La PAU de los ceros: un suspenso a la confianza en Euskadi
La polémica en torno al inusual número de ceros en el examen de Euskera de la PAU en Euskadi no es una simple incidencia académica. Es, ante todo, un problema de justicia, de igualdad de oportunidades y de confianza en las instituciones. Y por eso exige respuestas inmediatas, transparentes y contundentes.
Lo ocurrido este año no tiene precedentes conocidos. Decenas de alumnos —muchos de ellos con expedientes notables e incluso con acreditaciones lingüísticas como el B2 y en algunos casos el C1— han recibido calificaciones extremadamente bajas, incluidos ceros, concentrados en tribunales y aulas concretas. No hablamos de percepciones subjetivas, sino de datos objetivos que evidencian anomalías: diferencias de más de tres puntos entre la media de Bachillerato y la de Selectividad, resultados radicalmente distintos en función del tribunal calificador o situaciones pedagógicamente inexplicables.
Cuando un sistema que debe garantizar la equidad produce resultados tan dispares, la primera obligación de quienes lo gestionan es esclarecer qué ha ocurrido. Sin excusas. Sin dilaciones. Sin trasladar la responsabilidad de una institución a otra.
Porque aquí no basta con pedir “prudencia”, como ha hecho la consejera de Educación. La prudencia no puede convertirse en inacción cuando hay miles de jóvenes pendientes de su futuro. Estamos hablando de una prueba que condiciona el acceso a la universidad, el proyecto vital de toda una generación. Cada décima cuenta. Cada error pesa. Y cada día que pasa sin soluciones aumenta la incertidumbre y la frustración de estudiantes y familias.
Resulta especialmente preocupante que los propios centros educativos —con décadas de experiencia analizando resultados de la PAU— alerten de que nunca habían visto algo parecido. Y que lo hagan con argumentos técnicos y pedagógicos sólidos. También lo es que sindicatos y docentes cuestionen cambios recientes en el modelo de corrección, que podrían haber contribuido a generar estas distorsiones.
Ante esta situación, desde el Partido Popular de Bizkaia lo decimos con claridad: no estamos ante un problema menor ni ante un caso aislado. Estamos ante una posible quiebra del principio de igualdad en el acceso a la universidad. Por eso es imprescindible que se actúe con transparencia, explicando con detalle qué ha sucedido en esos tribunales —desde los criterios de corrección hasta la aplicación de penalizaciones— y despejando cualquier duda sobre el proceso. Del mismo modo, la situación exige una revisión extraordinaria, independiente y plenamente garantista de todos los exámenes afectados, realizada por un equipo distinto y con la certeza de que ningún alumno verá empeorada su nota por reclamar justicia. Y todo ello, además, debe resolverse a tiempo: los plazos de acceso a la universidad siguen corriendo y no pueden convertirse en una condena añadida para quienes ya se sienten perjudicados.
Las instituciones implicadas —Universidad del País Vasco y Departamento de Educación— no pueden escudarse en competencias compartidas para eludir responsabilidades. La ciudadanía no entiende de organigramas; exige resultados. Y con razón. La educación es uno de los pilares de nuestra sociedad. Su credibilidad depende de que los procesos de evaluación sean justos, rigurosos y fiables. Cuando esa confianza se resquebraja, se pone en cuestión todo el sistema.
Hoy, decenas de jóvenes vizcaínos y vascos sienten que su esfuerzo no ha sido reconocido. Que algo no ha funcionado como debía. Y tienen derecho a una respuesta. No se trata solo de corregir exámenes. Se trata de corregir una situación que nunca debió producirse. Porque el futuro de una generación no puede depender del aula en la que le tocó examinarse. Y porque la igualdad de oportunidades no es negociable.