'Lawfare' y 'warfare'
‘Lawfare’ rima con ‘warfare’. Pocas veces el lenguaje ha sido tan honesto. ‘Warfare’ significa el arte de la guerra, y Clausewitz, el gran teórico de los conflictos armados, definió la guerra como la política interpretada por otros medios. Siempre, eso sí, cuando la estrategia se antepone a las tácticas y el objetivo final no se pierde en el fragor de cada escaramuza.
El ‘lawfare’ es exactamente eso: guerra política librada con togas y titulares en lugar de con tanques y trincheras. Es el uso de los tribunales como arma para conseguir lo que no se puede lograr en las urnas, con la colaboración de medios de comunicación igualmente dispuestos a hacer el trabajo sucio. No se persigue la verdad. Se persigue al adversario. Y la diferencia entre ambas cosas, aunque debería ser evidente, se ha vuelto incómodamente borrosa.
Hubo un momento en que la estrategia se anunció en voz alta, con una claridad que en otras circunstancias habría resultado escandalosa. En noviembre de 2023, José María Aznar lanzó su llamada a filas: “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva.” Una convocatoria sin uniforme, pero con destinatarios muy precisos. Isabel Díaz Ayuso se encargó de completar el organigrama: jueces, fiscales, periodistas, rectores, empresarios. Cada cual, desde su posición, cada cual aportando lo que podía al esfuerzo común. Clausewitz lo habría reconocido de inmediato: no era un comentario político, era una orden de operaciones.
La mecánica es conocida y eficaz. Primero, una filtración: un fragmento arrancado de un sumario bajo secreto, descontextualizado, entregado a una redacción afín. Después, el titular: contundente, condenatorio, escrito en presente de indicativo como si la sentencia ya existiera. Y finalmente, el silencio: cuando los hechos no se sostienen, la rectificación aparece tarde, en letra pequeña y sin la misma energía. El daño ya está hecho. La imagen ya está destruida. La absolución, si llega, llega en voz baja.
El resultado es que la política ha abandonado el lugar donde debería hacerse. El Parlamento, que tendría que ser el espacio donde se confrontan las ideas y se toman las decisiones que afectan a la vida de la gente, se ha convertido en un circo romano: un espectáculo diseñado para agitar y entretener, mientras los movimientos reales se producen en los pasillos de los juzgados. Los ciudadanos, que deberíamos ser el centro y el fin de toda política, hemos pasado a ser espectadores de un combate que no elegimos y que nos resulta ajeno.
Lo más perverso del ‘lawfare’ no es lo que hace, sino lo que consigue que creamos. Nos instala en una lógica donde todo el mundo parece sospechoso, donde la presunción de inocencia suena a ingenuidad anticuada, y donde el debate político se dirime en los tribunales en lugar de en el terreno de las ideas. Y en ese escenario, quien controla los hilos judiciales y mediáticos siempre parte con ventaja.
Clausewitz también teorizó sobre la niebla de guerra: esa confusión permanente que impide distinguir con claridad lo que está ocurriendo de verdad. El ‘lawfare’ cultiva esa niebla con esmero. La alimenta cada mañana en los quioscos y cada noche en los telediarios. Porque una ciudadanía desorientada, que ya no sabe en quién confiar ni qué es verdad, es una ciudadanía más vulnerable y más fácil de conducir.
Pero las guerras tienen consecuencias para quienes las libran, no solo para quienes las padecemos. Cada juez que hace política desde el estrado, cada periodista que convierte una filtración en condena anticipada, cada empresario que pone su influencia al servicio de la operación, contrae una deuda con la democracia que tarde o temprano habrá que saldar. No en términos de revancha, sino de responsabilidad. Las instituciones que se dejan instrumentalizar pierden algo que no se recupera fácilmente: la confianza de la ciudadanía en que están al servicio de todos, y no solo de quienes en cada momento dan la orden.
La respuesta no puede ser simétrica. No se gana esta guerra jugando en el mismo terreno. Se gana haciendo exactamente lo contrario de lo que el ‘lawfare’ persigue: devolver la política a la gente, rescatar el debate público del lodazal judicial y mediático en el que lo han hundido. La pregunta que la ciudadanía deberíamos hacernos es cuánto estamos dispuestos a perder antes de exigir que la justicia vuelva a ser justicia y la política vuelva a ser política. Porque la niebla siempre acaba por disiparse. La pregunta es si cuando eso ocurra seguiremos reconociendo lo que hay detrás.