente.

¿Cuáles son las funciones de Ion Gambra?

Tal como establece el decreto, su función es asistir a la dirección. Es decir, está a disposición de la dirección en aquellos trabajos que se le asignen. Por ejemplo, la dirección adjunta se ha hecho cargo de algunas de las cuestiones relacionadas con el 90 aniversario del Gobierno vasco. Somos un equipo muy pequeño, de doce o trece personas. La verdad es que él ya es uno más sin ningún tipo de problema. Luego cada cual que vote al partido que quiera cuando llegan las elecciones.

El coste de esto es de 132.000 euros anuales.

Eso es lo que marca la ley. Tiene el rango de director porque así lo marca la ley y cobra como tal porque así lo marca la ley.